Dr. Marco Moreno Pérez
Académico Escuela de Gobierno, U.Central
En el marco del actual proceso constituyente los consejeros que redactan la propuesta de texto constitucional están buscando introducir cambios al régimen político, al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos. Todos parecen compartir el diagnóstico acerca de los problemas de nuestra actual institucionalidad política que favorecen la fragmentación impactando la gobernabilidad. Sin embargo, la dirección del cambio no genera, por ahora, consensos. En los sectores mayoritarios en el Consejo se respira una suerte de nostalgia por volver a la binomilización de la política. Los minoritarios apuestan por cambios incrementales a partir de mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad, pero sin volver al binominal.
Existe acuerdo en reconocer el impacto que la institucionalidad electoral tiene sobre el nivel de representatividad política, atendiendo fundamentalmente al sistema electoral y sus efectos sobre la gobernabilidad. Si se analizan los sistemas electorales en clave de gobernabilidad, aparecen como objetivos: la legitimidad, la estabilidad y la representación ciudadana. Como sabemos la meta del sistema binominal fue la disminución del fraccionamiento del sistema de partidos para por esta vía mejorar la gobernabilidad. El incentivo para pactar generado por el sistema binominal dio lugar a una competencia electoral «bipactista» que redujo la cantidad de partidos que entraban en el Congreso, aumentando con esto la efectividad del sistema. Esta sigue siendo, según sus partidarios, la principal virtud del sistema binominal.
A su turno las posturas críticas al sistema electoral binominal giraban en torno a que éste no constituía una respuesta satisfactoria a la tensión existente entre justicia electoral y gobernabilidad. Las críticas al sistema por falta de representatividad llevaron, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, a promulgar una reforma electoral que sustituyó el sistema binomial imperante por uno de carácter proporcional, que comenzó a implementarse desde las elecciones del 2017 hasta ahora. Como sabemos, el sistema vigente ha generado que se vea reducida la capacidad de construir grandes acuerdos, toda vez que la proporcionalidad más bien ha promovido la fragmentación política mediante el establecimiento de muchos partidos, cada uno con agendas políticas que dificultan la generación de acuerdos impactando la capacidad de gobierno y generando desincentivos para la gobernabilidad. Por otra parte, el vaso medio lleno muestra que el actual sistema proporcional corrigió las barreras de entrada que distorsionaban el principio de representación, posibilitando la llegada a la Cámara de otras fuerzas políticas.
La actual discusión sobre redistritaje en términos de reducirlos o ampliarlos se inscribe en este mar de fondo. Lo cierto es que con la población actual –de alrededor de 19 millones– y de acuerdo con una de las fórmulas para calcular el número de parlamentarios (Rein Taagepera, 1972) deberíamos tener un número mayor a los 155 que hoy conforman esa Cámara. Este dato los consejeros no los deben soslayar.
El argumento de los costos que implica un Congreso más numeroso y que en contraste uno más pequeño resultaría más barato para el Estado, es un debate popular que prende en el actual clima de crisis de representación política.
Lo cierto es que el país parece necesitar una reforma que transe algunos grados de representatividad por más estabilidad y menos fragmentación. Esta parece ser la disputa instalada el actual proceso constituyente en marcha. El redistritaje es sólo una parte del problema.