Manuel Cea Acevedo, director de Ingeniería en Administración de Empresas UNAB Sede Viña del Mar.
Este lunes 1° de julio se inició oficialmente el ajuste en la tarifa de la energía eléctrica en Chile, una medida que impacta directamente a los consumidores, quienes podrían ver un aumento considerable en su cuenta de luz este mes. Las autoridades, preocupadas por este incremento, buscan mitigar sus efectos, especialmente en los consumidores más vulnerables, quienes recibirán apoyo a través de subsidios. El origen de esta medida, que afecta a las familias en pleno invierno, se remonta a un congelamiento de precios fijado hace casi cinco años, junto con leyes posteriores que mantuvieron el valor del servicio eléctrico prácticamente inamovible. La situación del mercado energético internacional y una millonaria deuda estatal con las empresas generadoras han obligado a ajustar las cuentas. En noviembre de 2019, tras el estallido social del 18 de octubre de ese año, se fijó un Mecanismo de Precios Estabilizados al Cliente durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, congelando temporalmente los precios de la electricidad y revirtiendo un aumento del 9,2%. Este mecanismo permitía al Estado mantener una deuda máxima con las compañías eléctricas de 1.350 millones de dólares, con el descongelamiento del precio programado para diciembre de 2020. Sin embargo, la pandemia de COVID-19, el alza en los costos energéticos debido al crecimiento de la electromovilidad y problemas en la aplicación de la ley aumentaron la deuda estatal a 6.000 millones de dólares, haciendo insostenible el congelamiento de precios. La administración del presidente Gabriel Boric buscó alternativas para controlar la situación. En mayo de 2022, el ejecutivo presentó un proyecto para fijar un nuevo techo de deuda con las compañías eléctricas y extender el plazo de pago hasta 2032, incluyendo la propuesta de un Fondo de Estabilización de Tarifas. El Congreso Nacional aprobó una norma para regular el precio de la electricidad, lo que resultará en un aumento escalonado del precio para los hogares, alcanzando hasta un 60% para el año 2025, aplicado en tramos durante julio, octubre y enero del próximo año. El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que el incremento se aplicará según el consumo y la región del cliente. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, el grupo más grande de usuarios (G2, hasta 400 kWh) verá un aumento promedio del 36% en su cuenta de luz.
El Gobierno anunció un subsidio para contener esta alza, cuyas postulaciones comenzaron el lunes 1° de julio y se extenderán hasta el domingo 14 de julio a las 23:59 horas. Los requisitos para acceder al subsidio son pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y estar al día en el pago de la cuenta de luz. Los solicitantes deben ingresar al sitio web oficial del beneficio.
En su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central de Chile ajustó su proyección del IPC a un 4,2% al cierre de 2024, cuatro décimas más que lo estimado en marzo, destacando que el aumento de los precios de la electricidad influirá en la inflación, ya que el servicio representa un 2,2% de la canasta de consumo de los hogares. El alza en las cuentas de luz ha generado una crisis entre el Gobierno y el Congreso. El ministro Pardow, impulsor de la ley de estabilización de precios, fue criticado por representantes del oficialismo que señalaron desconocer el impacto real del alza. La Presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, exigió una solución para frenar el incremento. El Presidente Boric defendió la estabilización de los precios, argumentando que “deuda que no se paga, sale más cara después”. El debate político se ha centrado en extender y financiar el congelamiento de precios. El Frente Amplio propuso un aumento de impuestos en las energías más contaminantes. Además, el alcance del subsidio ha sido cuestionado, ya que algunos representantes señalaron que el beneficio actual dejaría fuera a varias familias que también necesitan ayuda estatal. Finalmente, el Ejecutivo ha anunciado un proyecto de ley para ampliar el subsidio al total del 40% más vulnerable, beneficiando a unos 10 millones de personas.