Por Alicia Gariazzo
Un amigo mío dice que terminó la lucha de clases en Chile, porque el 80% de los chilenos nos definimos como clase media. Yo pienso que la lucha entre ricos y pobres solo cambió de forma y que ahora se expresa en delincuencia, odio, racismo, corrupción de las instituciones, o desprecio a los patipelaos con sueldos reguleques.
En efecto, el proletariado que nos inspiró en la lucha por una sociedad justa y sin clases ya no existe. Ese proletariado, cuya mano de obra era vital en la industria, que se sentía orgulloso de su oficio, identificado con la empresa que lo cobijaba, que amaba su maquinaria aunque no le perteneciera, por lo que, notablemente, no la destruyó el 11 de septiembre, ha sido destruido sistemáticamente. Ya tampoco existe el trabajador protegido por el Estado o por una organización sindical o política en la que pueda discutir con sus pares la mejor forma de luchar por sus derechos o cambiar el mundo.
Entonces ¿Cuál es la clase media que el Gobierno protegerá? Algunos la definen por el consumo. Sin embargo, ese consumo está muy mediatizado, por lo que coincido con los expertos que afirman que la definición debe provenir del rol que sus miembros juegan en la producción.Desde dicho concepto otros expertos sostienen que la mayoría de la clase media está conformada por el “precariado”, caracterizado por la vulnerabilidad y la desprotección.
La precarización en nuestro país comienza en 1973, cuando los trabajadores son privados de organización, seguridad, salud, previsión y protección estatal. Primero con la represión y luego con la legislación desde la misma Constitución, o las trampas jurídicas.
Los sindicatos se reprimen o dejan de ser obligatorios por ley. No hay control a los empleadores desde la Dirección del Trabajo del cumplimiento de la ley.
En el campo laboral las empresas comienzan a reemplazar los contratos de planta por subcontrataciones por períodos breves y menores salarios para agregar horas extraordinarias cuando las necesiten, librándose de las leyes que protegen a los contratos indefinidos. Un trabajador subcontratado puede ganar el 30 a 50% de lo que gana el trabajador de planta.
Usan artificios jurídicos para disminuir salarios. Por ejemplo, una misma empresa se divide en tres, cuatro, cinco o más sociedades o razones sociales, dejando el peso de la contratación de personal a alguna de estas, cuyo único requisito es carecer de capital. Muchas veces, se crea una nueva sociedad que continúe la antigua formalmente terminada. Sus activos se traspasan a la nueva, que sigue funcionando desde fojas cero, sin ningún tipo de deudas y sin trabajadores. Los trabajadores, finiquitados en su totalidad, quedan con una sociedad deudora que no tiene bienes, es decir les paga Moya.
Aumentan los contratos por obra o faena, los que se terminan sin pago de indemnización, aunque el trabajador haya hecho la faena diez años. Aumentan los trabajadores en los call centers usados para atender a los clientes y algunos son pagados por llamada realizada.
Aumenta la vulnerabilidad en la prevención de riesgos y accidentes del trabajo, tanto por los tipos de contrato como por los subterfugios patronales. Muchas empresas carecen de departamentos e instrumentos de prevención de riesgos, de reglamentos de higiene y seguridad, de comités paritarios. Existe una gran cantidad de enfermedades profesionales que no están reconocidas como tales, como el stress de los profesores o choferes de micro y otras invalidantes. Muchas empresas afiliadas a las mutuales tratan de ocultar la accidentabilidad para que no les aumenten las primas. Envían a trabajadores accidentados o enfermos al sistema de salud público para disminuir su tasa de accidentabilidad. Esto es grave en el caso de las temporeras de la agroindustria que son las más afectadas por los riesgos ambientales con una accidentabilidad superior a los promedios nacionales. En la Región VI, y en otras, abundan los casos de malformaciones congénitas en los niños por los agroquímicos que han tenido que soportar sus madres en el trabajo.
