EL PAÍS DEL CAREPALISMO: CHEYRE, ANDRADE, BOCAZ

Por Rafael Urriola.
PrimeraPiedra.cl

Esta semana aparecieron tres casos de connotación pública que, muy lamentablemente, están mostrando lo que realmente somos chilenas y chilenos. A ojos de un sociólogo extranjero lo que se tendría de similitud es que se actúa sobre la base de que nadie sabrá de mis actos y que, si se sabe, igual habrá manera de que la gente se olvide o que se den explicaciones suficientemente confusas como para crear un manto de dudas que, finalmente, no tiene por objeto la opinión pública porque eso poco le importa a la elite nacional.

Las argumentaciones que han entregado los violadores de derechos humanos y los políticos condenados o formalizados por delitos diversos están, sin duda, dirigidas a “los propios”, es decir a la red personal que los ha avalado, que les deben favores o tienen complicidades más íntimas. La sociedad, las víctimas o los del grupo rival poco importan.

El general Cheyre, acusado de complicidad en el asesinato de 15 personas en 1973 durante el paso de la siniestra Caravana que encabezó el general Arellan o Stark, fue finalmente encarcelado – claro que en un cuartel en que se considerará con toda fineza su
investidura – por su participación en los hechos. Hay quienes dicen que el entonces subteniente Juan Emilio Cheyre era un imberbe joven de alrededor de 20 años y es cierto; que si hubiese hablado podría haber sido asesinado por su pares y también es cierto. Pero él no está preso ni siquiera por eso, sino porque han pasado 43 años y JAMAS colaboró contando la verdad de ese importante episodio de violación de derechos humanos pese a que – hoy puede decirse cínicamente – incluso llamó a sus congéneres a colaborar con la justicia, en circunstancias que él mismo tenía la posibilidad de aclarar el asesinato de, al menos, esas 15 personas.

Todos sus intentos de blanquear su propia imagen incursionando en la academia o incluso en asuntos electorales que, por cierto, no fueron ni son de su especialidad, han quedado en nada. La estrategia de supervivencia de Cheyre – incluso ganándose la enemistad del club pinochetista más purista – era llamar a “nunca más” refiriéndose a los atropellos de la dictadura pero que en el fondo tenía por objeto conseguir apoyos en la Concertación porque en su trasfondo intuía que había una posibilidad – cada vez menor por sus contactos con la Nueva Mayoría – de que fuese revivido su paso por el regimiento de La Serena. De hecho, en la Vicaría hace muchos años que su nombre aparece en los hechos que terminaron con la vida de 15 personas pero sus contactos y manejo político le habían permitido tene r entre sus amigos o defensores a ministros y personalidades de la Concertación.

Tuvo que ser un juez de la República que pusiese las cosas en su lugar. Las evidencias y testigos eran claros y cualquier idea de venganza o manipulación política resulta una cortina de humo en la actualidad. El juez Mario Carrozas al final hizo lo que los partidos de la Concertación prometieron y fracasaron durante años: justicia y verdad. Esto se debe a que los partidos de la Concertación y sus líderes entraron a convivir con “los sospechosos” (militares y civiles) terminando por avalar, disfrutar y profitar de un contubernio descomunal.

El diputado Andrade cuando supo que su ex esposa, de la cual está separado hace alrededor de tres años, percibía 5 millones de pesos de pensión empezó por decir que eran normales en el sistema actual. Ya eso es una bofetada, por ejemplo, a los militantes socialistas exonerados y ex GAP, que están en huelga de hambre en Plaza Brasil porque sus pensiones son inferiores a 150.000
pesos.  Ciertamente, como abogado, laboralista y ex Ministro del Trabajo, Andrade conoce la ley y argumentó que esa pensión está en el marco de la ley. Puede que así sea.

Empero, evidentemente tal suma despertó la curiosidad de 17,9 millones de chilenos que les gustaría llegar a una pensión de siquiera un cuarto o un quinto de eso. Había que tener muchos “santos en la corte” para hacerlo, por legal que fuese.

La explicación que entrega el Presidente de la Cámara es formal, busca devolver responsabilidades a la derecha por no haber limitado las pensiones en Gendarmería, sin aceptar que al final de cuentas, todo el procedimiento que llevó a la millonaria suma fue planificado con fina pulcritud porque no fue un mes cualquiera. En fin, más de alguien puede decir, y usted? Qué hubiese hecho? Claro, según las bases económicas tradicionales buscamos maximizar la utilidad pero – salvo en el marco neoliberal que hoy impera – hay restricciones éticas a esas decisiones. Estos límites no estaban – y por lo que hasta ahora se dice – siguen sin estar en el horizonte del Diputado Andrade ni de la señora Olate.

¿Es posible que Myriam Olate no haya pensado que si se sabía del valor de su pensión y de las formas en que las había conseguido se crearía un enorme problema político que salpicaría a su ex marido? Al parecer, como pasó en los últimos cien o cientos de casos que ha comentado la prensa en los dos últimos años los protagonistas han confiado esencialmente, primero, en que no se sabría y, en segundo lugar, en que es legal o puede pagarse una muy ligera multa y todo resuelto (como optó el senador UDI Jovino Novoa). Andrade no es la excepción a esta lógica argumental que lo coloca junto con la fronda de la elite chilena que ha pasado por tribunales en el último tiempo.

Hay otros que no trepidan en sacarse las fotos menos discretas para hacer que el tiempo borre las cicatrices que la vida les ha deparado. El coronel en retiro Reinel Bocaz Rocha ocupaba con gran exposición el cargo de edecán de la Cámara de Diputados.
En forma unánime la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Baja aprobó la designación de este coronel (r) como edecán de la Corporación, en reemplazo del dimitido coronel Jaime Krauss Rusque. Este último también estaba inmiscuido en violaciones a los derechos humanos.  Al parecer habría que revisar los criterios con que se nombran a tales funcionarios.

En efecto, Bocaz más que nadie sabía que estaba inmiscuido en una investigación por homicidio del prisionero político militante del MIR Óscar Delgado Marín, hecho que tuvo lugar en octubre de 1973 en el Estadio Nacional. Bocaz  – también un joven subteniente en la época – probablemente no podía denunciar estos hechos en esa época pero también tuvo 43 años para pensarlo y para, en algún momento apoyar al esclarecimiento de los hechos, lo cual jamás hizo. Por el contrario se colocó en un lugar
que, probablemente, él consideró impecable para continuar con su impunidad ya que era nada menos que el edecán del propio diputado Andrade como Presidente de la Cámara de Diputados.

The Clinic informó que tuvo que ser el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que pidió su procesamiento como autor del homicidio de este prisionero político en el Estadio Nacional en 1973. El gobierno mantuvo su irritante neutralidad y tuvo que actuar un grupo que le ha costado puestos y despidos por buscar la verdad.