Por Alicia Gariazzo
Revolución y precariedad
El Siglo XXI ha llegado con adelantos técnicos y descubrimientos científicos extraordinarios de tal nivel que no estamos preparados para recibir, ni siquiera para imaginar. De ellos se habla poco, pero aunque los ignoremos nos abordarán inexorablemente. Se anuncia que en 2045 la mitad de las tareas del mundo será ejecutada por robots y aún en un país chiquito como Chile ya observamos a diario cambios tecnológicos impresionantes. Junto a todo esto, contradictoriamente, el nuevo siglo también nos sorprende con la mayor vulnerabilidad que haya sufrido nunca el ser humano en toda la historia del planeta. Nunca antes los hombres estuvimos tan solos, desvalidos y rodeados de tanta precariedad.
La precariedad comienza en Chile en 1973 con el triunfo de una revolución capitalista profunda. Los logros de esta revolución llenan de orgullo a gran parte de la clase política de nuestro país y, por cierto, a todos los compatriotas pertenecientes al escaso porcentaje dueño de todo. Con mayor razón a los 8 grupos que ingresaron a los records de los multimillonarios más grandes del mundo de la Revista Forbes. El objetivo de la revolución fue la implantación ortodoxa de un modelo neoliberal donde reinara una plena libertad de mercado, la que por definición permitiría un mayor desarrollo económico y un mayor desarrollo humano. Se supone que la gente puede cuidar de sí misma y que se gana mucho más dinero cuando se tiene la posibilidad de tomar decisiones en un mercado libre de regulaciones. Mientras menos gobierno exista, más dinero recaerá en el sector privado. En efecto, la fórmula es correcta si hablamos de dinero, pero es claro que toda la gente no puede cuidar de sí misma y, aunque disguste a los liberales, cada vez necesitamos más de un de Estado innovador, coordinador, protector, regulador y fiscalizador. Nadie piensa ya en un Estado totalizador, dueño de todos los medios de producción, como el de los fracasados socialismos reales, pero, los enfermos, discapacitados, los niños con necesidades especiales, los ancianos sin jubilación, los desempleados, no pueden cuidarse solos y la familia no da abasto para satisfacer sin recursos todas estas necesidades. Adicionalmente, las leyes de la competencia perfecta no funcionan, por lo tanto es imprescindible que el Estado controle y fiscalice las colusiones, los dumpings, la competencia desleal, la publicidad engañosa y el soborno de empresas a políticos. Vamos a concluir este análisis demostrando que la nueva realidad exige, más que nunca, un esfuerzo gigantesco de Estado y ciudadanos en la formulación de políticas creativas.
Sin insistir en los salarios de hambre que gana la mayoría de los chilenos, 171 mil gana el sueldo mínimo de $250 mil, muy lejos del salario ético que propone el Obispo Goic, es necesario reiterar lo que muchos repetimos sin proponer soluciones viables. Chile es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos entre sus pares de la OCDE según el coeficiente de Gini. Los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 veces más altos que los del 10% más pobre. México es el único país de la OCDE donde esta desigualdad, medida según el cociente entre el 10% más rico y más pobre, es mayor. Colombia presenta un nivel de desigualdad de ingresos similar a Chile. De acuerdo a esta organización, Chile es el 4º país más pobre de sus 34 miembros. Tamar Manuelyan, agrega que “la inequidad en Chile es una de las más altas del mundo, su coeficiente Gini es de 52.1, y los aspectos del bienestar que no deberían estar ligados al ingreso, como la salud y la educación, también están inclinadas a favor de los ricos”. Los mayores ingresos del Estado provienen del Impuesto al Valor Agregado, IVA, es decir el impuesto que pagan en mayor proporción los menos ricos. En Chile no se paga impuesto a las utilidades, ni un verdadero royalty por la extracción de recursos.
Es claro que esto es difícil de enfrentar. Es tal el poder de los grupos económicos, es decir de los dueños de los recursos naturales, del dinero de la economía, el comercio, los medios de comunicación, las universidades, puertos, mares, aeropuertos, bosques y caminos, que es utópico plantearse que, de la noche a la mañana, los ricos acepten pagar impuestos para que así el Estado obtenga más recursos y, más aún, para que los canalice eficientemente hacia los que más lo necesitan. En verdad, el Estado actualmente existente carece de eficiencia, la Constitución le prohíbe interferir directamente en la economía y gran parte de la clase política es incapaz de romper con sus patrocinadores. Hemos podido ver el escándalo que han armado lo grupos económicos y sus representantes por las reformas impulsadas por Bachelet. Amenazan con las penas del infierno, desaceleración de la economía, paralización de las inversiones, para no perder un peso de sus utilidades elefantiásicas.
