Por Alicia Gariazzo
Me duele poner este título. Nada más lejos de mi alma catalogar así a los sectores humildes que votaron por Piñera. Ellos no tienen la culpa de ignorar la realidad. Su voto es solo expresión del fracaso de los que durante toda una vida intentamos crear una sociedad en que fuéramos más felices. Ahora, los que no tienen nada, votan por la minoría que les ha quitado todo.
Los pobres en Chile carecen de información. Desde 1973 nuestro país no cuenta con fuentes de información veraces ni con medios de comunicación objetivos. La televisión con su publicidad engañosa y su llamado al consumismo febril ha llevado a las grandes mayorías a pensar que comprando y endeudándose se logra la felicidad. Piensan que si Piñera se hizo rico levantándose temprano, cuenta con las herramientas para hacer lo mismo por el país. Los economistas neoliberales culpan de la pobreza a los gobiernos de la Concertación y la NM por haber tratado mal a las empresas, amenazándolas con cobrarles impuestos, lo que ha restringido las inversiones y ha disminuido el empleo. Por tanto, que gobierne un empresario asegura el buen trato a sus iguales.
Pero los pobres que votan por la derecha desconocen el buen trato que se viene dando a los empresarios desde 1973. La prueba es que un país pequeño como Chile, con 17 millones de habitantes, tantos como los de la ciudad de Sao Paulo, cuente con diez grupos económicos entre los multimillonarios más ricos del mundo en los records de Forbes. En 2017, el Grupo Luksic estaba en el lugar 84, ganando 17 lugares en comparación con 2016 con un patrimonio de US$13.700 millones, seguido por Paulmann, luego el yernísimo Ponce Lerou, el Grupo Matte, el Presidente Sebastián Piñera, que accedió a estos records en su presidencia anterior, Saieh, Yarur y Angelini. Se han incorporado en 2017 Jean Salata, con un patrimonio de US$1.400 millones y Patricia Angelini, separada de su grupo familiar, con US$1.300 millones.
Estos empresarios aumentan a diario sus inversiones en América Latina. En Argentina se encuentran locales de Falabella y supermercados Jumbo por todas partes. Estos se llaman Disco y cobran precios más bajos que en Chile. Hasta en Centroamérica se encuentran locales comerciales chilenos. En Chile se multiplican los edificios para negocios e incluso el Costanera Center de Paulmann puede mantener una torre desocupada. Según el Diario Financiero, Angelini, Luksic y Matte, a través de sus empresas: ANTAR Chile, Quiñenco y Minera Valparaíso ganaron US$688 millones de dólares en el primer semestre de 2018, aumentando sus ganancias en un 218% en comparación con el primer semestre del 2017. Estas utilidades gigantescas fueron lideradas por el Grupo Angelini con la cifra de US$393 millones, seguido por Quiñenco con US$183 millones y por la Minera Valparaíso con US$112 millones a través de la CMPC.
Por tanto, nadie que posea una lógica elemental, podría afirmar que los empresarios chilenos han sido perseguidos durante los últimos 45 años. La Concertación terminó de privatizar lo que dejó en manos del Estado la dictadura militar. Concesionó puertos, carreteras y correos lo que no es otra cosa que una privatización renovable cada 20 años. Los empresarios chilenos son los que menos pagan impuestos según la OCDE y los que más evaden. La verdad es que no necesitan evadir. Durante los Gobiernos de Lagos y Bachelet se aprobaron un número de decretos dentro del Servicio de Impuestos Internos, entre los cuales se creó la modalidad de los “perdonazos” que inauguró Johnson’s. En una traducción simple significa que cuando una empresa tiene una deuda muy grande de impuestos, el SII le perdona la deuda para que no quiebre y “no se pierdan empleos”.
