Por Jaime Romero Álvarez
Ex Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
Integrante Comisión Política PS
En las recientes bases programáticas de su programa de gobierno, el candidato Piñera, no dedica una línea a hablar de la política de vivienda. No existe ni siquiera una frase grandilocuente o una lista de sinónimos a la que nos tiene acostumbrados, sólo generalidades o cifras gruesas que llevan a engaño.
Así por ejemplo, el proponer la erradicación de campamentos al 2026 supone al menos dos omisiones relevantes, la primera es que hablamos de un proceso en marcha, cuyas soluciones avanzan día a día, por consiguiente, el próximo gobierno recibirá parte de la tarea, pero también importantes soluciones ya implementadas; y lo segundo, es que el plazo de 2026, excede largamente el próximo período presidencial de 4 años.
Se extraña también, la ausencia de una estrategia que permitiría el término de este tipo de asentamientos irregulares. Responder el cómo se hará, representa un imperativo ético y al omitirlo, se juega con la fe pública.
Más grave aún me parece que el mencionado programa de gobierno retome la “política de erradicación”, tan utilizada por la Dictadura Militar y que significó profundas segregaciones en nuestra sociedad. Es una vuelta atrás que no queremos y que contrastamos con políticas que aseguren el fortalecimiento de radicaciones y relocalizaciones que nacen de procesos de diálogo y trabajo conjunto con las familias.
Tampoco existen en el programa indicios de cómo se enfrentarán las causas que originan este tipo de asentamientos irregulares. Es sabido que este fenómeno, no representa sólo un problema habitacional, sino que tiene un origen multicausal. En lo sustantivo, se relaciona con la localización, lo que significa que esta nueva ubicación permite a las familias acceder a una oferta de servicios cualitativa y cuantitativamente superior, mientras que la segunda causa se relaciona con las oportunidades laborales, entre ellas la posibilidad de contar con espacios para desarrollar actividades productivas como granjas, recolectores y areneros, entre otras, e incluso con fenómenos migratorios.
La falta de una política de vivienda en el programa de Piñera, me parece no es casual. El equipo del candidato, no pudo escribir aquello en que no existe acuerdo entre quienes lo respaldan. Entre ellos no existe unanimidad para impedir la especulación de agentes inmobiliarios por el valor del suelo, no todos están de acuerdo en promover programas de integración social y territorial que permitan una mayor interacción ciudadana y tampoco en priorizar programas de habitabilidad rural que permitan llegar a poblaciones habitualmente alejadas y dispersas con soluciones habitacionales pertinentes y de calidad. Aún prevalece el mal recuerdo de una política habitacional que se sustentó en la entrega de voucher o “vale por” que ilusionó con cifras rimbombantes pero que a poco andar no era más que un amplio mar de inconsistencia y vaguedades.
No existe ninguna línea sobre la política habitacional, ningún dato, ninguna meta, ni montos de inversión asociados al sector, simplemente porque las necesidades habitacionales no están en las preocupaciones básicas del candidato de la derecha.
En este contexto, sólo señalar que durante este gobierno se han asignado un total de 696.348 subsidios habitacionales, 285.941 destinados a disminuir el déficit cuantitativo de viviendas, mediante la construcción o adquisición de nuevas viviendas; y 410.407 subsidios enfocados al déficit cualitativo, es decir, mejorar o ampliar viviendas con altos niveles de deterioro, con una inversión total de casi 186 millones UF. A febrero de 2017, de las 224.538 viviendas necesarias, se han terminado 222.064 (98,9%), otras 2.463 (1,09%) están en ejecución y sólo 11 (0,01%) aún no inician su construcción.