“En Chile, al final, sólo se encarcela a la pobreza”, manifestó el fiscal Carlos Gajardo. Cuesta dudar respecto a que las intenciones de este gobierno apuntan a dar luz verde -y ropaje de ‘legalidad’- a la corrupción en las altas esferas y a la impunidad absoluta de quienes participan en ella.
Por Arturo Alejandro Muñoz
Columnista Granvalparaiso.cl
A las ocho de la mañana del día 15 de julio del año 1789, el duque de Rochefucauld-Llancourt despertó al monarca francés Luis XVI para informarle que la cárcel y arsenal parisinos llamado La Bastilla había caído en manos de la turba. El monarca –que poco barruntaba de asuntos sociales y políticos-preguntó si se trataba de una rebelión, a lo que el duque respondió: “no señor, no es una rebelión… es una revolución”.
Lo relatado difícilmente puede suceder en nuestro país, no sólo porque aquí no hay reyes, sino porque tampoco hay “turba” que se anime siquiera a detener la rutina nacional luchando por sus derechos. No obstante, sí hay polvorín, mecha y fósforo. Las cofradías políticas se encuentran tan ensoberbecidas de sus privilegios y de su poder, que aún no pispan el peligroso estado de situación que han venido modelando desde comienzos de la inefable ‘transición a la democracia’.
Terminada la dictadura, una “política de los acuerdos” refrendó muchos de los asuntos que el totalitarismo cívico-militar había instalado. La nueva coalición gobernante de esa época, la Concertación de Partidos por la Democracia, prometió una fiesta democrática a todo dar, pero sólo entregó pirotecnia de fuegos de artificio.
La mayoría de las leyes evacuadas por las últimas siete administraciones atentan contra el bienestar e interés de diecisiete millones de personas, así como contra el debido resguardo de nuestra delicada realidad medioambiental, ya que la legislación apunta preferentemente a perpetuar los privilegios de los grupos económicos que ofician de patrones de la casta política y de las autoridades principales.
Ejemplos de lo dicho sobran en número y espantan por su inmoralidad. Tantos son, que podríamos destinar varios artículos para completar el listado; por ello, en beneficio de las exigencias naturales de una nota como la presente, sólo revisaremos aquellos que han arribado recientemente para alimentar la hoguera de la ira.
Vea usted; junto con la inadmisible ‘Ley de Pesca” (que no ha cambiado un ápice en lo fundamental desde el día que fue promulgada, pese a los discursos en contrario voceados por este gobierno y sus asesores), se produce ahora un intento serio de privatización y venta del borde costero, el cual está constituido por una franja de 80 metros entre la línea más alta de la marea y tierra adentro. Hasta hoy, él ha sido administrado por el Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR, dependiente de la Armada). Este borde costero, un bien nacional de uso público (por tanto, propiedad de todos los chilenos), se extiende por 83.400 kilómetros lineales y contempla una superficie total de 6,5 millones de hectáreas.
El año 2012, en su primera administración, Piñera lo entregó al Ministerio de Bienes Nacionales, el cual hoy día ha manifestado tener un plan de licitaciones de bienes fiscales que fue presentado como un “aporte al desarrollo de Chile”. En concreto, este plan consiste, ni más ni menos, en la venta del 27% del territorio fiscal continental, yaunque fue catalogado como un régimen de “concesiones”, el mismo plan desmiente aquello puesto que un 96% de esas propiedades fiscales estará a la venta.
Si ello se concreta el país se quedará sin borde costero porque, en estricto rigor (comprobado empíricamente), la gran mayoría de la sociedad chilena hoy no tiene representantes en el Legislativo que se opongan decidida y mayoritariamente a tamaña locura.
