Por Wilson Tapia Villalobos
Pese al cambio de gabinete, el ambiente político sigue turbio. Y, en algunos ámbitos, han surgido nuevos interrogantes. Resulta obvio que no se podía esperar que la solución viniera de la mano del reemplazo de los ministros. Sin embargo, el trueque deja sacar conclusiones que hasta ahora no permitían las palabras oficiales. Pero si bien surgen pistas respecto a la visión que La Moneda tiene del problema político, el clima que viven los chilenos es enrarecido por elementos que van más allá de la orientación que pueda animar a una administración. Hasta es posible que la propia ciudadanía no comprenda cabalmente que su malestar no se resuelve con medidas cosméticas. Y que, por lo tanto, las verdaderas soluciones tendrían que salir de la mano de reformas estructurales que, en algunos casos, provocarán tensiones adicionales.
Revisando someramente los cambios ministeriales más significativos, es posible concluir que la presidenta Bachelet parece haber optado por bajar las tensiones con la oposición. La presencia del democratacristiano Jorge Burgos como jefe del gabinete, parece anunciar la vuelta de la democracia de los acuerdos en todo su esplendor. Y ello significaría claramente que las promesas más emblemáticas del programa presidencial quedarían solo en eso. Esta idea se vería refrendada por los estrechos lazos que dos de los nuevos ministros -Marcelo Díaz y Jorge Insunza- tienen con el lobista y ex ministro Enrique Correa. Definitivamente, la retroexcavadora que debía sentar las bases a una nueva institucionalidad en Chile habría quedado entre los trastos políticos viejos y herrumbrosos.
Es posible que en un país en que el poder económico domina sin contrapeso la prensa, los cambios que se avizoran la hagan menos punzante con la coalición de gobierno. Pero eso no bastará para calmar el descontento de la ciudadanía. Finalmente, la gente se siente incómoda porque vive en medio de una sociedad en la que su pensamiento, su bienestar, siente que pesan poco. Y en la que, además, quienes manejan el poder político no son más que una caja de resonancia para los que tienen el control de la economía.
El gran empresariado parece encontrarse satisfecho con el cambio de ministro de Hacienda. El ex jefe de esa cartera, Alberto Arenas, no llevó a cabo cambios radicales. Es más, la reforma tributaria fue severamente transformada en el Senado y salió bastante cercana a lo que querían los empresarios. Pero Arenas parece no haber sido un hombre obsecuente, ni con la identidad que el poder económico está acostumbrado a tener en esa cartera fundamental. De allí que un personaje influyente en el sector empresarial, como Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún -sector energético- y vicepresidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), se muestre optimista. Larraín cree que el nuevo equipo que hoy encabeza el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, será capaz poner en el centro de la preocupación oficial el crecimiento, la productividad y la inversión. En una interesante entrevista concedida al diario El Mercurio, Larraín sostiene que su posición “no significa que haya que dejar de lado los desafíos para enfrentar la desigualdad de oportunidades y de acceso a los bienes públicos como la educación y la salud”. Más adelante agrega: “Chile no es un país corrupto. Ni en la política ni en la empresa la corrupción es un problema global. No por eso, debemos minimizar un problema que es serio”. Cree que la situación se arregla con que el mundo político reconozca la verdad de los hechos. En la extensa entrevista no hay una sola mención a que el papel del Estado debe ser realzado para que sea un freno a los excesos. Ni tampoco que asuma un rol preponderante en educación y salud.
Es evidente que para los empresarios chilenos el macizo esquema neoliberal impuesto en el país es una fórmula insuperable. A veces, mal manejada, pero insuperable. Aparentemente, en eso no conocen o no desean reconocer el sentir ciudadano. En un sistema en que el objetivo final es solamente competir para ganar la mayor cantidad de dinero posible, la ambición es la que impone las reglas. Y tales reglas invariablemente benefician a quienes manejan mayores cuotas de poder.
Inmersos en esta realidad, parece lícito preguntarse si será posible cambiar los marcos de referencias centrales que determinan la convivencia en Chile. Hasta ahora, nos hemos regido por una Constitución Política creada por la dictadura del general Pinochet. En ella, el derecho de propiedad exhibe mayores resguardos que el derecho a la vida.
Y en esta última semana hemos tenido la experiencia dramática de lo que puede ser una sociedad enferma. Dos jóvenes estudiantes fueron asesinados en Valparaíso, en medio de una manifestación que exigía mejoras para la educación nacional. Exequiel Barborán y Diego Guzmán, son los nuevos mártires que cayeron bajo las balas asesinas de un desquiciado que sintió amenazada la fachada de su propiedad.