Tampoco existen los mecanismos para que los desposeídos luchen por una mayor justicia. Es necesario recordar que con el final abrupto del Estado Protector en los 70, la precariedad comienza a ser la esencia de la vida del trabajador: sin sindicatos, sin partidos políticos propios, sin derecho a huelga. Lo más grave: sin trabajo seguro y sin contratos indefinidos.
El dinero ilegal
La crueldad del mundo actual también es nueva en comparación con la del Siglo XX. Las nuevas formas de daño al ser humano, quizás son solo equiparables a las ejercidas por colonizadores y esclavistas, como bien relatara Mario Vargas Llosa en El Sueño del Celta. En los años 60 habría sido inconcebible imaginar prácticas tan aberrantes como el asesinato de personas para extraer sus órganos y venderlos para trasplantes. O el uso que se hace hoy de la mujer. Traficadas cuando niñas para prostitución infantil, luego para la reproducción y el comercio de sus hijos y, finalmente para la producción de órganos.
En Chile todavía no se trafican órganos, no ha llegado la industria del secuestro, pero existe el tráfico de personas. La Sección sobre Chile del Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de los EEUU en 2013, concluyó que Chile es un país de origen, tránsito y destino de trata de hombres, mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo forzado. No solo de niños chilenos, sino de niños de varios países de América Latina. El informe agrega que el país no cumple las normas mínimas para eliminar esta situación. Tampoco para eliminar la prostitución y el trabajo infantiles.
Existe el tráfico de drogas, como afirmó el Subsecretario del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Ubilla, al exponer el Plan Frontera Norte a una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Lo más pintoresco ha sido que este informe, rendido en julio del 2011, pasó totalmente desapercibido, en primer lugar entre los propios diputados miembros de la Comisión. El señor Ubilla expuso que compartimos casi 1.350 kilómetros de fronteras entre tres países complejos en lo que a producción de drogas se refiere. 947 kilómetros con los dos países que producen el 54% de la cocaína del mundo: Bolivia y Perú. Entre 2000 y 2009 el cultivo de coca en Perú creció un 38% y en Bolivia, un 112%, debido a que el cultivo en Colombia está disminuyendo. Hay casi 400 kilómetros de frontera con Argentina en Antofagasta que contiene las vías naturales que nos comunican con Brasil y Paraguay, desde donde proviene la marihuana prensada y la pasta base. Hay 140 pasos no habilitados en Arica y Parinacota. Un primer tramo de 56 kilómetros, de 26 a 2.100 metros sobre el nivel del mar, y doce sectores costeros inhabilitados también útiles para el narcotráfico. El tren Arica-Tacna, según el Tratado de 1929 solo puede ser controlado en Arica, lo que ocasiona que mucha droga sea arrojada hasta 25 kilómetros antes de llegar a la estación, dos veces al día. En un segundo tramo, de 111,4 Km en el sector precordillerano, en los hitos 27 a 80, está el paso Laguna Blanca frente a Alto Perú, centro de acopio de droga, donde carreteras pavimentadas facilitan el tráfico hacia los poblados de Puno y Ayacucho. Otro paso es Ancomarca en Perú, pueblo donde se acopia droga con rutas ilegales para el narcotráfico, el contrabando de mercadería y el paso de vehículos robados. En un tramo de 168 kilómetros, con una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, cada 15 días hay una feria internacional donde se desarrolla el intercambio de contrabando y drogas. La región de Antofagasta cuenta con 365 kilómetros de frontera con Bolivia y tres pasos habilitados: uno vehicular, el complejo Colchane, dos peatonales, Ujina y Cancosa, y 389 kilómetros con Argentina. Ubilla agregó que el Gobierno de Piñera estaba incautando 20 toneladas anuales de cocaína. Según cálculos internacionales, en una frontera como la chilena en el norte se puede incautar un 25% de lo que ingresa. Por lo tanto, a Chile ingresarían 60 toneladas anuales que se consumen en el país o salen del territorio para ser comercializadas en el extranjero. De las 20 toneladas incautadas también hay parte que se consume internamente, porque todo no es incinerado por falta de equipos, personal, o corrupción. A la fecha del informe había habido serias denuncias de droga desaparecida en locales de decomiso. En 2012, el Ministerio del Interior descubrió una alianza entre microtraficantes y funcionarios dedicados a la destrucción de droga en la capital. Se filtró en las noticias de ese año la desaparición de una tonelada de coca destinada a incineración, pero pese a la vocación reiterativa de nuestros noticieros, nunca se conocieron detalles del hecho y la nota pasó desapercibida. Finalmente, relató Ubilla, la Policía Internacional descubrió que, entre fines de 2009 y principios de 2011, en un poco más de 20 meses, se incautó en puertos de África, Asia y Europa, más de siete toneladas de drogas provenientes de puertos chilenos, principalmente de Arica. El Intendente de la Araucanía de la época también informó que había cuatro pasos fronterizos en su región donde también entraba droga. Esta ingresa también por mar, ya que además de los puertos controlados por la Armada, hay otros 26 lugares donde es posible recalar botes y embarcaciones para ingresar o extraer mercadería, sin ningún control, ni siquiera de radar.
