Por Roberto Gormáz Araya
Economista – Académico
Ingeniería en Administración de Negocios Internacionales
Universidad Viña del Mar
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas a cargo de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones, cuyo capital proviene del 10% del ingreso mensual de los cotizantes. Este sistema, perfectible, ha causado diversas críticas respecto a su funcionamiento, sin embargo, esta situación de crisis sanitaria – económica presenta una oportunidad para rectificar el modelo, democratizando el uso de ahorros como una herramienta de estabilidad macroeconómica y rentabilidad futura.
Debido a la contingencia nacional diversas empresas consideradas como “estratégicas” corren riesgo de continuidad, por lo que el Gobierno estudia un salvataje económico, sin embargo, en términos simples esa intervención significaría utilizar el dinero recaudado de los contribuyentes mediante impuestos y direccionarlo al sector privado, dinero el cual en estos momentos debería priorizarse para robustecer al sistema de salud e ingresos familiares de emergencia para sobre llevar una cuarentena de manera digna.
En este sentido, el camino debería ir hacia la opción de “extraer” de hasta el 10% del ahorro total individual acumulado, esto con el propósito exclusivo de invertir en las empresas estratégicas de carácter nacional, haciéndose propietario el contribuyente y no la AFP de las acciones adquiridas con dichas inversiones.
Una estrategia como ésta tendría efectos en el corto y largo plazo. En una primera instancia permitiría una capitalización rápida a empresas de carácter estratégicos que se encuentren en riesgo de quiebra y cuyos empleos directos e indirectos estén peligrando. Además, entrega holgura a la billetera fiscal para realizar gastos que permitan controlar los efectos microeconómicos de la pandemia como lo son el ingreso familiar e insumos médicos.
A largo plazo le daría a los cotizantes rentabilidades provenientes del incremento del valor de sus acciones, las cuales pueden ir directo a su fondo de pensión o bien al pago de deudas, tales como créditos hipotecarios, deudas de salud o incluso el crédito con aval del Estado.
La participación activa de los ciudadanos fomentaría la democratización del sistema de AFP, disminuiría las asimetrías de información respecto a metodologías de inversión y, con ello, incrementaría la competitividad entre las firmas.