EL CARTEL DE CRUCH

Por Sergio Velasco

El sacerdote Fernando Montes, sj. Rector de la Universidad Alberto Hurtado no se anda con chicas. Dice lo que piensa y piensa lo que dice. Su molestia aflora por todos sus poros. Reclama lo que a su legítimo parecer es una gran injusticia. Discriminar abiertamente con los estudiantes universitarios, de los Institutos Profesionales y de los Centros de Formación Técnica, que no están contemplados en el anuncio presidencial de gratuidad, es un despropósito.

Siente que ha sido engañado, utilizado, por su amigo el ministro de Educación y la propia Presidenta de la República, la que contó siempre con su total adhesión a la reforma educacional, impulsada por la actual administración.

El profundo dolor, lo manifiesta en sus declaraciones públicas, a tal punto llega su indignación que inclusive ya no tiene para él sentido seguir a la cabeza de una Universidad privada, sin fines de lucro, con calidad y excelencia académica.Respaldada, nacional e internacionalmente, por una congregación jesuita, con más de 500 años de existencia, al servicio preferente por los pobres, en el campo educacional cultural y social.

Gratuidad para el 2016 fue el aplaudido anuncio, en la cuenta del 21 de mayo en el Congreso Pleno, sólo para el 60 % de los estudiantes más vulnerables que asistan a las Universidades del Consejo de Rectores Cruch, los IP y CFT. Acreditadas y sin lucro.

Está bien como principio, para emparejar la cancha, pésimo cuando se trata, de no discriminar ante la ley, lo que convierte esta controvertida normativa en inconstitucional, como así lo manifiestan, algunos expertos, que ya han declarado que presentaran recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

El cartel del Cruch, pasó la aplanadora, los lobistas que según Montes tienen oficina en el propio ministerio de Educación, hicieron muy bien su trabajo, dejando fuera a muchas instituciones de nivel superior, que siendo algunas de calidad y acreditación, muy superior, en algunos casos, que las propias estatales, no podrán postular con sus alumnos de escasos recurso a estos beneficios que se anuncian.

La excusa es que no existen los suficientes fondos para todos los que merecen la gratuidad. Se trata de justificar lo injustificable. Es una disposición provisoria, que, por la experiencia histórica sabemos que al fin se transforma en perpetua.

Nuevamente los pobres padres tendrán que cargar una mochila de deudas impagas, por los estudios superiores de sus hijos, sobre todo cuando se insiste que, con la educación preferente del Estado Docente , eliminaremos las enormes brechas de desigualdad.

El rector Montes, no está predicando en el desierto. Desde ya muchos otros colegas manifiestan su absoluto rechazo a la medida inconsulta. Incluso el rector de la Universidad de Chile, ha manifestado, en sus declaraciones no estar de acuerdo.

Siendo un poderoso miembro del cartel del Cruch, él no quiere ser cómplice de una aberración, de tal magnitud, que traerá insospechadas consecuencias.

Aclaro que aquí no se trata de lanzar un salvavidas a las instituciones educacionales, que por años han transformado, la educación en un pingüe negocio, donde los sostenedores se han enriquecido ilícitamente a costa de los aranceles que les cobran a sus alumnos.

Los dos últimos estudiantes asesinados en Valparaíso, por un alienado, o los que brutalmente fueron golpeados, por fuerzas especiales de Carabineros, uno que está entre la vida y la muerte, no debe ser en vano, por el contrario debe ser un ejemplo, para que los verdaderos cambios se materialicen en el país.

La lucha dada por el movimiento estudiantil, con sus movilizaciones de carácter nacional, son precisamente para conseguir una mayor igualdad, basta ya de tanta incoherencia, lo que se escribe hoy, y se ratifica con las manos juntas en La Moneda, como un acuerdo sobre reforma educacional integral, mañana se borra con el codo, a vista y paciencia, de toda una nación que queda perpleja.

El debate continuará, la prestigiada voz del sacerdote seguirá encontrando cada día mayores adeptos. Sobre todo en regiones, donde existen escasas ofertas de educación superior. Un tema no menor, cuando se despacharon por ley, la creación de dos nuevas universidades estatales regionales, que por obvias razones no tienen los requisitos previos para que sus futuros estudiantes puedan postular a la gratuidad anunciada.

Es de esperar que los actuales legisladores, cuestionados algunos por las famosas boletas ideológicamente falsas, que les permitieron financiar sus onerosas campañas electorales, se pongan de acuerdo, ya que no son pocos los involucrados en la red de corrupción entre el dinero y la política, para buscar una salida salomónica a este grave desatino.

Podrán limpiar su imagen, en la ley de presupuesto, para el próximo año, donde se discutirá este financiamiento. Tarea para el ministro de Hacienda, los estudiantes se lo merecen.