Pese al silencio de políticos y noticieros sobre esta información, todo Chile sabe que las poblaciones populares están asoladas por el microtráfico. Hasta profesores del SENAME aparecen vendiendo drogas a los niños internos. Este y todas las formas de dinero ilegal, explican el alto consumo existente en la población en las actividades que rodean a la industria de la entretención.
El alto consumo en drogas y alcohol también es fuente de vulnerabilidad, particularmente en los adictos más jóvenes y más humildes. Estudios de Libertad y Desarrollo, analizando el consumo de drogas, concluyen que el número de consumidores es considerablemente más alto en las personas pertenecientes a un nivel socio económico bajo y también es mucho más alto el número de días que consumen. Si se considera la droga más dañina, es decir la pasta base, en un nivel alto consumen 1.154 jóvenes durante 16 días, mientras en el bajo lo hacen 28.548 durante 114 días. En un caso es apenas una diversión, en el otro un problema social que afectará a varias generaciones. Una parte de estos jóvenes conforman la llamada generación Nini, jóvenes que no estudian ni trabajan, que viven con las madres, llevándolas, en muchos casos, a protegerlos, ayudarlos o encubrirlos en la delincuencia y el microtráfico.
Ello significa que necesitan el dinero ilegal para satisfacer sus adicciones y también el alto consumo en general. Los que permanecen dentro de la ley, lo financian con sobre endeudamiento que también a la larga los saca del sistema a través de DICOM. La publicidad avasalladora llamando al consumismo es imposible de ignorar, especialmente por los más jóvenes. Así, los dueños del retail aumentan sus ganancias con los intereses usureros y repactaciones arbitrarias que negocian con los consumidores. Aún cuando la gratuidad en la educación ha comenzado, la mayoría de los jóvenes está endeudada por sus estudios y por el alto costo de vida en las zonas urbanas y en los desplazamientos desde sus ciudades de origen que deben hacer para estudiar. Este gasto es alto aún para familias de ingresos medios.
La imposibilidad de recuperación
La mayoría de los jóvenes delincuentes pasan parte importante de sus vidas en las cárceles. En estas no existe la educación diferencial y muchos muestran problemas de capacidad intelectual y formas de debilidad mental. Algunos tienen enfermedades mentales, intensificadas por las adicciones y permanecen presos aún después de haber cumplido su condena, porque las familias no quieren recibirlos y porque al carecer el país de protección para el enfermo mental, no pueden ser remitidos al sistema de salud. Las familias no cuentan con recursos para ayudar a sus integrantes con enfermedades mentales. Está de más explicar acá que la reinserción al mundo laboral de los ex presos es prácticamente imposible.
La fórmula que encontró el Gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000 para solucionar el problema de las cárceles fue concesionar las nuevas construcciones para satisfacer las necesidades crecientes del aumento de la población penal. Así, se privatizó todas las etapas de la construcción y la administración, dejando a Gendarmería solo a cargo de la seguridad. Los costos de esta experiencia fueron altísimos y las dos o tres cárceles construidas por privados virtualmente tuvieron que reconstruirse. Hubo una Comisión Investigadora que pasó sin pena ni gloria por la Cámara de Diputados y sus resultados fueron opacos y rápidamente silenciados, como ocurre con todo lo que afecta al modelo de sociedad que estamos construyendo.
