Por Rafael Pastor
Director Escuela de Derecho, U. Central
Tony Blair afirmaba en una entrevista el 2013 que la diferencia entre ser oposición y gobierno es bien sencilla. En la oposición uno se levanta todas las mañanas preguntándose “¿Qué voy a decir?”, en cambio en el gobierno uno se pregunta “¿Qué voy hacer?”. Ambas realidades son bien diferentes pero muy necesarias para la Democracia.
No cabe duda que ser oposición es mucho más fácil que ser Gobierno. En este sentido el Frente Amplio (FA) al no apoyar directamente a la candidatura de Alejandro Guillier ha entendido bien lo que manifestó Tony Blair, es decir, que el ejercicio de gobernar por su complejidad exige capacidades que ellos como conglomerado político aún no poseen y que además genera costos que los mismos no están aún dispuestos a pagar. En definitiva el FA ha optado por la comodidad del decir desde la oposición, frente a la exigente invitación de Guillier de hacer desde un eventual gobierno suyo.
Sin perjuicio de quien sea el próximo Presidente de la República, cabe recordar que todo gobierno busca la adecuada concreción de ciertos impactos públicos por diversos medios, para los que debe necesariamente recurrir a nuestra dispar y algo envejecida administración pública para darle operatividad al ciclo de las políticas públicas, como también gestionar la provisión de la defensa nacional, salud, justicia, entre otros.
Ahora bien, no cabe duda que los problemas públicos que enfrentará el nuevo gobierno serán extraordinariamente complejos y por ende requerirán de soluciones (productos y servicios) que exigen insumos cuyo origen son mucho más intersectoriales que en el pasado. Políticas como la protección de la infancia (reforma al Sename) o la misma reforma educacional son buenos ejemplos de esta necesidad.
Lamentablemente existe una tendencia entre los políticos en conceptualizar el ciclo de la política pública como un proceso lineal y secuencial formado por etapas claras y distintas. No obstante, la realidad nos muestra que las políticas públicas no se encuadran exactamente dentro de esta clasificación, y responden más bien un proceso iterativo, ‘poco claro’ y sin reales divisiones, vale decir, se trata de un proceso caracterizado por un flujo constante de toma de decisiones, asimetrías de información, costos de transacción , instancias de veto, y negociaciones de poder.
Asimismo, debe tenerse presente que los políticos, legisladores y muchos expertos tienden a darle más importancia al diseño y evaluación de las políticas públicas (el “que”) que a su implementación (el “como”). Contrario a lo que pasa en el sector privado, las personas más calificadas en el sector público por lo general prefieren estar en el diseño o la evaluación de las políticas públicas que ser parte del engorroso proceso de su implementación.
Si el próximo gobierno desea realmente lograr los resultados que se ha propuesto, debe por tanto tener presente estos hechos y poner toda su energía para mejorar la gestión e implementación de sus políticas, lo que en definitiva implica abocarse más al rigor del ‘cómo’ que al glamour del “qué”.
Si no se cambia el enfoque hacia mejorar efectivamente la capacidad operacional del centro del gobierno y su coordinación intersectorial con los diversos servicios públicos y gobiernos regionales/locales, los resultados esperados por la agenda de cualquier gobierno nuevo no se van a cumplir, ya que el mismo sucumbirá frente a la complejidad de la acción conjunta que implica la implementación de políticas públicas y el agotador arte de gobernar.