Por Ana María Gutiérrez
Encargada área de Género y Diversidad, U.Central
La histórica marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora evidencia la fuerza y relevancia del movimiento feminista en Chile. En una jornada multitudinaria, marcada por la presencia de mujeres de todas las edades, clases sociales, pueblos indígenas, orientación sexual y cuerpos racializados, las feministas aparecen como protagonistas y motor del cambio social al que se enfrenta el país.
En relación a sus demandas, la agenda feminista de este año, se definió en gran medida, en el II Encuentro Plurinacional de las que Luchan, la que apunta a poner fin a la precarización de la vida de las mujeres en todos los espacios que habitan, esto es, no solo en la esfera pública, en la política y el mundo del trabajo, sino que también en la esfera privada, de los cuidados y las tareas domésticas. Entre estas se encuentran leyes que promuevan una vida libre de violencia, educación feminista no sexista, aborto libre, seguro y gratuito, educación sexual laica y políticas que den respuesta a las opresiones que viven las mujeres indígenas y racializadas. Demandas que además son atravesadas por el conflicto social, con la exigencia del respeto a los derechos humanos, el fin de la represión estatal y la liberación de presas y presos políticos.
Desde el estallido social, el 18 octubre, las demandas feministas se han visibilizado y cobrado vigor en los petitorios de asambleas territoriales y cabildos, las que además, se han posicionado estratégicamente mediante intervenciones, de impacto nacional e internacional, como la performance de las tesis ‘el violador eres tú’ y la exigencia de paridad en el proceso constituyente, la que luego de un intenso debate parlamentario tuvo éxito.
Sin embargo, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha hecho oídos sordos a las demandas del movimiento y mediante su agenda mujer, ha abordado las problemáticas que como gobierno consideran afectan a las mujeres chilenas. Anunciando el día de ayer dos proyectos de ley, el monitoreo telemático de mujeres en riesgo de violencia intrafamiliar y la incorporación de los deudores de pensiones de alimento al Boletín de Informaciones Comerciales. Lo anterior, da cuenta de una profunda desconexión del gobierno respecto del movimiento feminista, sin ir más lejos, la Ministra Pla fue interpelada e invalidada como interlocutora del ejecutivo y el presidente de la República con sus dichos poco ha colaborado en disminuir la intensidad del conflicto.