Las Mil Caras del Lucro en la Educación

Por EQUIPO GV

Según cifras de la Superintendencia de Educación, los colegios en Chile han destinado, en promedio, un 9% de las platas que reciben por concepto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la contratación de servicios en el ítem “Asesorías técnicas y capacitación”, los que por ley deben ser entregados por consultoras especializadas, las llamadas ATE (Agencias de Asistencia Técnica Educativa).

Investigamos las rendiciones de gastos de los colegios pertenecientes a los grupos más grandes de sostenedores particulares subvencionados que reciben la SEP, aquellos que manejan más recursos y que cuentan con la matrícula más abultada del sector. Los mismos que, agrupados en la Conacep, se han opuesto con fuerza a la reforma que impulsa el gobierno.

Todos los grupos revisados tienen fines de lucro, y todos superan con creces el promedio nacional de 9% de la SEP destinado a Asesorías a través de ATE, las mismas empresas que han estado en el ojo del huracán por las indicaciones presentadas por la diputada Yasna Provoste que buscan prohibirles el fin de lucro.

Por ejemplo, la Escuela Básica N° 128 de San Ramón recibió el 2012 $93.348.968 de Subvención Escolar Preferencial para mejorar el nivel educacional de sus alumnos más vulnerables. De ese total, destinó $85.939.540 –el 92,06%– para contratar los servicios de la ATE Fundación Educacional Gabriela Mistral. El dueño de esa escuela particular subvencionada es Jorge Cifuentes Narváez, y el dueño de la ATE es su hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. El negocio queda en familia.

Según la ley, esto no es ilegal, aunque sí tramposo. El lucro con los fondos SEP está prohibido, pero no la firma de contratos entre colegios y ATE que sean propiedad de las mismas personas. Según expertos, por esta vía los sostenedores de colegios han logrado burlar la ley y lucrar con los fondos destinados a los niños más pobres de Chile.

La Ley SEP, promulgada el 2008, aumentó la subvención para los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables del país. Definió que cualquier niño o niña cuya familia esté inscrita en el programa Chile Solidario, en el programa de Ingreso Ético Familiar, dentro del tercio de menor puntaje de la Ficha de Protección Social, o clasificado en el tramo A de Fonasa, tendrá un mayor aporte por parte del Estado en su respectivo colegio.

La Escuela Básica N° 128 de San Ramón recibió el 2012 $93.348.968 de Subvención Escolar Preferencial para mejorar el nivel educacional de sus alumnos más vulnerables. De ese total, destinó $85.939.540 –el 92,06%– para contratar los servicios de la ATE Fundación Educacional Gabriela Mistral. El dueño de esa escuela particular subvencionada es Jorge Cifuentes Narváez, y el dueño de la ATE es su hijo, Alejandro Cifuentes Cubillos. El negocio queda en familia. Según la ley, esto no es ilegal, aunque sí tramposo. El lucro con los fondos SEP está prohibido, pero no la firma de contratos entre colegios y ATE que sean propiedad de las mismas personas. Según expertos, por esta vía los sostenedores de colegios han logrado burlar la ley y lucrar con los fondos destinados a los niños más pobres de Chile.

Los sostenedores de los colegios pueden gastar esos recursos en actividades asociadas al Plan de Mejoramiento Educativo, el que deben presentar al Mineduc al momento de postular para obtener los fondos SEP. La idea es que los establecimientos puedan mejorar sus índices de calidad –medidos a través del Simce–, gracias a los recursos adicionales. Está prohibido que lucren, o sea, que extraigan ganancias, con esas platas.

Hace meses que un equipo del Colegio de Profesores detectó que el gasto que varios colegios destinaban a la contratación de asesorías externas, a través de ATE, era excesivo. Un equipo docente a cargo de Mario Aguilar, prosecretario del Magisterio, elaboró una lista con 15 establecimientos que presentan un porcentaje elevado de gasto de platas SEP en contratación de Agencias de Asistencia Educativa. Puedes revisar ese listado aquí.

