Por Jose Ignacio Camus
Co-Founder, Admiral Compliance
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, es crucial reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta Chile en la erradicación de este flagelo. Aunque el país cumple con los estándares mínimos para combatir este delito según informes internacionales, aún persisten brechas que requieren atención y acción inmediata.
Recientemente, un artículo publicado en un importante medio nacional demostró la gravedad de esta situación. Las autoridades desmantelaron una red de trata de personas que explotaba a inmigrantes chinos en condiciones laborales extremas. Las víctimas (25) eran engañadas con promesas de trabajos legítimos y luego forzadas a trabajar en fábricas clandestinas.
En este sentido, si bien Chile ha demostrado esfuerzos serios y sostenidos en la lucha contra la trata de personas, manteniéndose en el Nivel 1 de cumplimiento de los estándares internacionales, persisten problemas fundamentales. Sentencias indulgentes y la atención desigual a las víctimas, especialmente a hombres y a personas fuera de la Región Metropolitana, socavan los esfuerzos nacionales.
La Ley N° 20.507, que tipifica y sanciona la trata de personas, junto con la Ley N° 20.430, que regula la protección a refugiados y víctimas, refuerzan los mecanismos de prevención y sanción. Estas normativas, en conjunto con las leyes de responsabilidad penal, imponen sanciones más severas y mejoran los procesos de identificación y capacitación, asegurando que las empresas y organizaciones sean más diligentes en la prevención de delitos y la protección de las víctimas.
Para enfrentar estos desafíos de manera efectiva, es fundamental que las instituciones y empresas adopten modelos de compliance robustos. Esto incluye la creación de canales de denuncia seguros y confidenciales que permitan el anonimato y la comunicación continua con los reportantes. Además, se necesita capacitación continua para jueces, fiscales y funcionarios públicos en la aplicación de estas leyes.
Un aspecto clave en esta lucha es la coordinación interinstitucional y la participación activa de todas las partes involucradas. La colaboración entre el sector público y privado, así como la sociedad civil, es esencial para erradicar la trata de personas y proteger los derechos humanos.
En 2020, tras una serie de denuncias anónimas y una investigación exhaustiva por parte de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, se reveló que en un conocido restaurante de comida tailandesa en Santiago se explotaba a ciudadanos provenientes de dicho país y de otras naciones asiáticas. Los trabajadores eran sometidos a largas jornadas laborales sin descanso adecuado, salarios extremadamente bajos y condiciones de vida inhumanas. Algunos también fueron víctimas de explotación sexual.
Las víctimas, atraídas con promesas de empleo digno y buenas condiciones de vida, eran transportadas a Chile mediante redes de tráfico humano. Una vez en el país, sus pasaportes eran retenidos por los empleadores, dejándolos sin posibilidad de escapar o denunciar. Vivían en habitaciones hacinadas, muchas veces dentro de las instalaciones del restaurante, y eran vigilados constantemente para evitar que buscaran ayuda.
La lucha contra la trata de personas no es solo una responsabilidad del Estado, sino de todas las empresas e instituciones. La implementación efectiva de estas leyes, junto con modelos de compliance sólidos, es crucial para erradicar esta problemática y asegurar un entorno más justo y seguro para todos. Estas leyes no solo afectan a un sector específico, sino a todas las organizaciones sujetas a regulaciones en Chile, marcando un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la responsabilidad corporativa.