Por Paola Tapia S.
Directora Carrera de Derecho, U. Central
Cuando nos conectamos con el sentir de la ciudadanía se advierte de inmediato el descontento con las instituciones en general: públicas, privadas, religiosas, investigadoras, solo por nombrar algunas. Esa decepción se traduce en falta de credibilidad, confianza, calidad de la representación y de legitimad de dichas entidades, así como de quienes las encabezan.
La ciudadanía está disconforme, lo reflejan las encuestas y la opinión pública y cómo esto trasciende lo subjetivo, impacta directamente en la convivencia democrática, el crecimiento económico y, en definitiva, el desarrollo de nuestro país.
La pregunta entonces es ¿en quién creemos? Una respuesta fácil es en versiones populistas, extremas y simplistas. Otra respuesta, más razonable pero aún insuficiente, es en las leyes que aumenten los controles y sanciones ejemplificadoras para la corrupción y así resguardar la probidad. Este es justamente una de las aristas del trabajo que hemos desarrollado como país desde hace más de 25 años como lo refleja la Comisión Engel, cuyas propuestas aún no han sido totalmente implementadas.
Sin duda la respuesta es más compleja, con un camino a seguir ‘menos transitado’ y, por ende, menos popular. Todos, sin distinción de sector y más aún desde lo público, debemos actuar con transparencia en nuestras decisiones y estar dispuestos a rendir cuentas cuantas veces sea necesario.
También es indispensable que la ciudadanía esté bien informada y empoderada, que las autoridades públicas estén dispuestas a escrutinios permanentes y a situar el interés general por sobre el particular como mandata la Constitución. Asimismo, es fundamental construir políticas públicas de largo plazo, con seriedad y responsabilidad social y financiera, dejando de lado la opción fácil de rápidas promesas que tienen un fin más bien electoral.
“Para que no se abuse del poder, es necesario que la naturaleza misma de las cosas le ponga límites”, señaló Montesquieu en el Espíritu de las leyes, y es en esos límites en que cada uno juega un rol con responsabilidad y compromiso, especialmente por parte de las autoridades que deben enfocar su trabajo en beneficio de los ciudadanos y someterse a la evaluación de la eficacia y ética de su gestión, sólo así es posible recuperar la credibilidad en nuestras instituciones.