Por Salim Lamrani
Desde 1996 y la adopción de la ley Helms-Burton, el Congreso de los Estados Unidos es el único que puede levantar el estado de sitio contra Cuba. Pero el Presidente Obama puede obligarlo a hacerlo…
Desde la adopción de la ley Helms-Burton en 1996 –una aberración jurídica por su carácter extraterritorial y retroactivo que agrava las sanciones económicas contra la población cubana–, el Presidente de Estados Unidos ya no dispone de la facultad ejecutiva para poner término al estado de sitio económico anacrónico, cruel y contraproducente –según las palabras del propio Barack Obama. En efecto, sólo el Congreso puede poner fin a una política hostil condenada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, la opinión pública estadounidense, la comunidad cubana de Florida y sobre todo el mundo de los negocios de Estados Unidos.
La Cámara de comercio de Estados Unidos, que representa el mundo de los negocios y cerca de tres millones de empresas, exhortó a los responsables políticos, tanto al Gobierno como al Congreso, a que adoptaran una nueva política hacia La Habana. Según su presidente Thomas Donohue, “Es tiempo de eliminar las barreras políticas que se establecieron hace mucho tiempo y borrar nuestras diferencias. Eso está en el interés del pueblo americano y de las empresas americanas”.
En su alocución histórica del 17 de diciembre de 2014 que anunció el restablecimiento de las relaciones con Cuba tras más de medio siglo de ruptura, el presidente estadounidense lanzó un llamado al Congreso para que optara por un nuevo enfoque hacia La Habana. “Animo al Congreso a que abra un debate serio y honesto sobre el levantamiento del embargo”, declaró Obama.
¿La solución? Autorizar el turismo ordinario
En realidad, el presidente Obama dispone de un medio bastante simple para acelerar el fin del estado de sitio económico que afecta a todas las categorías y todos los sectores de la sociedad cubana y que constituye el principal obstáculo para el desarrollo de la isla. Basta con que permita a los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba como turistas ordinarios. En la actualidad los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar a cualquier país de mundo, incluso a China, Vietnam o Corea del Norte, pero su Gobierno todavía no les permite que descubran la isla del Caribe.
Al romper esta barrera que separa a ambos pueblos, Barack Obama permitiría, según las estimaciones, que más de un millón de turistas estadounidenses viajasen a Cuba el primer año. Esta cifra superaría los cinco millones de personas anuales al cabo de cinco años, pues Cuba es un destino natural por razones históricas y geográficas evidentes. Así, se abriría un inmenso mercado para las compañías aéreas estadounidenses, la industria del transporte o las agencias de viajes, sin hablar de los demás sectores vinculados al turismo masivo. Hoy sólo 90.000 ciudadanos estadounidenses –fuera de los cubanoamericanos– visitan Cuba cada año por razones profesionales, académicas, culturales, humanitarias o deportivas, en el marco de licencias concedidas por el Departamento de Estado.
El flujo masivo de turistas a Cuba sería desde luego benéfico para la economía cubana, cuyos recursos dependen en gran parte de este sector, pero también para la economía estadounidense. En efecto, los productores agrícolas estadounidenses serían también los grandes ganadores de un reinicio del turismo entre ambas naciones y se les solicitaría para alimentar a los millones de nuevos visitantes, ya que Cuba importa la mayor parte de sus materias primas alimenticias.
Con la autorización del turismo ordinario hacia Cuba, el mundo de los negocios no dejaría de presionar a los miembros del Congreso, cuya carrera política depende en gran parte de los financiamientos privados que reciben por parte de las empresas, para que pusieran definitivamente término a las sanciones económicas contra Cuba, que lo priva de un mercado natural de 11,2 millones de habitantes y potencialmente de 10 millones de turistas procedentes de todo el mundo. Efectivamente, Cuba acaba de superar los tres millones de turistas en el año 2014.
En un primer tiempo, el Presidente Obama podría dar órdenes al Departamento del Tesoro para que no persiguiera a los ciudadanos estadunidenses que viajan a Cuba fuera del marco definido por la administración, ya que las sanciones económicas que se aplican a los que se arriesgan a hacer un viaje sin permiso, a través de Canadá o México, son bastante disuasorias. Ello tendría como efecto flexibilizar los viajes turísticos a Cuba y –sobre todo – reparar una anomalía jurídica en la medida en que esta prohibición viola la Constitución de Estados Unidos que defiende el derecho de moverse libremente.
Así, Barack Obama dispone de un margen de maniobra suficiente para llevar al Congreso de Estados Unidos a poner término a unas sanciones económicas que suscitan el oprobrio por parte de la comunidad internacional y que han aislado a Estados Unidos en América Latina. El pueblo cubano pero también el pueblo estadounidense serían los principales beneficiarios de un restablecimiento de las relaciones económicas, comerciales y financieras normales entre ambas naciones.