Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
Aunque el respeto a los derechos humanos entraña verdades totales que cubren como un paraguas el comportamiento de los seres humanos independientemente de su civilización, raza, religión, pensamiento político o ideológico y sexo, tal acción como política de Estado dista mucho de un cumplimiento pleno en el planeta. Baste decir que fue apenas hace 70 años, cuando la humanidad pudo darse a través de la “Declaración universal de los derechos humanos” un estatuto que intenta “…el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” como reza la magna proclama de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su preámbulo.
Lo cierto es que el respeto pleno a los derechos humanos sigue siendo una utopía, un objetivo a lograr, un sueño necesario que conduzca a la realización plena del ser humano en el planeta. La realidad indica que no hay ningún país en que tales derechos -concebidos como lo establece la Declaración- se cumplan a plenitud. Ello es imposible, mientras exista el capitalismo depredador, que entraña la existencia de sociedades de clase en el plano interno de los países y un sistema internacional inequitativo, excluyente y asimétrico en el ámbito internacional, en el que un grupo de potencias imponen por la fuerza lo que según sus intereses, deberían ser comportamientos globales y principios generales.
En esa medida, tal poderío también se ha aplicado a los organismos internacionales que surgieron del fin de la segunda guerra mundial cuando los Estados triunfantes establecieron normas que signan los criterios valorativos respecto a las actuaciones y conductas de los actores del sistema internacional. Los recientes acontecimientos en Grecia, dan cuenta de cómo los sistemas financieros global y europeo tomaron decisiones que incluso violentaron la propia disposición democrática del pueblo griego. Cuando se trata de los intereses de los poderosos, la democracia pasa a un segundo plano.
Esto es mucho más patente en el ámbito de los derechos humanos. La magnitud de su cumplimiento está dada por la apreciación que de ello hagan las potencias globales. Las organizaciones del sistema de derechos humanos se han politizado y en esa medida, establecen dictámenes a partir de los beneficios de los poderosos. Incluso, han logrado mercantilizar la protección de los Derechos, creando Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de muy dudosa procedencia y mucho más dudosas fuentes de financiamiento. Por esa vía, dictaminan conclusiones en algunos ámbitos donde resulta “desaconsejable” la actuación de los Estados. En América Latina conocemos de sobra esta situación. Estados Unidos durante décadas, promovió, aupó, financió y protegió a dictaduras que surgieron de golpes de Estado que derrocaron gobiernos legítimamente electos. Hoy, de manera un poco más encubierta lo sigue haciendo como muestran los recientes hechos en Haití, Honduras y Paraguay. Así mismo, algunos otros gobiernos de países donde evidentemente los derechos humanos tienen muy poco valor, como por ejemplo las monarquías sunitas del Medio Oriente devenidas en regímenes terroristas que promueven la guerra, la desestabilización y la muerte en la región, y que también prohíben sindicatos, partidos políticos y parlamentos, no son tocadas ni con el “pétalo de una rosa” por Estados Unidos y sus adláteres occidentales.
Toda esta larga introducción viene a mi mente por el asombro que me produjo leer las declaraciones del Canciller español José Manuel García Margallo cuando afirmó que “mientras internacionalmente se reconoce el respeto en España a los derechos humanos, se constata que a Venezuela le queda un largo camino en esta materia”. Seguramente a Venezuela como a todos los países del mundo les queda un “largo camino” para el respeto pleno de los derechos humanos, pero mi sorpresa vino dada por la otra aseveración del ministro de relaciones españoles de la monarquía borbónica. Supuse que estaba hablando de otro país, uno que tal vez había tenido un avance mayor en esta materia, pero también conjeturé acerca de mi desconocimiento de la situación del país ibérico y me dispuse a revisar la prensa del reino a fin de salir de dudas.
Antes, habría que decir que el propio sistema político monárquico existente en España es en sí, una violación de los derechos humanos, toda vez que transgrede el Artículo 21 de la Declaración Universal que en su ordinal 3 expone que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Aunque la monarquía fue aceptada por los españoles en referéndum realizado tras la muerte del dictador Francisco Franco, el Jefe de Estado de España nunca se ha ¬¬¬¬¬¬–sometido “periódicamente” a la voluntad popular. Al contrario, cuando los catalanes han manifestado su intención de hacer una consulta en las urnas electorales para desprenderse del dominio monárquico, se les ha respondido con la amenaza, el chantaje y un discurso prepotente y vulgar.
