Postulantes se confunden y propietarios se muestran desconfiados, sobre todo ante los sustanciales recortes del gasto fiscal.
Edición: Equipo GV
Reporteo: Asunción Martínez Alamos
Febrero del año 2025
– ¡Comadre, comadre, me gané “el suicidio”… “el suicidio” de arriendo!
La señora Juanita proclama la noticia a voz en cuello para que superando el ruido ambiente de la feria de los sábados, su comadre Toñita, vecina de tantos años en el Cerro Yungay, la pueda escuchar. Alude, por cierto, al “subsidio de arriendo regular”, que ella acaba de obtener tras una prolongada tramitación. Consiste en un aporte que puede llegar a 170 UF totales, distribuidas en pagos mensuales de hasta 4,2 UF (unos $170.000) durante un periodo no superior a ocho años. El favorecido queda así en condiciones de arrendar una vivienda cuyo canon no exceda de 11 UF ($450.000).
Juanita está feliz, pero también algo nerviosa. En adelante tendrá que manejar con máximo cuidado su presupuesto familiar. Lo primero es asegurar el pago de la parte del canon que no le cubre el subsidio, ya que cualquier incumplimiento le ocasionaría la pérdida del beneficio; por lo mismo, al igual que muchos postulantes lo llama coloquialmente “suicidio”.
La postulación es en verdad un proceso engorroso, aparte de que los postulantes tienen el pálpito de que se ha tornado cada vez más estricto. Así, por ejemplo, los inmuebles susceptibles de ser arrendados deben disponer de la recepción municipal, requisito que deja fuera de competencia a buena parte de potenciales interesados en ofrecer sus viviendas en arrendamiento, dada la peculiar topografía e idiosincrasia del Gran Valparaíso y sus habitantes.
EMERGENCIA: REMEDIO A MEDIAS
Con el objeto de ir en auxilio de los damnificados por el incendio que en febrero de 2024 dejó más de un centenar de muertos y alrededor de 16.000 personas sin techo, principalmente en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, el Gobierno estableció el “subsidio de emergencia o de albergue”.
La Seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, informa que este subsidio otorga puntaje adicional a quienes acrediten su condición con la Ficha FIBE, encuesta que recopila información sobre los afectados. Pero el instrumento y su aplicación no han estado exentos de dificultades y críticas.
Miriam Paya, de la ONG “Mujer, Niño y Comunidad”, opina con conocimiento de causa porque ha trabajado con familias damnificadas y también conoce de cerca las dificultades con las que tropiezan las familias empeñadas en acceder al subsidio regular. Explica que el de emergencia es rápido y accesible, mientras que el segundo está diseñado para quienes comprueben capacidad de pago. “Las familias damnificadas necesitan auxilio urgente y lo han obtenido, pero no saben por cuánto tiempo dispondrán de este beneficio”. Un factor que cobra creciente importancia en tiempos de recortes del gasto fiscal.
Miriam destaca que un elevado porcentaje de los postulantes incumple los requerimientos de ahorro o carece de trabajo asalariado, nada sorprendente en un país en que la tasa de informalidad bordea el 40%, registro que debe ser varios puntos superior en Valparaíso.
El monto del subsidio de albergue se deposita en la cuenta RUT del beneficiario, quien puede cobrarlo en cualquier sucursal del Banco Estado. Un avance en términos de agilidad del servicio. Punto en contra: hay sospechas de que un alto porcentaje de los favorecidos destina parte, sino el total, del apoyo estatal a fines ajenos al pago de arriendo. Es una de las causas que explican por qué, en la Población El Olivar, por ejemplo, donde centenares de casas y departamentos quedaron calcinados, permanecen vacías durante meses numerosas viviendas que se salvaron del incendio o ya fueron refaccionadas.
LOS QUE VAN QUEDANDO A LA COLA
“Subsidio de arriendo tendrá especial foco en damnificados” titulaba en portada un diario local una mañana de fines de enero. Nadie podría oponerse a conceder a esas personas y familias un trato preferencial. El problema es que un efecto colateral consiste en que si los recursos humanos y financieros del Serviu se concentran en los damnificados, el resto de los postulantes quedan a la cola. Y ellos también tienen prisa.
Ese mismo mañana Roberto Maluenda y una cincuentena de vecinos de Quintero realizaban una protesta frente a las oficinas del Serviu en pleno centro de Valparaíso. “Es que no divisamos solución para el problema habitacional que nos afecta. También nosotros necesitamos respuestas rápidas. Sabemos que los damnificados necesitan apoyo y empatizamos con ellos, pero consideramos que priorizarlos a ellos en términos absolutos nos perjudica”.
LA DESCONFIANZA DE LOS PROPIETARIOS
Ni qué decir de los propietarios de viviendas modestas, con cánones inferiores a $ 350 mil, aproximadamente, que constituyen un elemento crucial para la adecuada implementación de estas herramientas de política del pública. “Los pobladores que necesitan arrendar una vivienda pueden recibir un generoso subsidio fiscal, pero aunque dejen los pies en la calle les costará un mundo encontrar algo que les acomode si los propietarios se marginan del programa” sentencia un empresario que controla una cincuentena de estas viviendas en la zona.
No faltan las quejas por el exceso de burocracia. En el sector vivienda la enfermedad de la “permisología” se manifiesta en la exigencia de certificados o trámites inútiles, al igual que en la ausencia de plazos para el cumplimiento de las diferentes etapas de, por ejemplo, la compraventa de una vivienda mediante el subsidio habitacional. Miriam Paya intuye que muchos propietarios se marean con tanto trámite y no llegan, por ejemplo, a comprender la diferencia entre el subsidio de emergencia y el subsidio regular. Resultado: para evitarse problemas, cierran las puertas a los interesados en pagar el canon de arriendo con el apoyo decisivo del Estado.
La falta de claridad respecto de la vigencia del subsidio de emergencia erosiona el interés de los propietarios por ofrecer sus viviendas en arriendo. Muchos de ellos quedaron escaldados con la abrupta suspensión de un subsidio de este tipo que se instauró tras el penúltimo gran incendio en la zona (2014). Pero la causa principal de la desconfianza que exhiben los propietarios radica en los ineludibles recortes del gasto fiscal que ya ha puesto en marcha y seguirá aplicando con mano de hierro el Ministerio de Hacienda, máxime si se considera que al fisco le sale gratis postergar sus pagos a los acreedores pequeños.