El trabajo polifuncional es prescindible, por lo tanto los trabajadores tratan de ganarse a los empleadores permaneciendo el máximo de horas en el lugar de trabajo. “Alargar horas y horas a la jornada laboral aumenta el estrés y eso pasa factura en la tensión arterial”, o “pueden aparecer otros cuadros como la depresión, el insomnio o las dolencias musculares”.
En Japón se juzga a empleadores por el “karoshi”, que significa muerte por exceso de trabajo. No de trabajadores viejos o de mediana edad, ni de los que ejecutan trabajos pesados, sino de trabajadores jóvenes, menores de 30 años que trabajan en escritorio. El Ministerio de Sanidad del Japón lo reconoció en 1987 y estima que podría llegar a causar unas 10.000 muertes anuales. Los “karoshi” se producen por derrames cerebrales y ataques cardíacos en jóvenes que hacen un excesivo número de horas extraordinarias. Dados los bajos salarios, hay trabajadores que pueden llegar a hacer más de 100 horas extraordinarias en una semana y por largos períodos. La legislación laboral japonesa lo prohíbe, pero los trabajadores la permiten. La muerte de un trabajador que ha trabajado 100 horas semanales durante tres meses ya es calificada como “karoshi” y si un juez la determina, la familia recibe unos US$20.000 del gobierno y pagos de hasta US$1,6 millones de la compañía.
La muerte por exceso de trabajo y largas horas de traslado, ya que los más pobres viven en áreas apartadas, no es solo un fenómeno japonés. En China mueren al día unas 1.600 personas por guolaosi, que es como se conoce a la muerte por exceso de trabajo en ese país.
El fenómeno se está produciendo en Chile, pero carecemos de información. Sin embargo CENDA, sostiene, basándose en estadísticas de las AFP, que no son precisamente comunistas, que la mayor parte de la población activa en Chile es vulnerable. Es decir pertenece al “precariado”.
En dichas estadísticas se ve que la gran mayoría de los cotizantes, lo hace en forma intermitente, porque su trabajo no es estable. Los únicos que tienen cotizaciones permanentes son los trabajadores estables, del Estado y mandos medios de las empresas. La clase media está conformada por casi toda la población activa, más de 10 millones de trabajadores, de los cuales 6 millones tienen empleos precarios, trabajan informalmente o están cesantes. Los afiliados a las AFP son 10.700.000 que en los tramos de 30 a 60 años de edad constituyen el 98% de la población. El 95% de ellos se define como dependiente y el 85% de ellos ha cotizado durante los últimos 5 años. El resto de los años, la gran mayoría cotiza cuando puede o cuando su trabajo lo permite, pero ello no es obligatorio y los bajos salarios les impiden generalmente cotizar.
Por tanto, en la situación actual, la “clase media protegida” está conformada por feriantes, vendedores por cuenta propia, trabajadores de aseo de casas, parques y calles, cuidadores de autos, y edificios, temporeros en la agricultura, especialmente mujeres, con bajas cotizaciones en las AFP en sus años trabajados.
El bajo porcentaje de cotizaciones implica bajas pensiones o inexistentes, lo que agrega precariedad. Más aún si consideramos que la longevidad es creciente en nuestro país y que en este en 2050 el 24% de la población tendrá más de 65 años. Compensar la precariedad con sobreendeudamiento y trabajo ilegal es solo temporal y solo llamaremos más precariedad que repercutirá y se mantendrá en las familias.
La disminución de fuentes de trabajo por la cuarta revolución industrial y el aumento de la longevidad constituyen un fenómeno mundial por lo cual en muchos países han asumido la renta básica universal y otras formas de protección a los más vulnerables. Siendo nuestro país uno de los menos protectores del mundo, donde se ha aplicado ortodoxamente el modelo neoliberal, con un Estado en franca decadencia, está de más concluir que si no nos ayudamos nosotros mismos nadie nos ayudará y por cierto el actual Gobierno no nos protegerá.
Es por eso que es imprescindible que veamos formas de organización propias por comunas, que creemos sociedades de ayuda mutua y otras formas de colaboración entre grupos. Debemos innovar, crear, prepararnos para nuevas fuentes de empleo que serán creadas y no esperar nada de este Estado mientras no se democratice.