Por Francisco Ormazábal
Académico Facultad de Economía, Universidad Central
Los últimos resultados de la encuesta PISA Educación Financiera han sido objeto de análisis contingente y han dado mucho que hablar sobre el real nivel de alfabetización financiera de los chilenos, en especial de los jóvenes.
Ante todo, existe una variable que puede explicar en gran parte los malos resultados de dicha encuesta, ya que fue desarrollada en 2015 cuando ni siquiera había sesionado por primera vez la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, la cual busca consensuar y aprobar lineamientos de la Estrategia Nacional de Educación Financiera definiendo estándares de cumplimientos mínimos de los programas de educación financiera y coordinación de diversos actores y sus respectivos programas, cuya primera sesión fue el 5 de mayo de 2016. Por el contrario, muchos de los países participantes de esta encuesta en dicha fecha ya poseían una estrategia nacional de educación financiera.
Pero haber creado la Comisión Asesora para la Inclusión y Educación Financiera en búsqueda de una estrategia nacional, fue un tremendo avance para el desarrollo del país. Una muestra de aquello son los resultados de la Encuesta de Capacidades Financieras realizadas por la Superintendencia de Bancos de Chile (SBIF) en conjunto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) donde se observa que la educación financiera del país a nivel OCDE es superior a países como Reino Unido, República Checa y Brasil, y levemente inferior a Portugal y Países Bajos, evidenciando altos niveles de comportamiento, pero bajo nivel de actitud financiera.
En 2017, las cosas son muy diferentes al 2015. Las entidades estatales se están coordinando en pro de una estrategia nacional de educación financiera, pero aun este esfuerzo no es suficiente. Actualmente los mayores énfasis de educación financiera se concentran en los jóvenes, pero se está dejando de lado a los emprendedores.
Salvo contadas excepciones, no existen programas estatales dedicados a microemprendedores pese a lo que reporta un estudio realizado por el Ministerio de Economía, donde el 55% de los emprendedores posee escasos o nulos conocimientos financieros. Si este dato no es suficiente para justificar programas a microemprendedores, debemos considerar lo reportado por la IV Encuesta de Microemprendimiento, donde se contabilizan cerca de 2 millones de microemprendedores, de los cuales solo el 49% ha iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto implica que cerca de un millón de microemprendedores trabajan de manera informal. Las razones principales son que el microempresario no lo considera esencial para el desarrollo del negocio, o cree que por el tamaño de la empresa este trámite no es necesario, o simplemente para no perder los beneficios sociales. Claramente todos estos argumentos son por falta de educación económica financiera; son creencias por falta de información.
Es sabido que las microempresas son las que generan una gran parte del empleo en Chile, además los últimos meses las cifras de empleo se han movido principalmente por los empleos de cuenta propia, por tanto el Estado debe ser capaz de hacerse cargo de esta falta de información en los emprendedores y educarlos de buena manera para que los empleos de cuenta propia creados no sean solo transitorios sino que permanentes y sostenibles en el tiempo y empoderarlos en cuanto a conocimiento e información, de tal forma de que las decisiones que tomen sean lo más cerca al óptimo.