A partir de los datos presentados por los profesores, El Mostrador amplió el abanico y revisó la situación de los colegios a cargo de los cinco grupos de sostenedores más grandes del país que acceden a fondos SEP: aquellos que más reciben por subvención y que cuentan con la mayor cantidad de alumnos a su cargo.

En esta investigación se contrastaron las bases de datos facilitadas por la Superintendencia de Educación con la información disponible en los registros públicos del Ministerio de Educación, llegando así a los porcentajes de fondo SEP que cada establecimiento destinó durante el 2012 a la contratación de una ATE. Además, se rastrearon las ATE utilizadas, llegando a la conclusión de que en cuatro de los cinco casos revisados los sostenedores pagaron suculentas sumas de dinero a empresas cuya propiedad comparten.

LOS HEREDEROS DE FILOMENA

Filomena Narváez es una ex profesora normalista que a inicios de los 90 se involucró en el negocio de los colegios particulares subvencionados. Junto a su sobrino, Jorge Cifuentes Narváez, actualmente poseen 19 colegios, divididos en dos grupos: los que dependen directamente de ella y los que están a cargo de su hijo.

Según los datos revisados, los diez colegios en los que Filomena Narváez está al mando no registran gastos en ATE con la Subvención Escolar Preferencial durante el 2012, diferenciándose de lo que pasa con los establecimientos a cargo de Jorge Cifuentes Narváez, cuyos nueve recintos –con una matrícula de 9.516 alumnos, según cifras entregadas por Ciper Chile– gastaron buena parte de la SEP en pagar una ATE propiedad de la familia, la Fundación Gabriela Mistral, la que, a pesar de su nombre, tiene fines comerciales.

Los datos de la Superintendencia dan cuenta de que solo el 2012 esta ATE obtuvo $705.732.388, gracias al pago realizado por los seis colegios de Cifuentes que ese año accedieron a la subvención SEP. De ese grupo, la Escuela Básica N° 128 de San Ramón fue la que destinó la mayor parte de esos fondos al pago de ATE, el 92,06% del total. Le siguió el Complejo Educacional Particular de Las Acacias, que se gastó el 73,43% de esa subvención especial en pagos a la ATE de la familia.

Más atrás aparece el Colegio Particular N° 2 de Ñuñoa, que ocupó el 69% de las platas SEP en pagos de asesoría; luego, el Colegio Nobel Gabriela Mistral, 67,98%; Colegio Politécnico Particular Conchalí, 57,77%; y el Colegio Particular N° 1 de Ñuñoa, 54,24%. Aquí puedes revisar la tabla con los colegios de Cifuentes y su gasto en ATE durante el 2012.

La ATE de la familia, Fundación Educacional Gabriela Mistral, es propiedad de Alejandro Cifuentes Cubillos, hijo de Jorge Cifuentes Narváez, y se inscribió en el Registro ATE el 7 de septiembre del 2009. En julio de este año el Ministerio de Educación la sacó del registro oficial, debido a que no revalidó a tiempo la ficha con su información general, ni la de sus profesionales, ni tampoco la de uno de los servicios que ofrecía. Sin embargo, esta decisión no es definitiva y, apenas la consultora se ponga al día con esa documentación, podrá volver a formar parte del registro.

EL NEGOCIO FAMILIAR DE OLIVA

Cuando Claudia Peirano fue nominada como futura subsecretaria de Educación del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, salió a la luz su participación en la ATE Grupo Educativo, la que había prestado asesoría a los colegios de su ex marido, el militante DC Walter Oliva. Esta información le costó el cargo e instaló en el debate público la participación de diversas personalidades asociadas al mundo de la educación en estas empresas asesoras.

