Por Miguel Ángel Durán
Director escuela de Minería, U.Central
Luego de meses de disputa, Codelco interpuso en Tribunales de Justicia una demanda de Nulidad de Derecho Público en contra del informe de auditoría No. 900 de mayo de este año. Más allá del contenido de dicho informe, Codelco busca obtener una resolución judicial respecto del marco normativo que se le debiera aplicar.
La cuprífera plantea que se rige por el DL 1.350, y no le son aplicables las disposiciones que se dicten para las demás empresas públicas; y que esto fue ratificado con Ley 20.392 que reformó su gobierno corporativo e hizo aplicables a la empresa las normas de la Ley de Sociedades Anónimas. Por otra parte, la CGR dice que de acuerdo a ley 18.575, Codelco forma parte de la Administración del Estado y que el artículo 98 de la Constitución Política, dice que la CGR ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración. También la ley 10.336 establece que las empresas del Estado quedan sometidas a la fiscalización de la CGR. Además, por lo dispuesto en el DL N° 1, de 1987, la CGR fiscaliza Codelco a través de Cochilco en lo referente al cumplimiento de sus objetivos, la regularidad de sus operaciones y a hacer efectiva la responsabilidad de sus funcionarios y directivos.
Más allá de quien tenga la razón, podríamos esperar hasta 3 años antes de saberlo, la verdad es que se está abriendo una fuente potencial de mayores conflictos futuros: Si Codelco decide no acatar la resolución de la CGR puede tener consecuencias por ello; otras empresas públicas podrían seguir caminos similares y el ciudadano solo ve a una gran empresa tratando de limitar sus controles. Por esto, ambas organizaciones deben retomar las conversaciones y llegar a un acuerdo por el bien superior de todo el país.