Por Guillermo Fuentes
Director Escuela de Contabilidad y Auditoría, Universidad Central
El fraude corporativo se ha transformando en un fenómeno de mutación permanente, optimizando su capacidad de adaptación a toda clase de sistemas de control y cuyo progreso, en este siglo, se ha vinculado al arrasador avance informático y tecnológico. Su dinamismo, ha adquirido tal versatilidad que no mide culturas, naciones ni creencias, y ningún sistema de control ha sido impedimento para vulnerar su devastador avance.
Desde luego que nuestro país no ha estado ajeno al fraude, tanto en empresas públicas como privadas, con tristes casos de gran connotación nacional. Por ejemplo, en 1993 Juan Pablo Dávila defraudó a Codelco por 200 millones de pesos; en 2003, el caso Inverlink destapó un fraude por 110 mil millones de pesos; y mil 250 millones fue el monto del bullado caso MOP Gate, el mismo año. Más recientes son el caso Aurus, en 2016, con un fraude que llegó a los 25 millones de dólares y, por cierto, este año, Carabineros, con un monto similar.
Dado estas prácticas, se hace necesario desarrollar nuevas técnicas de prevención y detección del fraude a través de la auditoria forense, cuyo objeto es participar en la investigación de fraudes, en actos conscientes y voluntarios en los cuales se eluden las normas legales. Es una técnica de gran utilidad y colaboración para la investigación de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial, permitiendo esclarecer posibles actos ilícitos o delitos.
Entonces, controlar adecuadamente el fraude, no solo implica la revisión permanente de los controles sino que también visualizar la vulnerabilidad de la que éste se vale para arremeter. Se trata de implementar en las organizaciones, a través de la auditoria forense preventiva, un enfoque proactivo, que implica tomar acciones y decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro, tales como programas y controles antifraude, desarrollar esquemas de alerta temprana de irregularidades y sistemas de administración de denuncias.
Ahora bien, si de fortalecer la lucha contra el fraude se trata, es necesario crear unidades administrativas integradas por personal altamente calificado en auditoria forense, proceder a la evaluación continua de los sistemas de control interno, a fin de fortalecer el esquema de gestión de riesgos; y consignar códigos de ética, difundirlos y monitorear su acatamiento.
Con estos antecedentes, las organizaciones deben identificar los riesgos más importantes; para ello es necesario realizar un mapeo que incluya la especificación de los dominios o puntos clave de la organización, las interacciones significativas entre la organización y los terceros, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos posibles de afrontar. Éstas fueron las debilidades que origininaron el fraude en Carabineros.
Con todo, la alta dirección es el principal responsable de tomar acciones contra los riesgos involucrados en el actuar de la organización. A partir de sus observaciones y determinaciones, la responsabilidad de mantener control interno sobre los riesgos se propaga hacia el resto de la organización, tanto en dimensión vertical como horizontal.
Desde luego, las personas, basadas en su comportamiento ético, son el principal y primer control para el avance de este flagelo tan dañino en las organizaciones.