Derecho de Olvido: el Límite entre lo Público y lo Privado

El académico de la Universidad Santa María, Marcelo Mendoza, entrega su perspectiva sobre esta medida que quiere ser replicada en Chile.

En mayo pasado, la Unión Europea aplicó un fallo histórico para el mundo de Internet y las redes sociales, dado que consagró el derecho de olvido a un ciudadano que había solicitado a Google eliminar información que perjudicaba su imagen.

Esta medida ha abierto el debate alrededor del mundo respecto a la información que entregan los motores de búsqueda y el impacto que puede generar en la vida de las personas. Es por eso que ya son varios los países que buscan aplicar el “derecho de olvido”. Entre ellos, se encuentra Chile, donde ya son cuatro los senadores que presentaron una iniciativa legal que permita borrar los datos no deseados de algún ciudadano.

Frente a este panorama, Marcelo Mendoza, académico del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, señala que “se trata de una iniciativa adecuada. Es legítimo que los ciudadanos puedan acceder a la justicia para que información falsa que pueda afectar su honra e imagen pública pueda ser eliminada”.

Sin embargo, la gran complejidad que trae consigo este proyecto legal, es definir en qué momentos debe aplicarse, definiendo de forma clara un límite entre lo público y lo privado. Para Mendoza, la diferencia entre ambas áreas puede establecerse a partir de lo siguiente: “Lo público es el ámbito de acción de toda persona natural o jurídica que interesa a la comunidad en su conjunto, tanto por las consecuencias de sus acciones como por el rol que ejerce quien las ejecuta en la sociedad”.

Por lo anterior, para el investigador es claro definir que la información relacionada con personas que ejercen un rol público, también esté a libre disposición de la ciudadanía.

El caso de los presuntos culpables

Sin embargo, cuando ocurre un hecho noticioso de ámbito policial, generalmente la imagen de una persona es denostada por redes sociales y la web. Esa información es almacenada en los motores de búsqueda sin ser necesariamente modificada cuando, posteriormente, se descubre que el ciudadano acusado es inocente a través de un fallo judicial o tras las investigaciones de un sumario.

Ante esto, Marcelo Mendoza señala que “el afectado tiene pleno derecho de que su imagen pública sea restituida, eliminando toda información falsa de la web. Lamentablemente ahora no tenemos un marco legal que consagre este derecho, quedando su aplicación a criterio del juez”.

Efectivamente, la ley chilena no contempla ningún marco legal que permita ejercer este derecho de olvido en la web o redes sociales respecto a estas instancias. Por tanto, lo que se espera es poder aplicar un marco legal al respecto.

Por parte de los motores de búsqueda y redes sociales, Mendoza explica que no hay dificultades técnicas para aplicar el “derecho de olvido”, pues se hace una búsqueda de los documentos que tienen la información de la persona y se elimina fácilmente. Lo único que hay que establecer entre los gigantes de Internet y la aplicación del “derecho de olvido”, es un marco legal que defina, solicite y fiscalice la aplicación de esta medida.

Pero, el “derecho de olvido” también tiene detractores. Muchos creen que Internet, la plaza pública del siglo XXI, puede convertirse en un espacio de censura con esta medida. Sin embargo, Marcelo Mendoza cree que la perspectiva debe ser otra: “Hay que establecer causales específicas en las que el derecho de olvido se pueda aplicar. Una forma de hacer lo anterior es definirlo como medida reparatoria cuando la falsedad de los hechos en cuestión ha sido determinada por tribunales de justicia”.

Si bien esta iniciativa es un gran paso respecto al marco legal informático hacia el que debe apuntar Chile, el académico señala que hay muchas tareas pendientes respecto a la privacidad de datos de los personas: “actualmente tenemos un marco legal deficitario. Los ciudadanos están desprotegidos frente al uso que se hace de sus datos. Hoy es posible acceder a datos crediticios, conocer los medicamentos que las personas consumen regularmente, recuperar saldos y deudas financieras. En la actualidad toda esta información se puede transar comercialmente sin que existan penas asociadas”.