Pero los vínculos de los colegios de Oliva con alguna ATE propiedad de sus parientes no se quedan en la empresa que posee su ex cónyuge. Según los datos de la Superintendencia, una de las consultoras que más recibió recursos provenientes de la SEP durante el 2012 fue Innovación Tres, cuya dueña y representante legal es Aurelia Munizaga, la madre de Walter Oliva. En total, los colegios de su hijo le aportaron $443.830.500 en solo un año.

De los ocho colegios que posee el DC, solo tres obtuvieron fondos SEP durante el 2012: Colegio Teniente Dagoberto Godoy, Escuela Particular Dagoberto Godoy y Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3. Sumados, los tres recintos tienen una matrícula de 4.758 alumnos y destinaron $520.507.453 al pago de asesorías ATE. La mayor parte a Innovación Tres.

Desglosado por colegio, el Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3 se gastó el 71,50% de su fondo SEP en pagos a ATE, no muy atrás quedó la Escuela Particular Dagoberto Godoy con 69,60%, y el Colegio Teniente Godoy con 66,60%. Puedes revisar aquí las cifras detalladas del gasto.

En Innovación Tres, que funciona en las oficinas centrales de la Red Educacional Crecemos –a cargo de los colegios de Walter Oliva–, dicen que su margen de ganancia no supera el 10% “lo cual es inferior a los márgenes con que operan otras instituciones de asistencia técnica en educación”.

En la ATE dicen que comenzaron a operar el 2000 con el fin de potenciar y mejorar la educación que entregan en sus colegios, y que “desde sus inicios esta prestadora de servicios ha desarrollado sus áreas de gestión escolar y gestión administrativa, que hacia el año 2010 se certificó como ATE para ampliar y desarrollar de mejor forma el know how adquirido, aperturando las áreas de gestión curricular, liderazgo y convivencia. Esta consultora, en conjunto con otras ATE han contribuido al desarrollo de los PME (Proyecto de Mejoramiento Educativo) de cada uno de los colegios adheridos a convenios SEP en las áreas previamente señaladas utilizando sus plataformas humanos, materiales y financieros (sic)”, señalan.

Periódicamente, la Superintendencia les pide a los colegios que han contratado servicios de ATE que evalúen a las consultoras en una escala de 1 a 7 en distintos ítems. La evaluación de Innovación Tres oscila entre el 6,8 y el 7. Quienes ponen las notas son los sostenedores y los directores de los colegios que las contrataron. Entre las referencias de la ATE de Aurelia Munizaga aparecen solo los tres colegios de su hijo que le pagaron servicios durante el 2012.

En el equipo de trabajo de esta empresa aparece Claudia Peirano, quien ha realizado asesorías de gestión pedagógica a los colegios Dagoberto Godoy. A pesar de esto, Peirano también los ha asesorado por fuera mediante la ATE de su propiedad, Grupo Educativo, la que el 2012 recibió $29.700.000 por parte de los colegios de Oliva, y cuyas notas de evaluación van desde el 6,7 al 7.

Grupo Educativo también ha prestado asesorías a los colegios José Abelardo Núñez, en los que se repite la lógica de alto gasto en ATE que a su vez son propiedad de la familia dueña de los establecimientos.

LA RED “JAN”

La red de educación José Abelardo Núñez (JAN) cuenta en la actualidad con más de 6 mil estudiantes en sus cinco colegios, ubicados en las comunas de El Bosque, Huechuraba, San Bernardo y Puente Alto. El profesor normalista Francisco Salazar comenzó a levantar la red en 1978 con la creación del primer establecimiento de su propiedad. Según los datos de la Superintendencia, tres de sus colegios gastaron $253.175.073 en pagos a ATE durante el 2012. La mayor parte de los gastos fue a parar a la consultora de Francisco Salazar Parra, hijo del dueño de la red.

