Por Sebastián Briones Razeto
Académico Ciencia Política, U.Central
Los aranceles que el presidente de Estados Unidos ha anunciado recientemente, pueden cumplir una serie de roles. El primero sería balancear el déficit comercial que el país sostiene con la mayoría de los demás Estados, bien por la vía de reemplazar importaciones o por la vía de incrementar las exportaciones. Ese objetivo depende mucho de la respuesta de otros países y está sujeto a una serie de interacciones complejas difíciles de predecir. El segundo sería reducir el tamaño de la deuda pública, pero considerando la desproporción entre el tamaño de esta y la potencial recaudación (sin contar los efectos secundarios y terciarios de los aranceles) no tendría más que impacto marginal, incluso si ocurre en la dirección deseada. Pero fuera del ámbito económico hay dos efectos menos visibles, más apartados de los efectos únicamente económicos, en el sentido contrario de la frase de James Carville que marca el fin de la Guerra Fría (“It’s the economy, stupid”).
El tercer objetivo podría ser forzar a negociar condiciones con los Estados Unidos, cosa que ya parece haber ocurrido con varios de los Estados que fueron amenazados previamente con sanciones. Esas negociaciones pueden incluir o no aranceles, pero pueden abarcar también el rol negligente de otros gobiernos (en la visión de Washington) del tráfico de precursores de fentanilo, o la colaboración con el programa de deportaciones masivas, entre otros. Constituye en el fondo una herramienta muy pesada por forzar la revisión de condiciones que data desde el fin de la Guerra Fría o incluso del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero que corre el riesgo de alienar a actuales y potenciales aliados y socios. Que logre esas negociaciones, dependerá información puntual y difícilmente habrá una respuesta única. La reciente respuesta de la administración, de que extenderá una prorroga a los estados que: 1, no hayan tomado represalias y 2, hayan pedido una reunión para negociar, es consistente con esa idea.
Pero un cuarto y último objetivo podría ser una disrupción de la economía China. Dicho país experimenta ya cerca de dos años de deflación, asociados entre otras cosas, a un acelerado envejecimiento. Pero sumado a ello, China es profundamente dependiente de mantener un flujo de exportaciones, así como uno de importaciones de materias primas, incluido petróleo (sus importaciones desde el medio oriente son fácilmente la ruta de petróleo más grande del mundo). Estados Unidos, en cambio, es un exportador neto de petróleo y masivo de derivados del petróleo, producto de sus masivas reservas de esquisto o “shale”. Además de ser uno de los diez países cuyo comercio depende menos del comercio exterior como porcentaje del PIB. Bajo este último objetivo, no es que el país del norte no sufriría económicamente, sino que sus mayores rivales sufrirían proporcionalmente más y las pérdidas económicas podrían producir efectos que la administración desea: reemplazo de producción China por producción (más costosa) local y la neutralización de un Estado que percibe como rival e incluso enemigo. Si esto suena a algo rupturista, es porque lo es, la idea sería romper con el status quo. Pero en esa ruptura, los socios comerciales de Chile no solo se afectarán entre sí, sino que afectarán masivamente nuestra economía, y nuestro margen de maniobra existe, pero es limitado.