Por: PATRICIO NAVIA.
El gobierno de la Presidenta Bachelet correctamente alega que el electorado le dio un mandato para implementar cambios refundacionales en el país. Pero en una sociedad que se compró a pies juntillas el concepto de los derechos del consumidor, la revolución que demandan los chilenos es con garantía de éxito, sin que involucre sacrificio alguno, y con la seguridad de que el consumidor en cualquier momento se puede arrepentir y deshacer el contrato. Si el Gobierno equivocadamente cree que los chilenos están dispuestos a sacrificarse por el programa de gobierno, la realidad de una sociedad de consumidores egoístas que demandan sus derechos, y retira su apoyo a una propuesta apenas ve que ya no le resulta conveniente, le vendrá como balde de agua fría a La Moneda.
Ahora que la economía se ha enfriado —en parte por las circunstancias externas, pero también como resultado de las reformas impulsadas por el Gobierno— la opinión pública evalúa con menos entusiasmo el desempeño de la Presidenta Bachelet. Un número creciente de chilenos cree que el país avanza en la dirección equivocada. Cada mes son más los chilenos que expresan preocupación por el creciente desempleo y el alza de precios. En ninguna democracia el mandato que otorga una votación tan alta como la que recibió Bachelet en noviembre de 2013 desaparece por arte de magia. Pero en todas las democracias, la gente se preocupa cuando el cielo se cubre de nubes grises. Igual que un piloto de avión que prometió llevarnos a feliz destino, Bachelet enfrenta la difícil decisión de ignorar las turbulencias y mantener la hoja de ruta inicial o hacer un ajuste en la dirección del vuelo para evitar cruzar por el medio de la tormenta.
Aunque hay buenas razones para mantener la hoja de ruta inicial —después de todo, la Presidenta adquirió un compromiso de campaña con sus electores— las turbulencias del vuelo están poniendo en riesgo a todos los pasajeros. Es verdad que un cambio de ruta decepcionará a muchos, pero los pasajeros prefieren mil veces la seguridad de saber que podrán aterrizar en un destino relativamente cercano al original que arriesgar que el avión se caiga por la tozudez de un piloto que se aferra al plan de vuelo inicial sin hacerse cargo de la nueva realidad.
En la forma excesivamente dogmática en que parte de la Nueva Mayoría habla del programa de gobierno, se esconde el mismo error de las empresas que se aferran a los contratos de prestaciones firmados por los consumidores para defenderse de los reclamos. Si bien la empresa puede creer que el consumidor leyó cuidadosamente el contrato, los consumidores están convencidos de que cualquier cláusula abusiva es ilegal, y que ellos no están obligados por un contrato que produce resultados distintos a los que la empresa les prometió.
Después de 25 años de vivir en una democracia social de mercado —más de mercado que social—, los chilenos se han acostumbrado a una relación utilitaria con las empresas. Como casi todo ha sido privatizado —desde la educación hasta las pensiones, desde las carreteras hasta la salud, desde el agua, el gas y la electricidad hasta las agencias de acreditación de calidad— la gente aprendió a relacionarse con instituciones que ofrecen servicios de interés público de la misma forma en la que se relacionan con empresas privadas. Los gobiernos no escapan a esta lógica. La gente sabe que los proveedores buscan sus propios intereses y que, sólo en la medida que los intereses de las empresas y los consumidores estén alineados, los servicios serán satisfactorios.
Los votantes utilitarios votaron por la oferta de Bachelet porque no implicaba costos personales (los ricos pagarían la reforma tributaria) y prometía beneficios concretos (educación de calidad y gratuita, sin tener que cambiar a sus hijos de los colegios con copago que ellos querían mantener como selectivos), todo con garantía de éxito. Ahora que aparecen los costos, se diluyen los beneficios y no hay garantía de éxito, la gente comienza a percibir que el programa de la NM también tenía letra chica que ellos no leyeron y que consideran son cláusulas inaceptables.
Como la gente quiere que le solucionen los problemas —no que les den explicaciones— las turbulencias que ahora afectan al avión tripulado por Bachelet generan descontento y temor entre los pasajeros que creyeron estar comprando un viaje placentero hacia la tierra prometida. Si no lee bien la preocupación de una opinión pública que firmó el contrato sin haber leído la letra chica, por la confianza que les daba la vendedora, Bachelet arriesga convertirse ella misma en un ejemplo más de la lógica de abusos y engaños que molestan tanto a una sociedad que ha aprendido a defenderse en la selva del mercado y que, para poder sobrevivir, sabe que no le debe lealtad a ningún contrato que prometió una cosa pero está entregando otra muy distinta.