El Parlamento alemán prepara una iniciativa en apoyo de las víctimas de la secta religiosa Colonia Dignidad, establecida en Chile y dirigida por un ciudadano germano, que perpetró numerosos abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet, publica hoy el diario regional “Passauer Neue Presse”.
Según el rotativo, que tuvo acceso a la propuesta de resolución parlamentaria, el Bundestag pedirá al Gobierno liderado por Angela Merkel que trabaje codo con codo con las autoridades chilenas para esclarecer las violaciones de derechos humanos perpetradas en el recinto.
Asimismo, según la publicación, el Ejecutivo germano debe adoptar todas las medidas a su alcance para promover investigaciones criminales tanto en Alemania como en Chile.
Colonia Dignidad fue un enclave alemán en territorio chileno que funcionó como centro de prisión, tortura y desaparición de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su fundador fue Paul Schäfer, un ciudadano alemán acusado de haber montado una estructura similar a la de una secta en la que se perpetraban abusos sistemáticos a menores. Schäfer cumplió condena por estos delitos y murió en la cárcel.
En el documento también se señala que el compromiso de Alemania con las víctimas contemplará la puesta a disposición de fondos para sufragar tratamientos psicológicos así como para asesoría jurídica, social y económica.
Según avanza el periódico, la iniciativa será abordada este martes por los grupos parlamentarios del Bundestag y el jueves será aprobada en pleno.
“Por fin se cerrará el capítulo más oscuro de la política exterior alemana, ante la que durante mucho se tiempo se mantuvieron los ojos cerrados”, declaró el diputado del Partido Socialdemócrata (SPD), Christian Flisek, al “Passauer Neuen Presse”.
Durante una visita oficial a Santiago de Chile en julio del pasado año, el entonces presidente federal de Alemania, Joachim Gauck, rechazó la responsabilidad legal de Alemania en los crímenes perpetrados en la secta Colonia Dignidad.
En esa ocasión, el ex jefe del Estado germano indicó que, aunque un grupo de ciudadanos germanos perpetraron crímenes en Chile, la responsabilidad del Estado chileno no podía ser transferida a Alemania.