También en este caso los porcentajes de gasto en Asesoría Técnica y Capacitación por parte de los colegios de la red sobrepasan por mucho el promedio nacional de 9%. El Centro Educacional José Abelardo Núñez N° 1 destinó el 66-69% de sus platas SEP al pago de ATE; la Escuela Básica José Abelardo Núñez N° 3, el 53,43%; el Colegio Particular José Abelardo Núñez, el 43,52%; y el Colegio José Abelardo Núñez Murúa, el 14,94%. Revisa aquí el detalle del gasto de estos colegios.

La mayor cantidad de recursos de los colegios José Abelardo Núñez fue a parar a la ATE Asesoría en Gestión Escolar DGE, de propiedad del hijo del dueño, Francisco Salazar Parra. Esta consultora, que ofrece 46 tipos de asesoría distintos en el registro de la Superintendencia, ha colaborado también con otros establecimientos, como el Colegio Polivalente José Abelardo, de Huechuraba, y la Escuela Particular San Guillermo, de Puente Alto. Su evaluación oscila entre el 6,9 y el 7.

El dueño de DGE, Francisco Salazar, no quiso hacer mayores comentarios a El Mostrador: “La consultora que represento asesora, tal cual como lo permite la legislación vigente, a esta y otras instituciones. En virtud de la confidencialidad que nos exigen nuestros clientes respecto de los servicios que prestamos no haré más comentarios”.

De forma complementaria, los colegios JAN también contrataron los servicios de otra ATE, Aptus –sin fines de lucro–, dependiente de la Sociedad de Instrucción Primaria, de Patricia Matte, y de la Fundación Reinaldo Solari, propiedad de la familia controladora de Falabella. Aptus atiende a más de 150 colegios en todo el país, y solo de los colegios José Abelardo Núñez recibió $187.741.424 el 2012.

LA MULTITUD DE LOS HASBÚN RAMÍREZ

Los colegios asociados a la familia Hasbún Ramírez son 19, con más de 20 mil alumnos, constituyen la red más grande dentro de los particulares subvencionados. De ese total, once establecimientos recibieron Subvención Escolar Preferencial durante el 2012. Esos once colegios agrupan a 14.577 estudiantes, según la información dada a conocer por Ciper Chile.

Los porcentajes de los fondos SEP que los colegios Hasbún Ramírez destinaron a pagar asesorías de ATE varían entre el 29% y el 79%. Todos, sobre la media nacional de 9%. El que más dinero gastó en este ítem fue el Complejo Educacional San Alfonso, con el 79,96%, seguido por el Colegio Polivalente Saint Orland, con el 69,73%, y la Escuela Básica Tomás Moro con el 63,38%.

Este grupo de colegios es el único cuya ATE no aparece ligada directamente a la familia controladora. Todos los colegios investigados utilizaron los servicios de la consultora Asesorías Pedagógicas de Chile, cuyo representante legal es Cristian Prieto Díaz, y su encargado de inscripción en el registro de la Superintendencia es Víctor Bencini Vernik, quien al ser consultado no quiso entregar mayores detalles sobre su trabajo y tampoco respondió si tenían algún tipo de vínculo personal con la familia dueña de los colegios: “Nuestro trabajo está orientado a entregar asesoría técnica a los colegios. No haré ningún tipo de comentario al respecto”.

Esta ATE recibió el 2012 $607.252.605 por parte de los colegios de la familia Hasbún Ramírez.

CEMSU EDUTEP

El grupo de colegios Cemsu Edutep, de propiedad de los hermanos Jorge y David Valenzuela Rudy, además de Leyla Armijo, posee cinco colegios, de los cuales dos recibieron fondos SEP durante el 2012: Colegio San Sebastián de Quilicura y el Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre.

El primero gastó el 38,07% de su subvención SEP en pagos a ATE, mientras el segundo destinó el 45,07% al mismo ítem. En total, $122.947.500 que fueron a parar a la consultora Aseduc, cuya propiedad posee en un 33% Guillermo Valenzuela Rudy, hermano de los dueños de los colegios.

