Caso Bombas…

Por Pablo Dittborn

La torpe y criminal acción de un grupúsculo insignificante -pero que ha logrado una amplia cobertura de prensa y que posiblemente haya sido ese su objetivo central- ha reavivado la discusión sobre el incremento de las penas para los delitos calificados, en muchos casos muy a la rápida, como terroristas. Sorprende la reacción de sectores de derecha para ligar todo tipo de delitos a un accionar terrorista y de esta manera, no solo reclamar por el mantenimiento de la “ley anti terrorismo”, si no que pretender incrementar sustancialmente las penas contempladas hoy en día en dicha ley.

¿Por qué resulta sorprendente esta reacción? Básicamente porque en otras oportunidades, en las cuales se han cometido delitos que han afectado duramente a la inmensa mayoría de la población, como los daños a los fondos depositados en las AFP o a quienes adquieren sus medicamentos en alguna de las tres cadenas de farmacias y estas se coluden para incrementar abusivamente los precios de algunos productos, estos temas no generan el griterío por el aumento de las penas ni menos la incorporación de penas de cárcel. Me refiero a los ya conocidos casos como Operación Chispas, La Polar, Colusión de Farmacias y Cascadas.

Los terroristas deben ser perseguidos y sancionados con todo el rigor de la ley decimos todos, pero ¿porque no legislamos para que aquellos fraudes que crean el terror económico y dañan a la inmensa mayoría de la población, sean sujetos de cárcel por sus delitos, en lugar que se les imponga una multa equivalente a menos de la mitad del beneficio obtenido con sus maniobras fraudulentas?

Resulta curioso que un matutino de Santiago se jacte de haber obtenido el informe interno y las notas de la defensa del caso Cascadas y lo publique al solo efecto de dar a conocer la posición de la defensa y lograr que la ciudadanía tenga una opinión favorable o al menos no tan dura con los autores de dicha maniobra. Grotesco.

El caso Cascadas, el último de una serie de casos vergonzosos, es a juicio de Paula Vial, ex defensora nacional y abogada del ex superintendente de Valores y Seguros Fernando Coloma, uno de los escándalos financieros más grandes desde el caso Chispas. Asimismo, José De Gregorio, ex ministro y ex presidente del Banco Central frente al caso Cascadas dijo que “las sanciones debieran ser severas, fuertes y comparables a los beneficios obtenidos por actividades que no eran correctas de hacer”.

The Economist, normalmente citado por la prensa de derecha en Chile para apretar a los gobiernos de la Concertación y ahora al de la Nueva Mayoría, señaló que con el caso Cascadas se dañó la reputación de Chile. En su artículo “La pesadilla del nitrato” afirma que “las instituciones financieras locales han sufrido un traspié”, y que se ha “manchado la imagen de Chile como el país menos corrupto de América Latina”. Continúa The Economist diciendo que “Si el regulador bursátil está en lo correcto, y el señor Ponce y sus relacionados estuvieron sobre la ley durante años, por qué nadie, ni el gobierno ni los minoritarios, ni el regulador, pareció enterarse de aquello”.

Sin embargo, frente a estos hechos no se desatan las gritaderas clásicas de los empresarios sobre la eventual huida de los inversionistas como cuando de impuestos se trata. A pocos pareció importarle que Chile fuese dañado en un punto clave para los inversionistas, como la credibilidad de sus instituciones financieras. Claro, mientras no les toquen el bolsillo, alguno que otro sapo hay que tragar.

Paula Vial concuerda con Fernando Coloma en que el mundo político tomó distancia y no fue lo suficientemente duro y crítico con lo sucedido. Debemos preguntarnos si esa falta de reacción ha tenido algo que ver con los financiamientos de las campañas electorales. Hace muy poco se publicó un ranking de mayores receptores de contribuciones legales por parte de empresas. Habría que hacer un cruce entre esas contribuciones, si las conociéramos en detalle, y la forma en que vota en el Parlamento cada uno de los beneficiados. Nuevamente lo grotesco asoma en este tema.
Últimamente han aparecido personajes ligados simultáneamente al mundo político y financiero haciendo maniobras con boletas de honorarios cuyo monto al parecer fue destinado a partidos políticos para solventar gastos de campaña. Debemos tomar nota de todos estos personajes involucrados, ya que algunos, al parecer como discípulos, han superado a su maestro, como podría ser el caso del ex yerno del tirano. Otros tienen un banco bastante penca, pero que aun así les permite boletear para ayudar a partidos que no son de fútbol, aunque ese es uno de sus gustos preferidos junto con la piscola.

No me sorprendería que el día de mañana se constituyera una empresa financiera y/o consultora que asesorara a algunos incautos y en su directorio figuraran muchos de los nombres ligados a estas operaciones mencionadas anteriormente. Creo conveniente aprendernos sus nombres de memoria, no vaya a ser que bajo la razón social: Staffe&Rajje S.A. nos empezaran a ofrecer excelentes oportunidades de incrementar sustancialmente nuestros ahorros para después dejarnos colgados de la brocha. Ojo al piojo.

Tengo entendido que cuando se discutió la agenda pro crecimiento hace varios años, se eliminó la pena de cárcel por delitos de este tipo. Al parecer para crecer hay que meter la mano en la lata, y no precisamente en la de leche en polvo. Algunos parlamentarios han comentado que eso se votó en el formato paquete, vale decir todo cerrado y sin entrar en el detalle de cada artículo. Eso en términos populares se llama tener ¡olor a paquete…. paquete cagamos!

Todos los abogados con los cuales he comentado esta situación y les he planteado un paralelo con la situación de Bernard Madoff en Estados Unidos me aseguran que este, siendo uno de los mayores estafadores de la historia, en Chile no habría ido a la cárcel. Creo conveniente para que vayamos entendiendo, quienes tienen “coronita” en Chile, recordar la historia de este señor que prefirió las pirámides a las cascadas para embolsarse una cantidad de dinero absolutamente insólita.

El 10 de marzo de 2009, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una denuncia por once cargos criminales, con once delitos federales contra Bernard Lawrence “Bernie” Madoff, ex presidente de NASDAQ por: fraude con valores, fraude como asesor de inversiones, fraude postal, fraude electrónico, tres cargos por lavado de dinero, declaraciones falsas, perjurio, falsas presentaciones ante la SEC (Comisión de valores de los EEUU), y el robo de un plan de beneficios para empleados. La denuncia afirma que Madoff habia defraudado a sus clientes en casi $ 65 mil millones de dólares. El 29 de junio de 2009, el juez Chin condenó a Madoff a 150 años de prisión y la restitución de $ 17 mil millones de dólares. En su veredicto, el juez afirmó que “la sentencia era para disuadir a otros de cometer fraudes similares”.

Muchos dirán que en todas partes se cuecen habas, pero al parecer en nuestro país se cuecen habas en agua fría o tibia, ya que pocos salen quemados o fritos cuando de movimientos ilegales de dinero se trata.