Por Alejandro Lavquén.
La reapertura judicial del caso de los jóvenes quemados por una patrulla militar en 1986, y las declaraciones de Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del hecho, en un programa de televisión, manifestando que el ejército debería pedir perdón como institución por el crimen cometido, ha despertado la inquina de distintos personajes de la derecha, aflorando como una plaga el pinochetismo soterrado que mantienen intacto en sus corazones.
El discurso de estos devotos se desarrolla sobre la base de la manipulación de los acontecimientos y la ambigüedad discursiva, evidentemente intencional, que busca ocultar sus verdaderos sentimientos de justificación de las violaciones de los derechos humanos. Tales discursos resultan de una ramplonería y cinismo grotescos. Por un lado, “condenan los hechos” -sería impresentable, ante la opinión pública, no condenarlos- pero acuden a “contextos” con los cuales intentan exculpar o morigerar las acciones genocidas de la dictadura encabezada por el general Pinochet y sus esbirros, tanto civiles como militares. Su principal “piedra de toque” es la Unidad Popular, a la que demonizan hasta la majadería, mintiendo sobre lo que todo el mundo hoy sabe: que el gobierno de Salvador Allende fue víctima de un complot de la Casa Blanca, gobernada en aquella época por Richard Nixon. Pruebas hay de sobra: pagos a la prensa, principalmente a El Mercurio, a los acaparadores de alimentos, a terroristas de Patria y Libertad, a la Democracia Cristiana, a los camioneros, etcétera. Las razones: el gobierno de la Unidad Popular quería acabar con la explotación del hombre por el hombre, tan sencillo como eso. ¿Cometió errores el gobierno popular? Sí, cometió errores, como todo gobierno, pero ningún error justificaba el bombardeo a La Moneda ni el genocidio posterior iniciado por las fuerzas armadas el 11 de septiembre de 1973, como pretende hacerlo creer la derecha, explícita o implícitamente, con su sonajera de patrañas.
La derecha, debilitada por la corrupción de sus empresarios y políticos, ha elegido nuevamente el camino del complot, esta vez para intentar desestabilizar el gobierno de Michelle Bachelet, acusándolo de izquierdista (pero que, en honor a la verdad, está a años luz de ser un gobierno de Izquierda). Agregan que la Nueva Mayoría [que, para ser justos, en muchos temas, es tan sin vergüenza como la derecha] se aprovecha del tema de los derechos humanos para embolinar la perdiz a la gente y ocultar su cloaca. De paso lanzan salvavidas a los militares, cuya historia está plagada de crímenes. No por nada en la masiva conmemoración del 1º de Mayo de 1912 los manifestantes portaban un cartel que rezaba: “El ejército es la escuela del crimen”, y eso que faltaba por venir lo peor. Entre los defensores de los militares, algunos botones de muestra: el empresario César Barros ha dicho, entre otras ramplonerías, que “el ejército ha hecho tantas cosas buenas por Chile que tiene derecho a haber cometido muchos errores”. La periodista Teresa Marinovic, en un intento, impresentablemente burdo, por justificar lo injustificable afirma que: “Lo que la izquierda no le perdona a Aylwin es tener al menos en el Golpe, coincidencia con la derecha, porque ni siquiera el fracaso de la UP reconocen”. El militar acusado de quemar a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana, coronel (r) Julio Castañer, se da el lujo de decir que todo fue “un accidente”. El diputado de la UDI, Jorge Ulloa, pide honores para el general (r) Manuel Contreras, jefe de la DINA y condenado a cadena perpetua, por crímenes atroces, en caso de fallecer.
Por otro lado, está la derecha solapada que funciona dentro de la Nueva Mayoría, esa derecha encabezada desde 1990 por personajes siniestros como Enrique Correa y Edgardo Boeninger, que a cambio de poder y dividendos monetarios transaron con la derecha pinochetista el programa de la Concertación. Esa misma Concertación que rescató a Pinochet desde Londres en una actitud servil y pusilánime. Hoy, esa derecha concertacionista, cuyos máximos adalides son personajes como Francisco Vidal, Óscar Guillermo Garretón, Guido Girardi, Ximena Rincón, el mismo Enrique Correa, Camilo Escalona, Jorge Burgos, Ricardo Lagos Escobar, etcétera, y que le edificó cárceles especiales a los militares, le da una mano a la derecha pinochetista que los financió millonariamente, otorgándole apoyo en su afán de imponer la impunidad: José Miguel Insunza no ve mal la rebaja de penas a los violadores de los derechos humanos a cambio de “información”. Jaime Ravinet justifica las pensiones de los violadores de los derechos humanos y sus privilegios. El gobierno se niega a entregar los nombres de los torturadores apuntados en el Informe Valech. El ministro Burgos niega la democracia al oponerse a una asamblea constituyente que dé paso a una Constitución que acabe con toda componenda e injusticia. Así, suma y sigue el Chile del momento, cada vez más emporcado por la oligarquía política y empresarial.