Por Rodrigo Larraín
Académico Facultad de Ciencias Sociales, U. Central
Si una autoridad, por sí y ante sí, justifica y, de algún modo, llama a incumplir la ley, lo menos que puede esperarse es que sea removido de su cargo. El Jefe de Extranjería, a partir del caso de los contratos falsos para llegar legalmente a Chile dice así: “Los contratos falsos se deben a una ley anticuada, obsoleta,… la migración es una solución a un problema económico que tiene Chile”. Más allá del categórico entusiasmo con que habla, debe ser la única autoridad que sostiene que es una ley que induce al delito. Cualquiera de nosotros puede invocar la antigüedad de cualquier ley y su posible obsolescencia –dado el precedente establecido por el funcionario– para no cumplirla. Las razones son casi poéticas: como es ley antigua, “los procedimientos y las lógicas administrativas y las prácticas que imponen están sobrepasadas por la realidad migratoria que hoy día vivimos”. Notable oración para defender no cumplir con el precepto legal.
Otro caso curioso es el del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, quien al ser encarado por un taxista, que lo acusó directamente de no hacer cumplir la ley respecto de los conductores de los vehículos Uber, declaró que tenían éxito porque eran mejores que los taxis. Y cuando fue apretado por el indignado conductor, respondió; “vamos a mandar una ley para que regule a los Uber”. Es decir, no cumpliré la ley hasta que haya una ley que permita que trabajen los Uber sin problemas. Extraño, pero Gómez Lobo ha tenido otras grandes respuestas. Dijo a comienzos de 2016, en marzo, a propósito de posibles nuevas medidas para descongestionar el Transantiago, que este iba a mejorar significativamente cuando estuvieran listas las dos líneas de Metro el segundo semestre de… 2017. Decidí no esperarlas y seguí usando los buses.
Un último caso de antología. La semana pasada salieron a venta en la Bolsa de Nueva York las acciones de Laureate. Se trata de la empresa dueña –controladora se dice ahora– de tres universidades privadas, algunos institutos y CFTs. ¿Qué tiene de raro?, nada, solamente que en Chile las universidades no pueden tener fines de lucro. Pero ninguno de los ministros de educación de todos los últimos seis gobiernos ha hecho cumplir la ley. La actual ministra el año pasado sostuvo que estaba estudiando el tema y que no tenía aún una decisión; como todavía no sabemos qué concluyó, ¿podremos creer que la tendrá antes de que termine su cargo?
Probablemente tengamos otro caso en el futuro. Se trata de la EUNACOM, el examen que deben dar los médicos en Chile para trabajar en el Estado, es decir, en instituciones que reciben fondos fiscales. Esto fue fijado por una ley y deberán ser exonerados bastante de ellos. Dado que muchas municipalidades tienen médicos extranjeros, las presiones para que el examen sea modificado o, derechamente, adecuado de manera que las tasas de reprobación disminuyan y los consultorios municipales no queden desguarnecidos. Lo cierto es que tales médicos no cumplen con los conocimientos que Chile le pide a sus especialistas. En fin, algo nos pasa con las normas.
Todas las razones esgrimidas están obsoletas porque son premodernas y se burlan del receptor de ellas. Son premodernos ya que se trata de autoridades que actúan por sí y ante sí, sin tomar en cuenta el orden impersonal. Todo lo anterior es una muestra de la acción de lo que llamamos la clase política, aunque para ser precisos clase no es, es un remedo de casta, esto es, de personas que por alguna característica especial, creen que siempre tienen la razón, siguen siendo éticos a pesar de lo que hagan y a esperar el reconocimiento y homenaje de las castas inferiores electoras. No son clases pues, independiente de la fortuna, ha habido empresas que, generosamente y sin distinción de clase, los han ‘mojado’ trasversalmente. Por eso es que no se aprobleman si dan argumentos absurdos, carentes de toda lógica y que, a veces, son respuestas a preguntas que nadie hizo y de ese modo evitar responder lo efectivamente preguntado. Preocupante es la actitud, y la conducta subsecuente, de que las leyes se pueden soslayar.