Por Neida Colmenares
Académica escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central
Bachelet ha puesto en jaque a Nicolás Maduro, al presentar el Informe del Consejo de Las Naciones Unidas Para Los DDHH (ACNUDH) sobre la situación de Venezuela, dando cuenta de la vulneración sostenida de los derechos fundamentales de su población, por parte de las instituciones y organismos de seguridad del Estado, especialmente, revelando la violencia de género que viven las mujeres y niñas en este contexto de crisis humanitaria.
Lo esperado era la ratificación del deterioro económico, social e institucional del país, y en efecto, eso se mostró: una hiperinflación y contracción económica de dimensiones históricas, con un salario mínimo mensual de 7 USD, que apenas cubre el 4,5% de la canasta básica.
En pleno siglo XXI, Venezuela, el país petrolero de América Latina y El Caribe, referente de participación democrática del siglo XX, también es el país donde la comida y los fármacos se han constituido en bienes de lujos, con precios absurdamente inasequibles, generando 3,7 millones de personas desnutridas, más de 6 millones que han migrado, la reaparición de enfermedades por la falta de vacunas y una escases de medicamentos (entre 60 a 100%) en las principales ciudades del país, de hecho, en 5 ciudades hay inexistencia total de anticonceptivos.
Las consecuencias del conflicto venezolano son nefastas para toda la población, especialmente para mujeres y niñas. Una vez más, la historia muestra como se intensifica la violencia por razones de género: las mujeres destinan en promedio 10 horas al día en filas para comprar comida, aumentó en 65% el embarazo adolescente y en 20% la mortalidad de las mujeres, en muchos casos por abortos, y son miles las que denuncian violencia sexual y de género cuando se realizan allanamientos y detenciones en las manifestaciones.
El Informe ha sido contundente en señalar que hay evidencia suficiente para creer que muchas de las casi 10 mil ‘muertes violentas’ ocurridas entre el 2018 a la fecha, podrían corresponder a presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los Fuerzas Armadas Especiales de la Política Nacional Bolivariana, denominados por la ciudadanía como ‘los escuadrones de la muerte’, a quienes también se les acusa de torturar a los detenidos políticos que se oponen al régimen oficialista.
En Venezuela no se cumplen los mínimos derechos civilizatorios y democráticos que procuren el respecto por la vida y las garantías fundamentales de las personas. No queda duda que Nicolás Maduro y su gobierno son los principales responsables de la violencia política y de género cometida por el Estado. Es imperativo que los países de la región activen estrategias democráticas para impulsar el restablecimiento inmediato del estado de derecho en el país, y se convoque a elecciones libres, transparentes e informadas en el más breve plazo.