43 NORMALISTAS AYOTZINAPA: 8 MESES SIN RESPUESTAS CONCRETAS

Por Carmen Montes

México es considerado el segundo país con ciudades más violentas de Latinoamérica, de acuerdo con el informe 2015 publicado por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, mejor conocida como “Seguridad, Justicia y Paz”. Aunado a esta problemática, también presenta altos niveles de pobreza calculada en el 46%, y de pobreza extrema el 11%, de acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ayotzinapa, que es una población del estado mexicano de Guerrero, localizada en la ciudad de Tixtla de Guerrero, no escapa de esta realidad.

Una de las alternativas planteadas en la década de los 20 por los gobiernos posrevolucionarios de México, para darle oportunidades a las comunidades más pobres de acceder a una educación que ayudara al mejoramiento de sus vidas, fue crear las  escuelas normales rurales. Actualmente estas escuelas, (agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México-FECSM), luchan por sobrevivir y este es el motivo por el cual, todos los años los normalistas salen a las calles a efectuar sus protestas para exigirles a los gobiernos estatales que abran la convocatoria de nuevos ingresos para seguir operando, así como también el envío de los recursos financieros.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que se encontraban en  esta lucha desaparecieron tras ser atacado por la policía municipal de Iguala, estado Guerrero (sur de México). Según información de la Procuraduría General de la República, los estudiantes que fueron detenidos por la policía municipal, fueron entregados al Cartel de Guerreros Unidos. Esta agrupación afirma que los estudiantes fueron asesinados e incinerados  en un basurero del municipio Cocula; pese a conocerse esta trágica noticia hasta la fecha sólo se han hallado los restos del normalista Alexander Mora Venancio.

La Procuraduría General de la República informó que por este caso están detenidos 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 10 integrantes de Guerreros Unidos. También tienen responsabilidad, el exalcalde de Iguala; José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos privados de libertad, acusados de homicidio y crimen organizado.

Los familiares de las victimas de Ayotzinapa, continúan su lucha incansable por hallarlos con vida y que las autoridades mexicanas hagan justicia. En razón de ello, han efectuado diversas actividades para hacer sentir su voz y que este caso no quede en el olvido. El pasado 26 de mayo, se cumplieron ocho meses de la triste desaparición de los 43 estudiantes de la normalista, por lo que los familiares de las víctimas y diferentes organizaciones realizaron movilizaciones en las principales avenidas de la capital mexicana para denunciar los hechos. Previo a ello, el 23 de mayo, un colectivo de familiares de víctimas, junto con un estudiante superviviente, retomaron la Caravana Sudamericana 43, un recorrido por Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de difundir los hechos, así como también buscar la solidaridad en dichas regiones.

El caso de Iguala es un reflejo de la situación de violencia, inseguridad y de  violación de los derechos humanos que atraviesa México. Según informe de la Procuraduría General de la República (PGR), que comprende desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2015, en este país se hallaron 174 fosas clandestinas, localizadas en 16 de los 32 estados. Guerrero, encabeza la lista con 79 tumbas ilegales y 199 cuerpos; le siguen Jalisco, con 37 fosas y 75 cadáveres, y Tamaulipas, con 15 fosas y 125 restos humanos.

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes Ayotzinapa, merece toda la solidaridad de las naciones de la región y de los organismos internacionales, que se unan en una sola voz y repudien de manera contundente estos graves hechos violatorios de los derechos humanos. Es inconcebible que México siendo un país que recibe tantos recursos de parte de los Estados Unidos, estimados para este año en $119 millones, a través de la Iniciativa Mérida (tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado), esta nación no haya emitido declaraciones sobre este lamentable caso, como lo hace constantemente con su intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, por hechos considerados más graves y donde se encuentra involucrada la delincuencia organizada, que representan un peligro no sólo para la seguridad de México, sino de sus países vecinos.

“Sembremos la semilla de la libertad en el campo virgen del corazón de los jóvenes (…) El deber es enseñar a nuestros alumnos a ser libres.”

Maestro Raúl Isidro Burgos