Por Isabel González
Facultad de Derecho, U.Central
Los últimos hechos ocurridos en Chile dan cuenta de la profunda indefensión que sufren las mujeres, frente a la grave violencia ejercida contra ellas en el contexto de las relaciones de pareja, donde también se ven comprometidos sus hijos, hechos que constituyen el corolario de múltiples suplicas de auxilio que han realizado ante los diversos organismos institucionales y sociales que representan a la Justicia en Chile y que están encargados de protegerlas, tales como Carabineros, Investigaciones, Fiscalías, Sernam y hasta por redes sociales buscan auxilio. Ejemplo de ello son los hechos ocurridos recientemente.
El primero es el femicidio cometido en Lontué por Pablo Pacheco, quién en una visita acordada para ver a sus dos hijos, después de una separación, estando en la vía pública y frente a los menores, le da muerte a Jacqueline Soto de 41 años (ex mujer) con una escopeta y luego viéndose sorprendido por la policía, se suicida. La víctima había denunciado en reiteradas ocasiones al ofensor por maltrato, quien debía obedecer una medida cautelar impuesta por la justicia, orden de alejamiento de la víctima.
Otro caso con similares condiciones es el de la joven madre de 27 años, que la semana pasada fue asesinada en Viña del Mar y cuyo cuerpo fue encontrado al interior de su casa, junto a su hija menor de edad. La víctima había alertado con denuncias a la Justicia, Sernam y también por redes sociales sobre un posible femicidio que cometería el padre de una de sus hijas, el cual la estaba amenazando de muerte.
Estos hechos, se suman a otros 26 femicidios registrados en el país, según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde la Justicia no ha logrado poner freno a la inminente violencia denunciada y no ha podido ofrecer la protección que las víctimas esperan. Lo más grave es que ellas al denunciar ‘bajan la guardia’, dejando de lado las medidas personales de protección, como asegurarse compañía, cambiar de domicilio, no exponerse frente al agresor, entre otras, pensando que los canales institucionales velarán por ellas.
Anhelo de protección que es ilusorio frente a un ofensor que se siente desorientado y rencoroso ante una denuncia, a la que ve como una amenaza a su persona y relación emocional. El bajo nivel de seguridad que tiene posibilidad de ofrecer el Estado le permitirá aprovechar cualquier ocasión para agredir a la víctima.
Frustrados intentos de protección frente a los que debiéramos abrir nuevos caminos, que aborden la violencia con ambas partes, abriendo el conflicto con acogida y protección para la víctima y su familia, de modo de no violentar al agresor y no desamparar a la víctima.