Por Richard Quinteros, académico carrera de Pedagogía en Educación Diferencial UDLA Sede Viña del Mar
Para las personas que trabajamos en educación, el proceso social de la inclusión debe ser abordado desde una perspectiva amplia, abarcando todos los grupos que históricamente han sido excluidos y segregados, entre ellas personas de las Diversidades Sexuales y de Género (DSG).
Mundialmente, de manera periódica, se realizan manifestaciones políticas y culturales por los derechos de esta población. Pese a eso, siguen existiendo situaciones de violencia en la sociedad en general y en las comunidades educativas.
Nuestra normativa al respecto es clara. La ley 20.609 establece medidas contra la discriminación hacia las diversidades, pero lamentablemente la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó su reforma. También, la ley 21.430 instaura garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, considerando a las DSG. En el ámbito escolar la Circular 812 garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y estudiantes, mientras que la Circular 707 dispone la aplicación de los principios de no discriminación e igualdad de trato. Como material formativo, el Ministerio de Educación (Mineduc) junto al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y otras organizaciones, elaboraron las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno”.
Queda en evidencia la obligación de garantizar el derecho a la educación de las personas de las DSG, en la educación regular, especial y en los diferentes niveles educativos. Pero se presentan desafíos como incorporar estos temas en los reglamentos y protocolos de los establecimientos, la necesidad de que cada estamento maneje la normativa nacional para respetarla y ponerla en práctica, difundir y utilizar las orientaciones disponibles, prevenir y sancionar cualquier tipo de vulneración o violación de derechos y abordar sistémicamente el acoso escolar. En complemento, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) debería considerar en su oferta formativa el acompañamiento a estudiantes de las DSG.
El Mineduc comenzó a implementar la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y lanzó la Consulta Pública sobre la propuesta de la Actualización Curricular de las Bases Curriculares. A su vez, el pasado 5 de junio presentó un proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, inspirado en la historia de José Matías, joven trans que se quitó la vida debido al bullying en su colegio.
Es de esperar que, en un futuro cercano, todas estas acciones contribuyan con el respeto que merecen estudiantes, familias, trabajadoras y trabajadores de la educación de las Diversidades Sexuales y de Género.