Por Neida Colmenares
Académica de la Universidad Central y Red de Politólogas
Entre 2017 y 2024 la población migrante habilitada para sufragar en Chile pasó de 267.116 a 786.446 personas. Este último dato corresponde al 5.1% del padrón electoral nacional vigente. El 77% de este voto migrante se distribuye entre peruanos (24%), venezolanos (22%), colombianos (12%), haitianos (10%) y bolivianos (9%).
En cuanto a la geografía del voto migrante, si bien el 66% está en la Región Metropolitana, también es cierto que, al revisar los datos con perspectiva territorial, es decir, al estimar la participación del voto migrante respecto al padrón regional donde se ubica, destaca que en la Región Metropolitana y en Arica y Parinacota este voto tiene un peso total de 8.6% y 8.8% respectivamente, mientras que en Tarapacá alcanza un 15% y en Antofagasta un 13.4%. También es significativo el peso del voto migrante respecto al total de electores locales en las comunas de Santiago (33%), Independencia (32%) y Estación Central (21%).
Sobre la participación política de la comunidad migrante, en general es poca la evidencia disponible para caracterizarla. No obstante, los datos del Plebiscito del 2022 muestran que la participación de los extranjeros para esa elección fue de un 61%, mientras que para los nacionales fue de un 87%, con lo cual se produjo una brecha de 26 puntos, y esto, en un contexto de voto obligatorio e inscripción automática de todo el padrón electoral.
Al respecto, el Estado debe informar y promover el ejercicio pleno de los derechos políticos de todos sus ciudadanos. En Chile, conforme a lo planteado en los artículos nro. 14 de la Constitución, y nro. 174 de la Ley 21.325, los extranjeros con cinco años de avecindamiento (contados desde la primera visa temporal) pueden votar en las elecciones de todos los niveles políticos administrativos del país. Esto lleva a que la legislación chilena sea un referente internacional en cuanto a favorecer el acceso a los derechos políticos de las personas migrantes.