Señor director:
El Intendente de Santiago trajo al tapete un tema que es recurrente y que tiene que ver con lo que estamos entregando a la comunidad en términos de vivienda. Recorrer la ciudad nos permite confirmar que existe una alta concentración de departamentos en escasa superficie de terreno. Ello no ocurre solo en Santiago, sino también en otras regiones del país.
No queremos cuestionar que es necesario aumentar densidades y así evitar el crecimiento de la ciudad, o que hay sectores deteriorados que se deben recuperar. Sin embargo, la pregunta que debemos hacer es qué espera recibir un habitante cuando adquiere una vivienda y que probablemente, es la inversión de toda su vida.
¿Quién decide cómo vive nuestra comunidad? ¿Es el negocio inmobiliario quién debe resolver la calidad de vida de las personas? ¿Son la normativa y la reglamentación? Múltiples estudios demuestran que los espacios donde vivimos son determinantes en el comportamiento humano y si el ritmo de la ciudad es en sí mismo un agente que altera el buen vivir, debiéramos cuestionarnos el qué estamos entregando para la vida privada. Vivir en espacios reducidos, con un alto grado de hacinamiento y donde, por consecuencia, la convivencia se torna difícil, tiene un alto costo para las personas en esa situación y para el Estado, que debe hacerse cargo de una comunidad cada vez más descontenta, alterada y enferma.
Por lo tanto, es urgente planificar a futuro, plantearnos qué ciudad queremos y que el Estado revise la normativa que regula los proyectos habitacionales. También urge que las inmobiliarias entiendan el sentido de hacer ciudad y que los profesionales hagamos que ello ocurra.
Anamaría Lisboa C.
Decana Facultad Arquitectura, Urbanismo y Paisaje
Universidad Central de Chile