Chile es un país cuyas autoridades políticas, policiales, judiciales, periodísticas, militares, religiosas, se han situado voluntariamente fuera de la ley.
Por Arturo Alejandro Muñoz
Columnista Granvalparaiso.cl
De manera abreviada, podemos afirmar que Fe Pública es “la confianza que manifiestan los ciudadanos en la rectitud y honradez del actuar de los funcionarios públicos”, sin restarle relevancia a que el concepto de se asocia a la función notarial de manera más directa que a cualquier otra actividad humana. De esa fe pública penden también gobernantes, parlamentarios, militares, policías, fiscales, jueces, contralores, auditores, contadores, obispos, etc..
Todo ello resulta ser una cuestión en extremo importante dentro del cuerpo jurídico e institucional de una nación, y de tal laya lo interpretan muchos notarios en cuyas medallas es posible leer la sentencia latina ““Nihil prius fide” (“Nada antes que la fe)”.
Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos, son verdaderos, determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario (notario, y en muchos casos, los policías) tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica.
Pues bien, en Chile, en los últimos años, todo lo anterior se ha venido al traste. Duele decirlo, más aún si revisando la Historia encontramos que la primera escritura registrada en nuestro país fue realizada el 12 de agosto de 1540 ante el escribano Luis de Cartagena, según lo señala el historiado Francisco Antonio Encina. Experiencia es lo que sobra, sin embargo…
Adelantado en asuntos de leyes, normas y prescripciones (y en el cumplimiento de ellas), nuestro país se diferenció tempranamente de muchos de sus vecinos latinoamericanos debido a que carecía de metales preciosos, tan buscados y amados por los conquistadores. Ello permite decir que a estos australes rumbos nunca llegaron aventureros y busca fortunas –que eran parte viva del populacho hispano-, como sí arribaron a regiones donde el oro y la plata fluían a raudales. La Corona hubo de enviar soldados y funcionarios para administrar un territorio pobre (con habitantes aguerridos y belicosos además), pero de gran relevancia dado que por el estrecho de Magallanes se colaban las naves del odiado enemigo inglés a las que había que combatir.
Entonces, nuestro amado Chile fue ordenado, dirigido, educado y amaestrado por, fundamentalmente, el ejército y la iglesia (o los funcionarios reales, que en estricto rigor eran exactamente lo mismo). De allí proviene nuestro acendrado espíritu “leguleyo”, clasista y burocrático. Claro, era lentísimo el sistema judicial, y raramente ‘justo’, pero no consideraba escapes de delincuentes por la vía del pago en efectivo de cifras aparentemente voluminosas.
Hoy sí lo hace. Es práctica habitual del Ministerio Público ofrecer “juicios abreviados” a delincuentes de cuello y corbata (políticos, empresarios, parlamentarios, etc.), de tal manera que estos quedan en libertad sin haber sufrido nada más que un breve escarnio semi público a través de las redes sociales, toda vez que la prensa oficial o ‘canalla’ guarda silencio, tapa los delitos y los nombres de quienes son, en gran medida, sus patrones o sus protegidos.
El fiscal Juan Pablo Gómez es un faraón de lo señalado. La escandalera del caso CAVAL quedó en la nada misma. No hay sanciones efectivas traducidas en prisión y/o prohibición para ejercer cualquier cargo de representación popular. Lo dicho, no hay sanciones aunque sí responsables, pero estos recibieron el apoyo del fiscal y ahora andan por allí, sueltos y orondos, dispuestos a realizar nuevos malabares ilícitos e insistir, ¡cómo no!, en ocupar cargos relevantes en la administración pública.
No sólo CAVAL mueve a la rabia, también el “caso Basura”, ya que el Ministerio Público ha ofrecido juicio abreviado a Luis Plaza, el ex alcalde de Cerro Navia, involucrado hasta el gaznate en hechos improcedentes e ilícitos según la legislación vigente.
¿Y Soquimich (SQM)? El epítome de la corrupción, ya que algunas autoridades de los últimos gobiernos y la mayoría de los parlamentarios están manchados con aportes de esa mega empresa, y en ella ocupan sillones gerenciales antiguos pinochetistas, la ley (mejor dicho, quienes la administran) no los ha tocado ni con el susurro de una hoja. Por el contrario (para seguir aumentando el nivel de ira), los delincuentes ‘perdonados’ –que continúan ejerciendo cargos públicos, redactan leyes y expolian el país- decidieron otorgarle a SQM una franquicia que desata la incredulidad nacional: 20 años de libre explotación de ese nuevo tesoro mineral chileno llamado litio.
El haber firmado tales documentos el ministerio público, parlamentarios y gobierno, ¿contribuye ello al orden público, a la tranquilidad de la sociedad y, además, otorga certeza jurídica? Obviamente, no lo hace, y por tanto es un atentado directo a la fe pública, misma que arrastran por el lodo al usarla en beneficio propio y de acuerdo a los intereses de quienes son los dueños del capital, patrones innegables de la mayoría de los dirigentes de tiendas políticas con presencia en el Parlamento. .
En lo anterior han participado no sólo los notarios o fedatarios, sino también el ministerio público, senadores, diputados, generalato de la policía y de las fuerzas armadas, consorcios de la llamada ‘prensa canalla’ (TV abierta y diarios del duopolio Emol-Copesa), altas jerarquías de algunas iglesias, y a veces los mismos gobiernos.
Así, entonces, nos encontramos gobernados por un establishment que claramente incumple con las más elementales normas jurídicas en los tres poderes del estado y en sus respectivas dependencias institucionales. Chile es, a no dudar, un país que posee autoridades que, en los hechos concretos e indesmentibles, se sitúan fuera del marco legal al decirle adiós, a la Fe Pública.
Como corolario podemos agregar que muy poco ha cambiado el país en estas materias. Hoy no tenemos a “funcionarios reales y capitanes de los ejércitos de su majestad” gobernándonos, pero sí tenemos a sus vástagos que, avanzados los siglos, replican lo que hacían sus predecesores en épocas pasadas.
Lo más decepcionante de todo este asunto es que el pueblo de hoy –que acepta calladamente el actual estado de cosas- es tan dominado, obnubilado y pusilánime como el de ese entonces.
La Historia ha pasado sobre nosotros sin hacernos mella. Triste… pero cierto.