Por José Agustín Muñiz Viu
Director Escuela de Periodismo y Comunicaciones
Universidad Gabriela Mistral
Se publicó el primer informe de la Comisión Asesora Contra la Desinformación y no encontré nada alarmante, lo que valoro, pero no me atrevería a dar por superada la inquietud que produjo la creación de esta comisión.
La preocupación inicial no tiene que ver con la idoneidad de sus integrantes –todos académicos y profesionales reconocidos—sino por el origen gubernamental de la comisión: en una sociedad democrática el gobierno no debe definir qué ideas pueden circular o publicarse.
En todo lo demás, el informe es un aporte contra la desinformación, pues es claro y honesto al presentar evidencia científica disponible sobre el fenómeno en Chile y el extranjero. Aporta luces para contextualizar y dimensionar el problema de la desinformación que, en una sociedad compleja como la nuestra, no es tanto la proliferación de mentiras, sino la siembra de desconfianza entre los ciudadanos y en las instituciones.
Las grandes plataformas de redes digitales facilitan la circulación de todo tipo de contenidos (veraces o engañosos), pero también son responsables del negocio de crear entornos personalizados a nuestro alrededor, intencionados para captar nuestra atención, maximizar las respuestas emocionales fuertes y las reacciones inmediatas. Así estas empresas ganan por publicidad, crean valor en la red y generan más datos para la compañía.
El incentivo perverso de favorecer aquello que genera más reacciones y popularidad ahuyenta a las voces moderadas, las personas pierden interés en los asuntos de interés común, favorece la polarización política y facilita el surgimiento de liderazgos populistas o autoritarios. A ellos no les importa ni la verdad ni la mentira, sino captar la atención y mantenernos ocupados en algo más “entretenido y excitante”.