Piñera en la Araucanía: ¿mi paz os dejo, mi paz os doy?

La “paz” que promete Piñera en la Araucanía es falsa, de falsedad absoluta. Se trata de una maniobra belicista tendiente a consolidar la apropiación de territorios históricamente ilegal cometida por algunas grandes empresas, en las que amigos y asociados del mandatario (y quizá él mismo) poseen intereses económicos en juego

Por Arturo Alejandro Muñoz
Columnista Granvalparaiso.cl

Avanzado el primer siglo de colonización, los invasores españoles sospecharon que sería punto menos que imposible prosperar en la ocupación de zonas dignas de poblarse en el territorio del wallmapu si la única estrategia continuaba siendo la guerra desatada. Ese wallmapu abarcaba el cono sur de América, desde el Atlántico al Pacífico, y en el caso chileno comenzaba –en estricto rigor- en las riberas del río Maule.

Los soldados del ejército perteneciente al imperio más poderoso del planeta en aquella época (donde el sol jamás se ocultaba en los dominios del monarca), barruntaron que la paz la ganarían sólo si también cedían algunas cuestiones que eran principales para los pueblos originarios.

Nacieron entonces los “Parlamentos”. Tú das, yo doy. La paz es un acuerdo de intereses más que simple intención o buena voluntad, pues si ella es impuesta mediante la fuerza se convertirá solamente en un paréntesis de la guerra.  Todo tratado entre naciones apunta a consolidar acuerdos que logren superar las épocas y los siglos asegurando paz y armonía para sus pueblos. Los ‘parlamentos’ procuraban lo mismo, y en gran medida lo lograron pues España reconoció oficial e internacionalmente la existencia, territorios  y derechos de la “nación mapuche” (Parlamentos de Quilín y de Negrete).

Cuando  Chile se independizó,  las ambiciones por acaparar tierras fértiles sin tener que pagar demasiado por ellas fue una de las principales características de la clase oligárquica criolla  dueña del dinero y del comercio. Los antiguos ‘parlamentos’ y sus acuerdos fueron rápidamente violentados por las nuevas autoridades. Esta vez los ‘emprendimientos’ de los noveles delincuentes estuvieron protegidos por fuerzas del ejército y por mercenarios que invadían zonas del histórico wallmapu para arrasar, asesinar y saquear todo aquello que tenían al alcance de la mano.

Un pedagógico artículo escrito por Carlos Tortín (publicado por POLITIKA) señala que en el año 1825 el estado chileno celebró con la nación mapuche el Tratado de Tapihue, que en lo principal acordó poner fin a 14 años de guerra entre la naciente República de Chile y la Nación Mapuche. En 33 artículos se acuerda desarrollar una convivencia pacífica y se delimitan claramente las fronteras. Hay dos artículos de este Tratado, que resultan necesarios de ser destacados.

Art.18 Los Gobernadores o Caciques, desde la ratificación de estos tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los territorios de su dominio, por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos.

Art.19 Haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían de una y otra parte, queda establecido que el chileno que pase a robar a la tierra y sea aprehendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere; así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del BioBio, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos que, a su vez, constituyen dos naciones.

La vigencia de esos Tratados Internacionales fue respetada por el Estado chileno hasta que los dueños del capital y sus aliados extranjeros decidieron expandirse, tanto hacia el norte como hacia el sur, en la segunda mitad del siglo XIX.

En octubre de 1883 se firmó con el Perú el Tratado de Ancón, con el cual se pone fin al conflicto bélico de la Guerra del Pacífico o Guerra del  Salitre (1879-1883) y que permitió a Chile adueñarse ad eternum de la región de Tarapacá. Tiempo después, en 1884, se firma el tratado de paz con Bolivia y Chile queda como dueño absoluto de la que hoy es la región de Antofagasta.  Por otra parte y casi simultáneamente, en 1883, se celebra el último Parlamento entre el gobierno chileno y el pueblo Mapuche, el que se comprometió a abandonar las armas y procurando consolidar una paz verdadera, entregó al estado chileno parte de sus tierras ancestrales por las que había luchado durante más de tres siglos.

Se funda entonces la ciudad de Temuco y a través de este acuerdo, conjuntamente con el término de la Guerra del Pacífico, nuestro país se adueñó de vastas extensiones territoriales que necesitó poblar lo más rápidamente posible, ya que la baja densidad poblacional del país permitía la existencia de enormes vacíos demográficos en zonas realmente apetecidas por capitalistas, pero al no contar con una densidad poblacional significativa se suscitaba un real peligro para quienes deseasen invertir allí.