Súmese a lo anterior el nuevo CAE (Crédito con Aval del Estado) que el gobierno ha determinado como “solución” al problema de una educación basada en el lucro. De solución nada tiene, pues se trata de un impuesto del 10% que se les cuelga a los trabajadores para financiar universidades privadas. Es, en esencia, una especie de préstamo bancario que el deudor deberá cancelar en 150 cuotas, y si se atrasa en alguna de ellas irá derecho a un DICOM establecido para este tipo de deudores, con el riesgo cierto de que ellos pueden sufrir retención de la devolución de impuestos e, incluso, de sus propios sueldos. Aún más, el “nuevo” CAE permite que el empleador de un deudor sea informado del atraso en el pago de una o más cuotas por parte de la víctima.
Mientras tanto, por el lado de los poderosos, la justicia, a través de algunas fiscalías, se esmera en proteger a delincuentes de alta alcurnia política y económica a través de tinterilladas o “chamullos” leguleyos, como ha estado ocurriendo en los últimos cinco años, lo que se refrenda con la inaceptable forma de encarar el proceso del caso PENTA por parte no sólo del fiscal Manuel Guerra, sino también del propio fiscal nacional Jorge Abott, al cambiar inexplicablemente un clarísimo delito de cohecho por esa figura ambigua y obnubilada que el señor Guerra calificó como “enriquecimiento ilícito”, cuya penalidad es una especie de neblina que se disipa rápidamente. Los imputados en este caso emblemático de la corrupción y el amiguismo eran los señores Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner… dos de ellos, familiares directos del fiscal nacional y ex socios del presidente Piñera.
Y ya que mencionamos a Piñera, no se debe olvidar la inaceptable tomada de pelo efectuada al país por el primer mandatario con el envío de un proyecto para “controlar el nepotismo” en las actividades públicas, proyecto contra el ‘familisterio’ que firmaron el presidente y… su primo hermano, el ministro del interior, cuya hija, la periodista Camila Chadwick Costa, trabajó durante el primer gobierno de don Sebastián como asesora comunicacional del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, y hoy se desempeña en el cargo de jefa de gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, esposa de Allamand. Por ello (y por otros casos similares existentes en este gobierno) la mediática firma del proyecto de marras es una burla al país en la cara de todos.
Cuesta bastante dudar respecto a que las intenciones de este gobierno derechista apuntan a dar luz verde -y ropaje de inefable ‘legalidad’- a la corrupción en las altas esferas y a la impunidad absoluta de quienes participan en ella. Agreguemos también que en estos avatares han colaborado, y de muy buena gana, muchos parlamentarios del bloque supuestamente opositor al actual gobierno. Digamos mejor que esos parlamentarios y sus tiendas partidistas vienen coadyuvando y participando (amén de administrar) el amiguismo y la corruptela desde hace al menos tres lustros.
¿Y el demencial negociado de las AFP’s, de las Isapres, de las sanitarias? ¿Y la posición anti pueblo de este gobierno, refrendada por el ministro del Trabajo quien dijo muy orondo que en Chile “los trabajadores tienen demasiados beneficios”? Suman y siguen las bofetadas contra la gente, los insultos a la inteligencia de la sociedad civil y las provocaciones al país real.
Roba el grande, roba el chico; roba el paco y el milico. Eso suena cual verso desencantado en muchos sectores de la sociedad chilena que ya se ha acostumbrado a observar cómo campea la corrupción y el delito en el país.
Si los montos delinquidos por el Milicogate y el Pacogate llaman la atención, duele imaginar cuál es el guarismo en dólares, pesos o euros, embolsicados por parlamentarios que reciben ’aportes’ de mega empresas para legislar en su favor. Pero, tal como manifestó el ex fiscal Carlos Gajardo, “en Chile, al final, sólo se encarcela a la pobreza”.
El ‘polvorín’ ya está casi terminado. A los poderosos parece no importarles que alguien acerque una mecha y encienda un fósforo. Si ello ocurre, esos poderosos serán los primeros en abandonar la escena rumbo a tierras extranjeras donde han estado depositando millones de pesos en paraísos fiscales, en bancos internacionales, en empresas varias… nada les importa que en esta larga franja de tierra austral se produzca una explosión social de efectos insospechados. Además, y ellos lo tienen claro, la ‘turba’ aún sigue quieta en su domesticación… hasta ahora.