Por Samuel Fernández
Académico de la Facultad de Derecho, U. Central
Es más apropiado plantearlo como interrogante que como afirmación, a pesar de que el 27 de octubre el Parlamento Catalán aprobó iniciar una constituyente, para la Declaración Unilateral de Independencia de la Autonomía de Cataluña, como República soberana, democrática y social, separándose de Estaña y de la Corona. Culmina así un proceso que estaba suspendido y basado en ancestrales sentimientos catalanes. Trascendente para ellos mismos, para España, la Unión Europea y el mundo. Tal decisión plantea más dudas que certezas, no sólo porque rompe la legalidad española, sino que también la internacional. Los argumentos invocados por el Parlamento autonómico, fueron refrendados en votación de sólo 70 representantes de los 135. Los demás votaron en contra o abandonaron la sala. Constituye una ilegitimidad más, que se suma a la del Referendo del 1 de octubre reciente. Todas las instancias precedentes de transitoriedad y desconexión fueron planificadas, precisamente, para llegar a la secesión. Impuesta y forzada por las autoridades catalanas, sin consideración a posturas moderadas que buscaban un entendimiento, o de quienes las rechazaban.
Ha triunfado la actitud más extrema, a sabiendas de que conduce inevitablemente a la confrontación, tanto legal como política, con España y sus otras 16 autonomías, así como entre los propios catalanes. La ruptura de la legalidad y constitucionalidad española ha sido flagrante, y otorgado plena legitimidad al Gobierno español para imponer todo el rigor de la Constitución. Paralelamente, el Senado en Madrid priorizó preservar la unidad, por abrumadora mayoría de casi todas las fuerzas políticas. Dos expresiones contrapuestas el mismo día y casi a la misma hora. El Presidente Rajoy ha aplicado el tan mencionado Artículo 155 de la Constitución, por primera vez. Entre lo decidido se destaca: acudir al Tribunal Constitucional para la ilegalidad de lo resuelto por al Parlamento Catalán, ya sentenciada; cese de las funciones del Presidente autonómico, vice-presidente, consejeros, parlamento, y autoridades administrativas; fin de las representaciones internas y externas; más el reemplazo del Jefe de la Policía. Las asumen la Vice-Presidenta del Gobierno, los Ministerios, y el segundo al mando policial. Y lo más significativo, se devuelve la decisión al electorado catalán, convocando a elecciones el 21 de diciembre. Medidas que Rajoy calificó como necesarias, proporcionales y mesuradas, para recuperar la legitimidad institucional, sin atentar contra la autonomía de Cataluña. Otro tanto habrá que implementar para el funcionamiento de los servicios, los tribunales, garantizar puestos de trabajo, la normalidad empresarial, las finanzas y el orden jurídico, pues continúa vigente el español al no existir otro que lo sustituya.
Un período incierto, pues no se conoce la intensidad de la “resistencia democrática”, que los independentistas anuncian que ejercerán, o si se les acusa de rebelión con posibles penas de cárcel, que los victimizaría. De ello dependerá si la legalidad del Estado se confrontará al separatismo de muchos catalanes, de manera pacífica o forzada. Serán determinantes los resultados de las elecciones convocadas. Un riesgo para todos, pues la aspiración de independencia, precipitada y forzada fuera de la ley, podría verse definitivamente comprometida, en vez de prosperar. Si ganan los independentistas, se ratificaría la secesión.
El resto de España, la Unión Europea, los organismos internacionales y la unanimidad de la Comunidad de naciones, salvo algunos grupos separatistas, no reconocen la pretendida República Catalana. Sin nacer, ya está aislada.