De ello se encargaron el presidente Domingo Santa María y la Sociedad Nacional de Agricultura, la que abrió oficias en Alemania, Italia, Suiza y Francia, creando mecanismos para traer nuevos colonos, árabes principalmente (de las regiones que hoy son Jordania y Palestina), los que son instalados en los territorios nortinos agenciados luego de la guerra con Perú y Bolivia.

Huno un detallado, meticuloso y tenaz trabajo de la oligarquía chilena para separar a los inmigrantes árabes de aquellos que había llegado desde Alemania (misión de Vicente Pérez Rosales) y que habían sido instalados en la zona sur, específicamente en territorios que pertenecían (y en otros que habían pertenecido) al wallmapu mapuche.  Aprovechando estos enviones ‘oficiales’ muchos representantes de la oligarquía criolla decidieron asignarse también –a bajísimo costo, por cierto- territorios en la Araucanía, mediante el establecimiento de compras fraudulentas con las que se despojó a las poblaciones originarias de aquellos territorios que poseían desde muchos años antes de la llegada del invasor español.

Ha pasado más de un siglo desde esos últimos eventos y la situación problemática continúa enhiesta y vigente.   Los gobiernos chilenos a lo largo del siglo veinte y en lo que va transcurrido del actual, no han sido capaces de llegar a acuerdos con una nación que no solamente lleva más tiempo ocupando esos territorios sino, además, es más antigua que la chilena y la argentina propiamente tales.

En honor a la verdad hay que reconocer que la mentada situación ha empeorado en estos últimos años. Los dirigentes mapuche exigen la devolución de sus tierras ancestrales, muchas de las cuales se encuentran en poder de gigantescas empresas forestales y de enriquecidos terratenientes. La violencia comenzó a campear dado que la voluntad política de los gobernantes y de los legisladores ha brillado por su ausencia, lo que permitió a ciertas empresas agenciarse territorios por los que no tuvieron consideración alguna al momento de arrasar flora nativa en procura de instalar bosques que propician “madera negociable” en el menor tiempo posible.

Entonces, el actual presidente de la república, Sebastián Piñera,  representante fidedigno de la oligarquía mercantil y especuladora, decidió realizar una nueva invasión armada a la Araucanía. Con el traslado de cien carabineros apertrechados con armamento de guerra consistente en tanquetas, tanques blindados anfibios, drones, etc.,  el primer mandatario asegura “dar una lucha sin cuartel al terrorismo y llevar paz duradera a esa zona”. Cuenta para ello con el grupo armado conocido como “Comando Jungla”, bautizado así debido a que esos carabineros fueron a Colombia a especializarse en el combate contra el terrorismo y la guerrilla en medio de la selva de ese país hermano. Además, del mentado “Comando” este grupo es sólo la avanzada, ya que Piñera manifestó que se irá incrementando su número en los próximos meses.

El pueblo mapuche, el del amplio wallmapu a ambos lados de la cordillera de los Andes y que en nuestro país constituye directa e indirectamente casi el 10% de la población (CASEN 2015),  cuenta con importante apoyo de organizaciones supranacionales, además del aval que le proporcionan los tratados que oficialmente suscribieron los gobiernos chilenos en organizaciones internacionales, comprometiéndose a cumplir muchos de los puntos que, paradójicamente, hoy se están incumpliendo.

La “paz” que promete Piñera en la Araucanía es falsa, de falsedad absoluta. Se trata, en estricto rigor, de una maniobra belicista tendiente a consolidar la apropiación de territorios históricamente ilegal cometida por algunas grandes empresas, en las que amigos y asociados del mandatario (y quizá él mismo) poseen intereses económicos en juego.

El presidente optó por el no diálogo, el irrespeto a los acuerdos, decidiendo emitir una declaración de guerra, y de ello no cabe duda. Esa es la paz que la Moneda ofrece a la nación mapuche. En el palacio de Toesca aseguran que en este caso el fin justifica los medios. ¿Pero, quién y cómo justifica el fin?

Los chilenos estamos expectantes… el mundo está expectante. No se sabe si la nación mapuche bajará la cabeza y abandonará su lucha, o por el contrario, aceptará la declaración de guerra aún a riesgo de poner en jaque la vida de cientos de los suyos… y de otros inocentes que podrían caer abatidos por acciones violentas ejecutadas por las fuerzas en pugna.  El estado chileno tiene la fuerza de las armas… la nación mapuche posee más de trescientos años de experticia en batallas por su mapu.

Pobre Chile… arrastrado a una violencia sin fronteras para privilegiar a quienes se han enriquecido hasta el hartazgo pero ambicionan más y más.  Esta Historia continúa, pues ella parece nunca terminar.