Pero, volviendo a la revisión de los medios de comunicación, descubrimos que, debido a la reforma de la salud, el Ejecutivo español entiende que las personas de la tercera edad, que no han cotizado antes en España, no tienen derecho a la sanidad pública porque pueden suponer “una carga” para el Estado. Esto conlleva a la desprotección de los ancianos, con el argumento de que la mayoría de aseguradoras no aceptan a las personas mayores entre sus clientes porque no son rentables. El Gobierno quiere expulsarlas porque no contratan una aseguradora privada, algo que resulta imposible dados los bajos ingresos de la mayoría de estas personas. Tal situación violenta el artículo 22 de la Declaración que establece que “Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”. Pero no sólo eso, a pesar que la justicia ha fallado en varias ocasiones a favor de los ancianos, cuando estos son extranjeros, el Gobierno ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de estos ciudadanos. Resulta difícil ser anciano y extranjero en España.
En otro plano, los medios de comunicación informan que se ha comenzado la aplicación de la recientemente aprobada “Ley de Seguridad Ciudadana” o “Ley Mordaza” como la han denominado los ciudadanos españoles, un instrumento propio del franquismo que el gobierno del PP ha revivido, como expresión ajustada a su mentalidad inquisidora en el siglo XXI. Hay que recordar que el pasado 1° de julio entró en vigor esta ley que busca restringir las protestas. Desde el primer momento ha provocado fuertes críticas entre los ciudadanos que consideran que “mata la democracia y los derechos fundamentales” y busca “crear un Estado policial”. Imagino que el señor García Margallo no está informado de esto, cuando dice que “internacionalmente se reconoce el respeto de España a los derechos humanos”.
Lo cierto es que bajo el amparo de esta ley los agentes de la Policía Nacional, comenzaron a multar a mujeres que estaban ejerciendo la prostitución. Una de ellas denunció que si la sanción prospera, tendrá que hacer frente a una cantidad que oscila entre 100 y 600 euros por vulnerar el artículo 37.5 de esta legislación. Rocío Nieto, directora de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) explicó que “Esta multa va a suponer que aumente su deuda con el proxeneta. Para pagarla se va a tener que prostituir más veces, más horas. Por lo tanto, hace más difícil que salga de esta red”. En pocas palabras España ha aprobado una ley que apoya y aúpa el proxenetismo, mientras que dificulta el trabajo de las organizaciones que buscan la reinserción de estas mujeres condenadas a la prostitución por las miserias del sistema que las excluye.
Otra víctima de esta ley es un vecino del municipio canario de Güímar. Eduardo Díaz Coello de 27 años, expresó en el perfil de Facebook de la alcaldesa del PP Carmen Luisa Castro su descontento con el traslado de la Policía Local -a la que tildó de “cracks” o “casta de escaqueados”. Eduardo, que se enfrenta a una sanción de entre 100 y 600 euros, es un agente comercial licenciado en Historia y con un máster en formación del profesorado. Afirmó que “No soy un perroflauta. No estoy a favor de que se insulte a la Policía (…), pero creo que, como ciudadano que paga impuestos, puedo opinar sobre una acción de Gobierno”, sostuvo además que “A día de hoy, hasta que no falle la Subdelegación del Gobierno, no sé cuál ha sido la ilegalidad cometida. Lo mío ha sido una crítica sin más, no un insulto. Da la impresión de que han querido tapar la voz de la ciudadanía crítica”, lo cual es violatorio del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El mismo día que García Margallo emitía sus afirmaciones a los medios de comunicación se informó que “La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado un informe que recoge la existencia de monumentos que ensalzan “la violencia de la dictadura” y declaraciones de políticos que, a su juicio, atentan contra víctimas del franquismo” Según da a conocer diario.es “En el informe entregado en el registro de la Fiscalía se denuncia también ´el mantenimiento de títulos nobiliarios concedidos por Franco a responsables de violaciones de derechos`, según ha explicado el portavoz de la ARMH, Bonifacio Sánchez”.
De la misma manera, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) está estudiando la posibilidad legal de imputar a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá dirigente del PP, por incumplir la Ley de Memoria Histórica tras haber mantenido símbolos franquistas en edificios públicos, como escudos anticonstitucionales. La denuncia también preveía actuar contra el ya ex alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ex militante del PP, de donde fue expulsado por hechos de corrupción. Rus mantuvo los honores al dictador Franco como “alcalde perpetuo, hijo adoptivo e hijo predilecto de la ciudad”.
En Colombia y Venezuela se usa la expresión “mamar gallo” como sinónimo de alguien que está haciendo una broma. Después de escuchar al canciller español y leer la prensa de ese país, no me queda más que afirmar que el señor García Margallo, en realidad estaba “mamando gallo”.