El mejor ejemplo de ello está dado por los gobiernos de Brasil y Chile, íconos del neoliberalismo salvaje en la región
Por Arturo Alejandro Muñoz
Columnista Granvalparaiso.cl
Resulta imposible negarlo. El neoliberalismo no puede prosperar sin destrozar, arrasar y aniquilar el medioambiente, así como también le cuesta mucho funcionar sin narcotráfico. Es parte de su naturaleza, ello forma cuerpo en su esencia como sistema. Tal vez sea el corazón del mismo, o quizá el alma.
Como corolario de lo anterior, las tiendas políticas derechistas de Sudamérica aman el destrozo del medioambiente; según ellas, lo hacen “en beneficio de la producción y el desarrollo”, la libre competencia, el mercado, y todas esas cuestiones que se enmarcan dentro de la Economía, para lo cual esgrimen argumentaciones tan extrañas como una mermelada de lluvia. En este caso, de palabras rimbombantes cuyos significados sólo ellos, los economistas, entienden, aunque tampoco saben bien para qué sirven, pues ni siquiera pueden asegurar que aplicándolas se resolverá el problema de la pobreza y la desigualdad.
Lo dicho, a la derecha sudamericana le encanta hacer pebre el medioambiente.
Hasta el día anterior del ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la mitad de las especies de árboles de la Amazonia se encontraba en peligro de extinción. A ese ritmo de deforestación, antes de 20 años el 57% de aquella gigantesca zona estaría en alerta roja amenazada por la muerte de la mitad de las especies existentes. Bolsonaro y la derecha brasileña quieren apurar el tranco y ayudar a la Amazonia a morir con rapidez. El actual gobierno del ex capitán de ejército autorizó con bastante ‘orgullo patrio’ la invasión de empresas y aventureros a la zona, para que desforesten y exploten todo lo que sea posible de explotar.
El llamado “pulmón verde” del mundo sufre hoy la tala masiva de muchos de sus árboles. Organizaciones preocupadas del cuidado y conservación del medioambiente aseguran que cincuenta y dos millones de árboles son talados cada hora en la Amazonia. Sí, leyó bien, 52 millones de árboles en cada hora. Una brutal estupidez que comienza a convertirse en crimen contra la Humanidad.
No se detiene allí esta desgracia, pues muchas de las tribus amazónicas –como los Awá y los Guajajara- han comenzado a organizarse portando armas convencionales (escopetas, rifles y pistolas), y otras que no lo son (arcos, flechas y machetes), dispuestos a defender los terrenos que han ocupado por siglos, pero que entusiasman a empresas depredadoras, madereros furtivos y bandoleros, quienes pujan por meter máquinas, derribar árboles y horadar la tierra en busca de minerales. El mundo sufre mirando la agonía del gran pulmón verde y su propia decadencia. En cambio, la derecha brasileña -y la del subcontinente- aplauden porque a esa masacre y brutalidad la consideran “desarrollo”.
La tragedia que viven algunas tribus amazónicas, en pleno siglo veintiuno, es un asunto casi olvidado (mas, no desconocido) por las grandes organizaciones supranacionales, menos por Greenpeace, que en su página web. es.greenpeace.org, informa lo siguiente:
“Brasil es el país que alberga la mayor parte de la selva amazónica, pero la deforestación y la degradación forestal es un problema crónico. La expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja y la creación de pastos para la ganadería es la principal responsable de este problema. También, la explotación forestal industrial, en gran parte ilegal, abre el camino a la destrucción posterior mediante el uso del fuego. Otra gran amenaza son los grandes proyectos hidroeléctricosque amenazan toda los valiosos ríos de la cuenca amazónica, como el complejo de presas proyectadas en la cuenca del río Tapajos, hogar de la tribu Mundurukú”.