Por otra parte, las personas que creen a los medios de comunicación chilenos, ignoran que no toda inversión genera empleo. Las inversiones fuera del país o la plata metida en paraísos fiscales no crean empleo en Chile. Además, los empleos no siempre son buenos, es decir con contratos indefinidos y leyes sociales. Según la Fundación Sol, el 64,8% de los empleos creados en los últimos ocho años en el país, corresponde a personal terciario y por cuenta propia. Como no hay sindicatos y los trabajadores carecen de poder de negociación, los empresarios dan solo los empleos que les permitan aumentar sus ganancias y han instalado sus talleres en el Asia donde la mano de obra es aún más barata que en Chile. Finalmente, según la modernización que está viviendo el mundo con la industria digital, las empresas aumentan sus ganancias con tecnologías que disminuyen las fuentes de trabajo.
En efecto, gran parte de las inversiones realizadas en Chile desde fines de los 90, han disminuido el empleo. El Puerto de Valparaíso utilizaba unos 30.000 trabajadores y ahora tiene solo 1.000 trabajadores permanentes y 7.000 eventuales que se contratan por hora. La modernización de las aduanas ha significado, por ejemplo, que la Aduana de Valparaíso que ocupaba 10.000 empleados ahora solo requiera 1.200.
Esta experiencia se repite en todas las actividades del país, que fuera de la Administración Pública y Codelco, son privadas. Todas han eliminado ocupaciones, han transformado sus estructuras productivas con drones, robots y otras tecnologías digitales. Chile se destaca por esto en América Latina. Expertos señalan que en 2025 en Chile habrá 200 buses eléctricos y que los autos eléctricos costarán lo mismo que los actuales. Con el objetivo de incentivar la neutralidad tecnológica de automóviles y buses del transporte público, además de promover investigaciones, normativas e incentivos que vayan en beneficio de los vehículos eléctricos y de los consumidores, se creó la Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile (Amech), liderada por Alberto Escobar, quien también es gerente de Movilidad y Políticas Públicas del Automóvil Club de Chile. Esta organización reúne a representantes del sector público y privado, entre los que se destaca Enel, Engie, el Centro de Innovación de la Universidad Católica, Europcar, Chilquinta, Nissan, Siemens, BYD, BMW, Pro Cobre Chile y la Asociación Gremial de Generadoras de Chile, entre otros.
Por otra parte es una falacia decir que un Gobierno puede crear directamente empleo. El Estado no puede administrar empresas según la Constitución. Tampoco un Presidente de la República puede contratar funcionarios para mejorar el índice de desempleo. En primer lugar, porque cuenta con una planta fija y algunos cupos para cargos políticos y los inefables operadores. Tampoco el número de trabajadores a honorario y a contrata se puede aumentar, porque cada Presidente al asumir, ya cuenta con una Ley de Presupuesto Fiscal sancionada por el Congreso. Además, el presupuesto no puede aumentar demasiado en los tres años siguientes, porque existe un compromiso de Estado con la disciplina fiscal y el superávit estructural. Solo podría aumentar el empleo público si hubiese una profunda modernización del Estado, discutida ampliamente, que demostrara que este carece del suficiente personal para cumplir sus labores, labores que deberían estar consensuadas en el Congreso Nacional, dentro de un nuevo estilo de conducción y con un marco teórico que guiara, en forma expedita, la toma de decisiones.
El modelo económico también impide al Estado ayudar a las MIPYME con créditos blandos, subsidios y otras formas de apoyo, porque, se supone que este no debe entregar subsidios en general y menos apoyar a las actividades no viables. Por algo, el Banco del Estado pasó a llamarse Bancoestado y esta institución prefirió prestar millones a Luksic para que adquiriera el Banco Chile que ayudar de manera efectiva a las pequeñas empresas.
Cualquier grupo nuevo que quiera dirigir nuestros destinos, como el Frente Amplio, o los partidos que lo integran, debe ser capaz de explicar a los chilenos que vienen tiempos mucho peores. Que una revolución tecnológica profunda reemplazará, aún más, mano de obra por drones y robots. Que el aumento de la longevidad aumentará el número de personas sin trabajo y dependientes de la población activa que será cada vez más escasa proporcionalmente.
Esto hay que reconocerlo, analizarlo y planificar las alternativas de compensación. Con educación masiva, con propuestas viables para el uso del ocio. El Estado debe socializar la innovación y entregar becas a los jóvenes con mayores capacidades en el área.