Por Luis Martínez
Académico escuela de Gobierno, U.Central
El veto presentado por el ejecutivo no ha logrado consenso producto de fuertes discrepancias entre la oposición y el oficialismo. Por una parte, la multa que sería el incentivo para ir a votar queda en la parte baja de la banda original en cerca de $33.000 pesos, que, en la práctica, no desincentiva a quienes no quieren participar. Además, no logra abordar el mejoramiento de condiciones para asegurar una participación electoral que profundice el sistema democrático.
Presentarlo al límite de la inscripción de candidatos a las municipales y regionales, a 90 días del proceso eleccionario, es una medida de irresponsabilidad política. La responsabilidad de gobierno es profundizar y fortalecer la democracia participativa y, en esta línea, el tiempo no ayuda.
Ahora, la discusión de integrar a los extranjeros en el proceso electoral es una discusión no creo que tenga mayor importancia, pero si la tendrá en la elección presidencial. La obligación que tendrían los “electores” para votar y no sólo los “ciudadanos” es una reflexión que no puede ser discutida ad portas de una elección (municipal y regional en este caso) y, me atrevo a señalar, a poco más de un año de la presidencial es un debate que requiere una mayor profundidad.
Dos semanas para presentar un veto fue una eternidad y le está costando caro políticamente al gobierno. Esto puede tener un horizonte peligroso, que no se apruebe el veto y, con ello, todo quede igual. Con todo el veto oficial (no el borrador con firma del presidente) no ha logrado aún mayorías para su aprobación. Estamos frente a un proceso y un veto con sabor a agua.