Por Fernando Fuenzalida, director de carrera Trabajo Social, U. San Sebastián
La Ley de Presupuesto 2020 contempla una proyección de gastos para Agenda Social de US$1.272 millones (US$510 millones para pensiones; US$106 millones para salud y medicamentos; US$306 millones ingreso mínimo garantizado y US$350 millones para plan de reconstrucción).
Nuevamente el “incremento del gasto” se destacó -por parte de la élite política- como un “esfuerzo público” para que Chile alcance un equitativo nivel de desarrollo y sobre todo, para que logre satisfacer efectivamente las demandas sociales. En este marco, es absolutamente relevante para la toma de decisiones, la forma cómo se están gastando los dineros en el ámbito social, y la evaluación de desempeño de programas y políticas sociales.
Según el último informe de la Dipres que evalúa la efectividad de los programas sociales implementados en 2018, sólo dos de ellos alcanzaron “buen desempeño”, 10 programas un “desempeño medio” y 10 programas alcanzan un “desempeño bajo” o definitivamente “mal desempeño”.
Por otro lado, en julio 2019 la Dipres emanó otro informe con los resultados de la evaluación ex post de programas gubernamentales en 2019: solo uno de los 19 programas evaluados tuvo “buen desempeño”. Mientras, casi el 70% de los recursos incluidos en la evaluación clasificó “mal” o “bajo” desempeño. En definitiva, se perpetúa la tendencia: la mayoría de los programas evaluados durante los últimos años reprueba la evaluación.
Las cifras son alarmantes ya que demuestran que las constantes evaluaciones negativas de buena parte de los programas evaluados por la Dipres no tienen impactos significativos y tampoco existe claridad de las formas en las que se deberían traducir estos impactos. Además de ello, se observa que en general, hay pocas variaciones presupuestarias cuando un programa es reprobado en su evaluación y puede que continúe siendo financiado para el “logro de sus objetivos”.
Entonces, la dificultad no está en el “esfuerzo” que se realiza para aumentar el gasto social, ya que esta es una tarea necesaria, pero por sí sola insuficiente. Los datos evidencian que el grave problema de los programas sociales está en sus nefastos resultados y en el incumplimiento de resolver eficientemente las problemáticas sociales que aquejan a nuestra sociedad, y sobre todo en tener la capacidad, ahora más que nunca, de poder entregar respuestas efectivas a la ciudadanía dadas las emergentes demandas sociales.
Para avanzar en esta materia, es necesaria una urgente preocupación por la forma como se están llevando a cabo las directrices de los programas sociales en Chile. Volver a mirar (por ejemplo) la adecuación de sus objetivos, mejorar las condiciones de la oferta social, cualificar a los equipos profesionales, contextualizar sus pretensiones hacia el contexto local, favorecer la participación de los usuarios en la toma de decisiones, entre otros.
Sólo una fuerte mirada sobre la integralidad, y posteriores ajustes, en las características que complejizan la labor de un programa social, permitirán que el “esfuerzo” no sólo sea hablar de pesos más, pesos menos, sino, un real camino hacia su efectividad.