Por Mylene Valenzuela
Docente Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central
En Chile existirían 116 conflictos medioambientales (62 de ellos activos) cuyas causas, según el Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018), se radicarían en la exploración y explotación, uso y contaminación de recursos naturales y en residuos, emisiones e inmisiones. En todos ellos hay afectación a los derechos humanos, especialmente de las personas que habitan las zonas en que se encuentran enclavados los proyectos productivos que generan estos conflictos.
El estudio realizado por la Pontificia U.Católica de Valparaíso y la Defensoría de la Niñez sobre la afectación por contaminación ambiental en niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví, viene a remecernos como sociedad. Hace patente la fragilidad de la institucionalidad estatal para responder al desafío de resguardar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, por lo que hay que adoptar medidas para prevenir la afectación, y producidos los daños, contar con mecanismos adecuados que permitan en primer lugar detener la fuente de contaminación y asegurar a la población su reparación, frenando las consecuencias presentes y futuras en su salud física y emocional.
Los niños y niñas de Quintero y Puchuncaví nos invitan a tomar conciencia que ellos y ellas son las personas más expuestas a sufrir no sólo la afectación que padecen los adultos sino que además la de sus derechos como niños, niñas y adolescentes, especialmente, la vida en toda su extensión, la salud, el desarrollo, un nivel de vida adecuado, el juego y el esparcimiento. Derechos que deben ser garantizados por el Estado, de conformidad al deber de asegurar a todo menor un Plan de Vida, considerando además que son más vulnerables que los adultos, y que los efectos de la contaminación ambiental pueden ser irreversibles y causar daños durante toda su vida.
Por otro lado, el estudio nos permite evidenciar que los niños son personas con derechos, con voz y opinión, y por tanto como lo ha expresado las Naciones Unidas, deben ser escuchados y tomados en serio, participando por ejemplo en la construcción de la política ambiental y en las acciones de protección de los daños ambientales, todo ello considerando su calidad de sujetos de derecho, de un estatuto especial reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Cuestiones a estas alturas irrebatibles.