En el Registro ATE de la Superintendencia no aparecen evaluaciones para esta consultora, aunque sí los cinco servicios que ofrece: asesoría en el mejoramiento de procesos institucionales, diagnóstico de aprendizajes claves, monitoreo a la gestión del plan de mejoramiento, resolución de conflictos y “mejoremos para construir”.

En Aseduc no respondieron nuestras consultas.

EL “DESPELOTE”

La fiscalización de cómo se gastan los fondos SEP por parte de los colegios ha estado en la mira de las autoridades desde hace años. El último intento fiscalizador es de la Cámara de Diputados, la que constituyó una Comisión Investigadora para indagar el destino de millonarios recursos fiscales destinados a platas SEP, las que han sido mal utilizadas por los municipios, según advirtió la Contraloría.

Fue en una de las sesiones de esta comisión que el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, aseguró que en este tema “hay una cultura del despelote”, y que el Mineduc fiscaliza “en la medida de lo posible”. Pese a que la Comisión se constituyó solo para revisar lo sucedido en la educación municipal con estos recursos, sus integrantes acordaron preguntar en la Sala respecto a poder ampliar sus facultades e investigar lo que sucede con estos recursos en la educación particular subvencionada.

El jefe de la División de Educación General del Mineduc, Gonzalo Muñoz, asegura que “hoy el marco legal permite que a través de una ATE los sostenedores lucren con recursos públicos, y es por eso mismo que el proyecto de ley enviado al Parlamento prohíbe las operaciones entre entes relacionados, condición esencial para frenar esta situación”.

Asimismo, Muñoz indica que “como MINEDUC ya estamos trabajando en el diseño de un sistema de certificación de la calidad de las ATE, pues creemos que la pertinencia y calidad de estos apoyos, salvo algunas excepciones, es un desafío pendiente”.

Entre el Mineduc y los parlamentarios de la Nueva Mayoría que son parte de la Comisión de Educación de la Cámara existe una diferencia respecto a si las ATE pueden o no tener fines de lucro. Fuentes del Ministerio aseguran que mientras no existan vínculos entre los dueños de los colegios y los dueños de las consultoras, no habría problema, pero los diputados rebaten que, si se deja abierta la posibilidad de hacer negocio, los sostenedores podrían encontrar alguna fórmula para burlar la ley, como “intercambiar ATE”.

El experto en educación, y asesor del Mineduc en la redacción de leyes, Cristián Bellei, plantea que el problema no es la existencia de las ATE, sino que estas sean propiedad de los mismos sostenedores de los colegios: “La noción de que las escuelas reciban servicios de asesoría técnica educativa externa, ya sea de las universidades, centros académicos independientes, fundaciones, consultoras o expertos individuales, como complemento para sus proyectos de mejoramiento escolar, es una buena idea. Pero esta idea se desnaturaliza si son los propios sostenedores o empresas relacionadas las que se ‘autoasesoran’”, asegura el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

Bellei cuestiona además el proceso de evaluación para las ATE que utiliza el sistema: “La propia ley SEP solicita a los usuarios que evalúen estos servicios, para ver si permanecen autorizados por el Mineduc para ser contratados con fondos SEP. ¿Qué autonomía u objetividad tiene esa evaluación cuando son empresas del propio sostenedor?”, se pregunta.

El dirigente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostiene que se debe endurecer la norma para evitar que los fondos SEP se desvíen de su objetivo inicial, que es mejorar la calidad de la educación de los niños más pobres: “Cuando un sostenedor gasta más del 70% de las platas SEP en una ATE que es de él mismo, les está robando esa plata a los niños vulnerables, y además está lucrando y violando la norma de la Ley SEP. Esto demuestra que el lucro tiene muchas aristas y que. ahora que se está debatiendo el tema del lucro, no vemos suficiente firmeza en la norma que se está discutiendo en el Congreso para que sea algo efectivo. Las ATE son un ejemplo de ello, porque son una forma de desviar recursos”, plantea el dirigente.