Aborto: ¿Dónde quedó la salud pública?

Por Dr. Miguel Kottow
Universidad Central de Chile

La validación constitucional de la ley sobre interrupción de embarazo en tres causales cierra, por de pronto, el debate que ha sido, en todo momento, más vehemente que coherente. A nadie ha convencido que no tuviese ya posición anclada en la profundidad de sus creencias y emociones. Abundaron lo epítetos carentes de substancia, desde la confusión entre zigoto, embrión y feto, hasta quienes mencionaron el aborto –por definición referido a embriones o fetos inviables- como tratamiento de eclampsia –que lleva a parto prematuro alrededor de las 34 semanas- o incluso mencionando el aborto pre-parto, lo cual es un expresión carente de sentido; se habló de aborto libre, abortos forzados, homicidio, el zigoto como nasciturus, históricamente entendido como conceptus, y un contundente etc.

Ciertamente, cualquier decisión legal respecto al aborto procurado apaga llamas pero deja brasas al rojo, que siempre vuelven a encender un fuego. Solo muy tangencialmente hubo referencias al problema de salud pública del aborto clandestino, que en otras latitudes fue el principal argumento para modificar legislaciones vigentes (Italia, Francia). Las escasas menciones variaron desde pronosticar que la clandestinidad aumentaría por esta ley restrictiva, hasta quienes daban por resuelto el tema gracias a las ventanas de permisión de la ley.

Es preciso llevar una estadística rigurosa sobre los casos de abortos médicamente inducidos a solicitud de la mujer en cumplimiento de las circunstancias que la ley contempla. Es el único dato cuantitativo que dará substancia al análisis acaso la ley resuelve el tema de los así llamados embarazos problemáticos o vulnerables, o si solo despenaliza oficialmente lo que la lex artis médica practica, no por solicitud de la mujer (decisión autónoma), sino por indicación médica (consentimiento informado), dos asuntos claramente distintos, aunque nada esclarecidos al fragor de las disputas.