Por Rafael Pastor
Director escuela de Derecho, U. Central
Un grupo de Congresistas buscan disminuir su dieta parlamentaria y extrapolar está exigencia a otros cargos de la función ejecutiva del gobierno, como Ministros, Subsecretarios, y Directores de primer y segundo nivel. Esta alternativa se fundaría en el hecho que estos cargos tienen remuneraciones exageradamente altas, teniendo presente los niveles de desigualdad de Chile.
La opción es mala debido principalmente al hecho que aumentaría drásticamente la brecha entre la enorme responsabilidad que otorgan los cargos de Estado (costos de oportunidad, políticos y administrativos) y su beneficio laboral (ingresos y desarrollo profesional).
Lo que claramente generaría está alternativa es fijar un desincentivo importante para los profesionales con mayor capacidad gerencial, tanto del mundo privado para entrar al servicio público, como de aquellos directivos públicos actuales que tengan interés por entrar a sectores estatales claves, pero conflictivos, como educación, justicia y salud. También podría afectar la promoción del mérito dentro del servicio civil y el desarrollo de la carrera funcionaria.
Con estas rebajas simplemente limitaremos la capacidad gerencial de nuestro Estado y, por ende, tendremos una peor implementación de nuestras políticas públicas, como asimismo, empeoraremos aún más el rendimiento de los sistemas de provisión de bienes públicos y de mérito que el sector público gestiona para producir lo valorado colectivamente.