Alto oficial militar brasileño dice: “Lula va preso o nos hacemos cargo nosotros. Sólo queda la intervención militar”. ¿No funcionan las instituciones en el gigante sudamericano?
Por Arturo Alejandro Muñoz
Columnista Granvalparaiso
Malos aires y peores pronósticos ha tenido la democracia en estos últimos meses en Sudamérica.Un golpe ‘blando’ efectuado por la derecha destituyó a una presidenta, mientras otro golpe del poder judicial condena al principal opositor y favorito para las elecciones, y un golpe militar amenaza tomar las armas en caso que ese opositor no sea sancionado por la justicia.
Agréguese a ello los escándalos acaecidos en Ecuador, con Lenin Moreno, y en Perú con Pedro Pablo Kuyczinsky, para completar el cuadro de debilidad que presenta el sistema democrático institucional en la región. Y si a lo ya anotado sumamos las realidades de Venezuela y de Colombia, el panorama es definitivamente desesperanzador.
Pero, es en Brasil donde Latinoamérica podría comenzar a vivir otra de sus negras noches. Allí destituyeron a Dilma Roussef por un arreglo contable (delictual a todo dar, por cierto) que era de común ocurrencia en todos los gobiernos precedentes, a la vez que a Lula da Silva lo condenan por indicios más que por hechos concretos; junto con ello militarizan los sectores pobres de Río de Janeiro dando pábulo a la intervención militar en la vida ciudadana, y a ese preámbulo se agrega el que Luiz Gonzaga Schroeder – general de Ejército- lanza amenaza abierta y pública a los magistrados del tribunal superior brasileño si ellos no sancionan a Lula tal como él desea.
Es verdad que fue durante las administraciones de Lula da Silva y de Dilma Rousseff que aparecieron los graves hechos de corrupción comprometiendo a políticos de todos los partidos. La derecha brasileña estaba metida en ello hasta el tuétano… y la izquierda también. La mugre, la porquería, salió a flote y comenzó el juicio público, pero persiste una sensación de impunidad respecto de un sector de la política brasileña –la derecha- puesto que el sistema se ha empecinado en actuar severamente sólo con los ex presidentes Rousseff y da Silva.
La realidad brasileña es alarmante. Hay muchos hechos que deberían preocupar a la opinión pública internacional (en especial a la OEA), y los siguientes son sin duda los de mayor repercusión mediática.
-La concejala (Rio de Janeiro) Marielle Franco fue asesinada presumiblemente por fuerzas de la policía carioca.
-Gobierno empresarial brasileño ordenó la militarización de vastas zonas populares en Rio de Janeiro con el argumento de “luchar contra el narcotráfico”.
-‘Desconocidos’ dispararon a mansalva contra la caravana de Lula da Silva que estaba en campaña política.
-El Ejército bravuconea sin pudor alguno con dar golpe de estado si la Corte de Justicia permite la candidatura de Lula.
Es probable que el mentado candidato opositor (Lula) sea culpable de muchos de los cargos que se le atribuyen, pero ello resulta ser resorte exclusivo de la Justicia, lo que en un país democrático implica derecho a defensa y a juicio justo. Y ya que se habla de democracia, es obvio entonces aceptar que el poder judicial debe ser independiente del resto de los poderes del estado, y que sus conclusiones y sanciones no cuenten con la intervención de entes ajenos al poder judicial mismo.
Pero, los militares parecen pensar distinto al respecto. Según ellos (interpretando las amenazas de Gonzaga Schroeder), las instituciones de ese país son “soberanas e independientes” hasta el momento que entran en juego los intereses económicos de las poderosas megaempresas transnacionales, quienes a su vez son los patrones de la oficialidad de las fuerzas armadas, cuestión de la cual ya nadie duda. El caso PETROBRAS es ejemplo suficiente.
Mientras decenas de políticos y empresarios derechistas aparecían comprometidos severamente en la corrupción, los militares omitieron opiniones y callaron (como correspondía constitucionalmente). Sin embargo, apenas comenzaron a surgir nombres de políticos de izquierda, una especie de aleteo rumoroso se anidó en regimientos y cuarteles. Para esos sectores uniformados la corrupción es mala cosa, pero si en ella están imbricados algunos izquierdistas, la cuestión es de gravedad absoluta. En cambio, si sólo hay derechistas metidos en el baile, el asunto no es tan grave ya que “forma parte del normal quehacer del sistema neoliberal” (según los militares, claro).
Ego, para derechistas, megaempresarios y uniformados, las instituciones funcionan sólo para un lado… el de ellos. En este caso, les resulta inaceptable no sólo que Lula, pudiese quedar libre de culpas judicialmente, sino que continúe encabezando las encuestas de opinión para alzarse con la banda presidencial en las próximas elecciones.
En Chile ha habido escasas reacciones en el mundo político. Las dos más llamativas han correspondido a personeros de la antigua Concertación (Nueva Mayoría), como Ricardo Lagos y Juan Gabriel Valdés.
Dijo Lagos: “Su eventual encarcelamiento (el de Lula) y eliminación de la competencia electoral profundizará la fractura que atraviesa la sociedad brasileña. Lula es el liderazgo con mayor apoyo popular y espero y confío que las instituciones democráticas de esa gran nación corrijan estas graves decisiones”.
A su vez, el ex embajador chileno en EEUU, Juan Gabriel Valdés, cuyo nombre comienza a empinarse como posible postulante a la Moneda en el 2022, manifestó: “Triste y alarmante que jefes del ejército de Brasil emitan opiniones políticas amenazantes en un momento de crisis política como el actual. La democracia retrocede en la región. Cualquiera sean sus defectos, cuidemos la que tenemos en Chile”.
Nuestra cancillería –hasta este momento- ha mantenido un sonoro silencio al respecto. Pero, si por arte del birlibirloque el general Gonzaga Schroeder se declarase “progresista”, es asunto cierto que don Sebastián Piñera ordenaría a su ministro Ampuero entregar una rápida declaración oficial en defensa de la democracia brasileña, a la vez que lamentar profundamente la indebida e inconstitucional intromisión del ejército en asuntos públicos.
Sin embargo, ya que Luiz Gonzaga Schroeder y los megaempresarios no son ‘progresistas’ (y menos aún izquierdistas), nuestro gobierno entonces calla, acepta y, tal vez, apoya sotto voce este golpe blando neoliberal puesto en marcha por empresarios, jueces y militares brasileños, a objeto de dejar establecida con nítida claridad que el sistema neoliberal no requiere más administraciones ‘progresistas’, pues funciona mejor (corrupción y nepotismo mediantes) bajo la férula de sus propios dueños.
Lo que preocupa aún más, es que en Brasil se están cumpliendo 54 años del día en que se produjo el golpe militar encabezado por el general Humberto Castelo Branco que derribó el gobierno constitucional de Joao Goulart, dando inicio a la saga de violentas dictaduras en la región, incluyendo a la de Augusto Pinochet y sus secuaces.
Desde antes de ese mes de abril de 1964, la gente de derecha en el país del samba y del futebol aseguraba: “lo que es bueno para EEUU, es bueno para Brasil”. Ello tiene innegables réplicas en otras naciones. Chile no se excluye, por cierto.
Como en 1964, el fantasma del totalitarismo atemoriza nuevamente a gran parte de Sudamérica.