SINDICATO PARLAMENTARIO, UN PROYECTO (IM)POSIBLE

En un país de locos (Chile lo es), los parlamentarios, faraones de las vivarachadas, podrían querer sindicalizarse para incrementar sus granjerías. Una nota semi-seria que intenta estropear la supuesta dignidad de los ‘hombres públicos’  

Por Arturo Alejandro Muñoz

En Chile, sólo el 8% de los trabajadores tiene acceso a la negociación colectiva, mientras en Brasil, por ejemplo, un 60% de los trabajadores negocia colectivamente, y en la Unión Europea los trabajadores cubiertos por negociaciones colectivas llegan al 66% de la fuerza laboral. El nuestro aparece como el país más desigual de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Así entonces, para equilibrar esto resulta indispensable promover la sindicalización, la que en Chile alcanza apenas el 11%. Por ello, sin poder para negociar colectivamente y con tan baja sindicalización, los ingresos y derechos laborales de los trabajadores chilenos seguirán siendo débiles y fácilmente atropellados.

Dispuestos a remediar esta falencia –e incentivar la sindicalización mediante el propio ejemplo-, avispados como de costumbre, algunos parlamentarios podrían proponer a sus colegas la formación de un sindicato. En realidad, de dos sindicatos: uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado,  pues de esa forma estarían en condiciones de estructurar también una Federación, y con ella -cómo no- plegarse a los procesos de negociación colectiva, los que en este caso irían más allá –más lejos- que las atribuciones, regalías, granjerías y privilegios que actualmente embelesan a los distinguidos ocupantes de curules en el poder legislativo.

¿Cuál sería la contraparte en un proceso negociador como el indicado? He ahí la “pata’e pollo’ en este asunto. ¿El gobierno de turno?, ¿la sociedad civil?, ¿la uniformada? Me atrevo a suponer que los eméritos ‘honorables’ gustarían enfrentar en una mesa de negociación a los otros poderes del estado (jamás de los jamases a la sociedad civil, tan irrespetuosa y procaz que es ella), principalmente al Judicial, con el que por cierto creen tener varias hachitas que afilar en cuanto a la interpretación de ciertas leyes que apuntan al control de la delincuencia. ¿Y enfrentarse con el gobierno en una mesa de negociación? Ah, también, pues, en especial si al Ejecutivo lo representara el ministro de Hacienda, y ya que nuestro país es el vivo ejemplo del neoliberalismo salvaje, ese ministro contaría con la asesoría de un par de empresarios designados para la ocasión por la CPC y SQM.

He pensado incluso en una cuál podría ser la directiva de esa federación sindical, y me ha sido imposible rechazar algunos nombres que vienen como anillo al dedo en una organización de ‘trabajadores’ como la que estamos imaginando. ¿No le parece que la presidencia debería dirimirse entre el sempiterno dizque defensor de los obreros, Guillermo Teillier, y el sanguíneo y apasionado centurión del imperio, Jorge Ulloa?

Aunque en ambos casos habría una seria dificultad: el sectarismo, asunto que en absoluto debe estar presente en dirigentes sindicales, ya que ellos representan y defienden a todos los trabajadores, sean ellos cristianos, moros o ateos, pues aunque usted no lo crea en toda empresa, negocio o  grupo que se relaciona con la producción de bienes y servicios cohabitan seres de las más variadas tendencias e ideologías. Es uno de los puntos a destacar en las organizaciones sindicales, sin duda…pero, ello no es posible de ser hallado en las mentes parlamentarias donde prima esa máxima que dice: “toíto es mío”.

En el equipo negociador de los parlamentarios debería estar presente el diputado Gustavo Hasbún, pues en toda mesa de discusión de proyecto de contrato colectivo se requiere a alguien que cumpla el rol de payaso, pues las sesiones son largas, latosas y cansadoras. Hasbún viene como miel sobre hojuelas para sacar risas diciendo estupideces.  Si Hasbún declinara el cargo, podría reemplazarlo María José ‘Pepa’ Hoffmann, cuyas salidas de madre provocan estertores de carcajadas.

Ahora bien, toda organización gremial y sindical requiere contar con un abogado que la asesore en el proceso negociador. Para estos chicuelos del Legislativo es imprescindible encontrar el profesional adecuado, ya que tanto a ellos como a sus contrapartes oficiales (me refiero exclusivamente a Gobierno, Poder Judicial y FFAA) se les conoce ciertos perfiles y acciones que podrían ser consideradas propias de grupos muy cerrados, digámoslo sin ambages: mafiosos… por lo tanto, es estrictamente necesario que el abogado asesor conozca de esos grupos, los haya representado alguna vez y sepa cómo se mueven y actúan.

Atendiendo a esas características, me atrevo a suponer que los ‘honorables’ podrían contratar a Pablo Rodríguez Grez, Ambrosio Rodríguez  o a Aldo ‘Dick Tracy’ Duque, profesionales que disponen de suficiente experticia en el tema. El ‘Pastor’ Soto, aunque no es abogado, también constituye alternativa.

Las mesas directivas de organizaciones sindicales como las comentadas tienen una vigencia de dos años, lo cual apuraría el cumplimiento de los programas pertenecientes a los candidatos ganadores, por lo que  pese a contar con privilegios superlativos es un hecho de la causa que en los primeros pliegos de peticiones presentados a quien sea -judiciales, gobiernos, FFAA- impetrarían:

• Prohibición absoluta (sancionada con cárcel) de publicar en cualquier medio –incluyendo redes sociales- noticias, informaciones, e incluso comentarios, que vayan en desprestigio y/o desmedro simple de un diputado o de un senador. El electorado se informará del accionar de su parlamentario a través de lo que informe la sede que este tenga en su distrito. Se deberá aplicar el máximo rigor en beneficio del principio de autoridad
• Transcurridos dos períodos parlamentarios, diputados y senadores –que al momento de jubilar estén inscrito en una tienda política- podrán optar a una jubilación equivalente al 110% de la última recepción total pecuniaria recibida conforme. Ello no entrabará la posibilidad de continuar en el poder legislativo por un tercer período. Si así fuese el caso, el monte mensual de la jubilación se agregará sumará a los emolumentos propios del cargo y, en ese caso, estarán todos exentos de impuestos.
• Los parlamentarios que hayan llegado a ocupar un curul en una de las dos Cámaras en calidad de ‘independientes’, no podrán optar a la jubilación referida en el punto anterior, ni siquiera en el supuesto que se inscribiesen en un partido político después de haber resultado electos.
• El fuero parlamentario, tanto como gratuidad de pasajes aéreos dentro del territorio nacional y un aporte fiscal mensual en vales de combustible equivalente a siete unidades de fomento (UF), serán privilegios que se mantendrán “de por vida”.

¿Se imagina usted, amigo, lector, lo que sobrevendría al país si ello acaeciese de esa forma, y los ‘honorables’ llegaran a votar favorablemente una huelga legal?  ¿No habría leyes nuevas durante un tiempo? Bueno, en ese caso me parece que deberíamos aplicar lo que a diputados y senadores tanto gusta: el reemplazo efectivo.

Podría ser el mejor momento para una Asamblea Constituyente. O para Carabineros y Detectives, a quienes desde hace tiempo les ronda en sus cabezas la idea de sindicalizarse, tal como ya lo están sus colegas en EEUU y en varios países de Europa.