Por Maritza Escobar Montero, Académica Facultad de Educación, U.Central
El pasado 1 de agosto 2024 entró en vigencia la Ley 21.643, más conocida como ley Karin, quien sufrió acoso laboral por un prolongado tiempo y producto de aquello, decide quitarse la vida, dado que no tuvo acceso ni conocimiento a los canales de denuncia, protección y el apoyo psicológico necesario y adecuado para dar a conocer el acoso laboral del cual fue víctima.
A partir de este lamentable caso, el cual entrega las bases para crear esta ley, se establecen como primeras medidas la creación de protocolos y actualización de reglamentos de convivencia, para todas las empresas y órganos del Estado, de manera que se pueda prevenir actos de acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando de esta manera, la actuación frente a estos actos.
Esta ley viene también a cumplir uno de los compromisos del programa de gobierno del presidente Boric, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación, en materia de trabajo, equidad de género y el compromiso del Gobierno con el trabajo digno, libre y sin violencia, que se ratifica en el convenio 190, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta ley viene a resignificar que el maltrato y la violencia, en cualquiera de sus formas, debe ser inaceptable, sobre todo en los espacios educativos, en los cuales no podemos normalizar estas conductas, y debemos recordar que estos deben ser lugares que se configuren en entornos positivos, en los cuales se promueva el respeto, el bienestar, el crecimiento personal y profesional, así como también las prácticas laborales en ambientes solidarios, creando culturas de confianza, respeto y compañerismo.