Miles de kilómetros al sur de lo anterior, otras acciones predadoras se llevan a efecto ‘oficialmente’. Es en Chile donde el sistema neoliberal alcanzó grados de salvajismo en las materias que invocan estas líneas. El pequeño país andino (su población alcanza solamente a dieciséis millones de habitantes) es considerado ‘laboratorio de prueba’ por las multinacionales y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprovechando que la sociedad civil chilena quedó prácticamente “amaestrada” luego de diecisiete años de una cruel dictadura., y que pese a estar nuevamente en democracia continúa semidormida e increíblemente temerosa de las reacciones de sus propias fuerzas armadas, lo que permite a unas venales y corruptas cofradías políticas y empresariales experimentar aquello que proponen Washington, el Banco Mundial y el FMI.
Los gobiernos chilenos, asociados en lo que la prensa independiente bautizó con el nombre de “duopolio binominal”, siguieron (y siguen aún) al pie de la letra las indicaciones y ‘consejos’ de las transnacionales y de EEUU, soslayando dramáticamente las consecuencias medioambientales que se derivan de esas acciones, que son voluminosamente rentables para las sociedades empresariales, pero dañinas y gravísimas para la población en general, y para el futuro de esa república. El siguiente listado de daños es incluso insuficiente para demostrar lo dicho.
Empresas mineras, en el norte y centro del país, ocupan más del 50% de las aguas de ríos y lagunas, contaminando el resto de ellas con el vaciamiento de materiales tóxicos que aumentan la tragedia de pequeños agricultores sitos en los valles cercanos, quienes ven reducidos los volúmenes de agua para el riego y, además, envenenados sus sembradíos.
Empresas mineras como las existentes en el centro norte, que han dejado sin agua dulce a miles de personas, obligándolas a recurrir a camiones aljibes provenientes de comunas aledañas para surtirse de vital líquido. Todo ello con el consentimiento del gobierno de turno. Petorca es el mejor ejemplo.
Entregar el mar y sus productos a manos de siete familias, es sin duda un desquiciamiento político-económico que tendrá severas y graves réplicas en los asuntos medioambientales a mediano y largo plazo, además del desastre que ello significa para cientos de familias dedicadas a la pesca artesanal que constituye su sustento.
Destrucción de glaciares por parte de empresas transnacionales que explotan recursos mineros en la alta cordillera (cordillera de los Andes), una d ellas, frente a Santiago, la capital del país.
Envenenamiento de ríos y lagos realizado por empresas madereras en el sur del país, sacrificando el medioambiente donde habitan pueblos, comunidades y ciudades. Deforestan extensos bosques de árboles nativos reemplazándolos por maderas de rápida industrialización, como los pinos.
Instalación de tóxicas y contaminantes termoeléctricas en zonas de muy fino equilibrio medioambiental, donde existe una fauna que es exclusiva de aquellos lugares, y por lo tanto única en el mundo, destrozando ecosistemas y poniendo en grave riesgo la salud de la población.
Intoxicaciones masivas en ciudades como Quintero, provocadas por industrias que son altamente contaminantes, pero el gobierno de turno (el de Sebastián Piñera en este caso) opta por apoyar a esas empresas y dejarles puertas abiertas para seguir ’produciendo’ (ergo, contaminando).
Vaciamiento de líquidos tóxicos a ríos y al mar, efectuado por diversas empresas, tanto madereras, mineras y salmoneras, con el silencio cómplice del estado.
Lo dicho, al neoliberalismo y a la derecha chilena también les parece normal y necesario destruir el medioambiente para que algunas corporaciones y empresas (privadas, por cierto), puedan llenar sus faltriqueras a costa de la salud de la población y del futuro del país.
En este salvajismo no están exentas de culpa la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, pues a pesar de no pertenecer a la derecha propiamente tal, se casaron con el neoliberalismo transformándose en sus mejores administradores, así como en sólidos defensores de la expoliación de recursos naturales y la concentración de la riqueza en pocas manos. No son derechistas, pero son fuertemente ‘neoliberalistas’, lo que a fin de cuentas en materia económica y medioambiental viene a ser lo mismo.