Durante mucho tiempo la institución hizo la vista gorda ante los abusos de los uniformados contra civiles y si bien se advierte un cambio de actitud todavía es insuficiente
Por Raúl Gutiérrez Valenzuela
“Carabineros no acepta ni aceptará que sus miembros participen en conductas que se alejen de la normativa vigente y de la doctrina y ética profesional; y quienes lo hagan serán rápidamente sancionados”. La prefectura de Valparaíso reaccionó tajantemente a mediados de enero ante la denuncia de que un capitán había acosado sexualmente a una subordinada durante una fiesta de cumpleaños. Como ella no cedió a sus requerimientos, el oficial la encerró con llave en una de las dependencias de la comisaría.
Gracias a las cámaras de los celulares y las redes sociales salen ahora a la luz muchos comportamientos indebidos de la fuerza policial que antes quedaban impunes.
Si fuera del horario de servicio y con traje de civil un suboficial de Carabineros asalta un almacén de barrio en el Cerro Larraín de Valparaíso o una botillería en La Pintana, seguro que lo dan de baja. Lo mismo si agarra a patadas a su pareja o si durante sus vacaciones atropella conduciendo en estado de ebriedad a un ciclista.
En ninguno de esos casos la institución alegaría que se trata de asuntos que corresponden la vida privada del acusado. Pero la excusa persiste si el policía debe más de seis meses de canon al propietario que decidió confiar en el suboficial. Ese que llegó a conocer la vivienda que aquel ofrecía en arriendo y que se ufanó de su condición de carabinero. “No podemos inmiscuirnos en conflictos privados entre particulares” sigue siendo el argumento.
El uniformado forma parte del segmento de chilenos privilegiados que han mantenido sus ingresos intactos. El contraste es mayúsculo con los centenares de miles de sus compatriotas que han perdido sus empleos o han debido resignarse a sustanciales mermas en sus ingresos a consecuencias primero de estallido social y luego de la pandemia que han asolado el país por tanto tiempo. Sin embargo, ese policía aprovecha la impunidad que le asegura la parálisis de los tribunales y la excusa con la que responderán sus superiores si la víctima intenta quejarse a la institución. ¿Y qué pasará si llega el día en que Carabineros reciba la orden judicial de proceder al lanzamiento de este funcionario y su familia?
Tal vez no sea sola propietaria de la vivienda la que se haya sumido en la desesperación ante la decisión del policía de vivir gratis a costa de la víctima. Si alguien hace un recorrido por los pequeños negocios de los alrededores comprobará que el carabinero tiene cuentas pendientes con el almacenero, el verdulero y el dueño de la botillería, a todos los cuales embaucó con el uniforme.
Para superar la crisis moral que ha erosionado tan gravemente su legitimidad, Carabineros tiene que exigir a todos sus efectivos sin excepción una conducta impecable no solo cuando visten el uniforme.