Por Dr. Franco Lotito C. – www.aurigaservicios.cl
Académico, escritor e investigador (PUC-UACh)
Cuando se pregunta a las personas qué es lo que ellas entienden por “abuso de poder”, las respuestas no se hacen esperar:
- “Abusar de un cargo o posición para beneficio personal y/o familiar”.
- “No respetar los derechos de los demás”.
- “Practicar la injusticia con personas que no tienen recursos o que no se pueden defender”.
- “Aprovecharse del poder que se tiene para dañar a otros”, etc.
Pues bien, el abuso de poder en la vida diaria de las personas se ha convertido en estos últimos años en una amarga y frustrante experiencia, ya que alrededor del 80% de los chilenos declara haber vivido en más de una oportunidad algún tipo de abuso.
De acuerdo con una investigación periodística, el abuso sistemático está muy extendido en nuestro país, desde las AFPs con sus pensiones miserables y de hambre, pasando por los excesivos costos de los planes de salud de las Isapres, los abusos en el cobro de intereses de los bancos e instituciones financieras, el abuso de las empresas de luz y agua potable que entregan boletas abultadas y que nadie puede explicar, continuando con los actos abusivos y de corrupción de la clase política sin distinción de ideología o color político, los innumerables abusos cometidos por sacerdotes católicos en contra de menores de edad, siguiendo con los grandes abusos, colusiones y concertaciones de precios que afectaron –y siguen afectando– a millones de chilenos por parte de las cadenas de farmacias, supermercados, empresas productoras de pollos, de carne de cerdo, papel higiénico, empresas del retail, multitiendas y telecomunicaciones, los abusos de empresas aseguradoras que no pagan los siniestros cuando éstos se producen, los abusos de las inmobiliarias que no responden por casas mal construidas, el abuso de empresas cobradoras y financieras que pueden llamar 10 veces al día al deudor de turno hasta enfermarlo, el cobro de abultadas deudas universitarias por el derecho a estudiar, los cobros usureros que realizan las clínicas privadas por el más simple de los exámenes clínicos con hasta un 400% de recargo en los precios, los abusos de jueces corruptos que imparten injusticia y que practican el nepotismo y la prevaricación.
El verbo abusar se define como “el acto de aprovecharse en forma indebida y excesiva de una persona o grupo de personas en beneficio propio”, y como sinónimo se entregan los siguientes conceptos: atropellar, excederse, violar, forzar, extralimitarse. El abuso también puede entenderse como el acto de infligir daño, tanto físico como psicológico, a una persona, o bien, de una autoridad a un subordinado tal como sucede en algunas empresas e instituciones a través del acoso laboral y sexual de un jefe hacia un colaborador.
Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo arriba señalado –que, por lo demás, son datos muy fáciles de verificar– pronto advertiremos que el abuso está enraizado en nuestro país y se ha hecho cada vez más frecuente, desparramándose el abuso como flechas envenenadas que caen sobre millones de chilenos, cuyo pensamiento más recurrente es: “¿por dónde me van a cagar?”, es decir, una gran mayoría de los ciudadanos chilenos vive con el sentimiento de estar siendo objeto de atropellos y abusos, o bien, de pensar que van a ser muy pronto la “presa preferida” de alguna autoridad, institución o empresa abusadora.
El profesor universitario y abogado constitucionalista, Fernando Atria Lemaitre, asegura que lo que más ha crecido en estos últimos años “es el abuso, el abuso institucional, el abuso del poder económico, el abuso de los poderes fácticos”, a lo que se suma la total impunidad con la que operan políticos, empresarios, autoridades eclesiásticas, miembros de las fuerzas armadas y carabineros, etc. Se da el vergonzoso caso de los poderosos dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, quienes, luego de estafar al Fisco por miles de millones de pesos, su gran “castigo” por parte del juez de turno consistió en ser enviados a… ¡clases de ética! Así da gusto estafar, mentir, engañar y robar a destajo.
Para qué hablar de los abusos sexuales por parte de sacerdotes y altos jerarcas de la iglesia católica, a los que ahora se suman algunos pastores evangélicos, que usan su “influencia espiritual” en su feligresía para abusar sexualmente de niños y jóvenes.
También tenemos los reiterados abusos por violencia intrafamiliar en contra de numerosas mujeres, muchos de los cuales terminan en femicidios. O los despreciables abusos de las AFPs, las cuales, no obstante las multimillonarias utilidades que obtienen cada año a costa de sus afiliados, pagan pensiones que sólo pueden ser catalogadas de “miserables” y de “hambre”. Como muestra de un botón: la Superintendencia de Pensiones publicó en junio de 2019 un documento titulado “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía”, el cual reveló, que el promedio total de las pensiones en hombres fue de $290.170, en tanto que el promedio de las mujeres fue de $176.856, cifra que representa una gigantesca brecha de casi un 40% con respecto a los hombres. Montos que son justo… para morirse de hambre.
La última gracia en cuanto a muestras olímpicas de abuso la hizo, una vez más, la (mala) clase política chilena, la cual, aprovechándose de sus privilegios y posiciones de poder, se dio el lujo de no pagar las contribuciones de bienes raíces de sus numerosas y grandes propiedades o, en el mejor de los casos, de pagar montos miserables para efectos de guardar las apariencias. Lo anterior, lo demostró el reportaje de Informe Especial de TVN, realizado el día jueves 12 de noviembre de 2020 por la periodista de investigación Paulina de Allende-Salazar, quién dejó con el “pompis” al aire a una larga lista de (des)honorables diputados y senadores, quienes, a pesar de sus infladas “obesidades” parlamentarias –ellos las llaman eufemísticamente “dietas”– no pagan las contribuciones de sus casas y propiedades. En cambio, si un chileno “patipelao” cualquiera no paga las contribuciones, su casa es, simplemente, embargada y rematada. Si esto no es otro gran abuso más por parte de los poderosos y privilegiados de este país, no sé cómo llamarlo.
Según Informe Especial de TVN, aquí algunos nombres de los ilustres y (des)honorables diputados y senadores que no pagan –o lo hacen en su grado mínimo– sus contribuciones: Alejandro García Huidobro (UDI), Isabel Allende Bussi (PS), Adriana Muñoz, (PPD), Natalia Castillo (RD), Juan Pablo Letelier (PS), Issa Kort (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Juan Enrique Castro (RN), Leonidas Moreno, Alexis Sepúlveda, Jorge Durán, etc., etc., etc.
Hace algunos años, dejaron con el “pompis” totalmente al aire a Ricardo Lagos padre, Ricardo Lagos hijo y a Sebastián Piñera por no pago de contribuciones durante 30 años por su casa en Caburgua, a Michelle Bachelet con el bullado y vergonzoso caso Caval y… para qué continuar. La frase de cierre sólo puede ser: “Los abusos: una triste realidad chilena”.
Si hay algo que a la gente le satura, indigna y molesta, esos son los abusos, vengan de donde vengan, ya sea que se trate de nuestra (mala) clase política, de los grandes empresarios, cadenas de farmacias, AFPs, Isapres, autoridades de gobierno, instituciones públicas, etc., etc. Esperemos que no se tenga que llegar a lo que hizo el pueblo de Guatemala que terminó incendiando el Congreso de su país en rechazo a los abusos por parte de su propia clase política y empresarial.