La vulnerabilidad de los jóvenes se expresa en sus hábitos de vida, pero también en su falta de esperanzas. El suicidio aumenta sistemática y aceleradamente entre los jóvenes chilenos. En “Tendencia al Suicidio 2010”, se informa que el 76% de los jóvenes chilenos entre 18 y 28 años admite que ha pensado alguna vez en quitarse la vida y que el 71% ve su futuro con pesimismo. El 81% se ha sentido inútil, el 82% fracasado y con ganas de “abandonarlo todo”; el 75% “a veces nota que podría perder el control sobre sí mismo”; el 73% tiene poco interés en relacionarse con gente y el 71% considera que quitarse la vida es una opción frente a una situación desesperada. La causa inmediata al momento del suicidio sería esta sensación de desaliento o una depresión no tratada, porque la mayoría de los suicidas se encuentra entre los jóvenes de menores ingresos, es decir en aquéllos que no tienen acceso a atención siquiátrica.
Cuando ni las familias, ni menos la Iglesia, pueden proteger a nuestros jóvenes de la pedofilia, el abuso, el maltrato, la drogadicción y la delincuencia, suponemos que un ente imparcial debe protegernos, sin embargo el Siglo XXI nos ha traído prácticamente el desaparecimiento del Estado. El discurso anti estatista empequeñeció al Estado en funciones, recursos y capacidades, aunque no en las referentes a la guerra y a la represión interna. Esto se ve en la publicidad que se hace de la delincuencia. Los rectores de nuestro país ven la solución a los problemas de estos niños en una mayor represión y todos claman por más encarcelados. Los sectores más conservadores quisieran que un portonazo fuese castigado con cadena perpetua, lo que es imposible según la ley, pero, además, la permanencia en nuestras cárceles, aunque sea por un año, crea más jóvenes delincuentes, más vulnerabilidad y más odio.
Otra área de precariedad creciente es la salud. Pese a los logros obtenidos con los consultorios de medicina preventiva, la salud estatal no alcanza a satisfacer todos los requerimientos y la salud privada solo está al alcance de los sectores de altos ingresos. Más aún, el sistema privado contribuye muy poco, o cobra muy caro, a las nuevas enfermedades que también nos ha traído el Siglo XXI. En primer lugar las adicciones antes comentadas que traen enfermedades mentales imposibles de abordar sin recursos. En segundo lugar, las malformaciones de los trabajadores agrícolas afectados por los plaguicidas. Más las mujeres, que constituyen el 60% de los temporeros y embarazadas trasmiten a los fetos las malformaciones que estos producen. También los habitantes de lugares aledaños a empresas, que sufren los impactos de la basura y desechos tóxicos de las grandes empresas. Solo recordemos las poblaciones de Arica afectadas por la basura que importamos de la sueca Boliden o los desechos de la industria de la celulosa. Lo más grave es que los daños permanentes a la salud y las enfermedades siquiátricas, tienden a aumentar y el 99% de la población afectada por estos carece de medios para costearla.
Los ancianos, enfermos, discapacitados, personas con necesidades especiales e inválidos tienen como destino depender primero de sus madres, luego de sus hijas, o bien vivir en las calles, lo que ahora se cree mejorar con el título: EN SITUACIÓN DE CALLE.
La gran vulnerabilidad
Junto con el desaparecimiento de la legislación laboral protectora de los más débiles, el país se abre al exterior, termina el trabajo en las industrias, la manufactura se va al Asia, las parcelas agrícolas surgidas de la contrarreforma agraria ya no necesitan trabajadores permanentes, las empresas eliminan personal con contrato y comienzan a trabajar con empresas enganchadoras que usan todas las formas posibles de trabajo precario.
En la agricultura, actualmente muy exitosa en nuestro país, basta un administrador con el uso de drones y de tecnología digital para el riego, la racionalización del alimento del ganado y el trabajo temporero para labores culturales y cosecha. Las hijas de los inquilinos se libraron del derecho a pernada y ahora disponen de su plata, pero todo ello es aleatorio e inseguro. En el campo, prolífico aún en zonas semi desérticas del país y con un buen nivel de exportaciones, predomina el trabajo por hora, polifuncional y sin protección de ningún tipo. Se prefiere a las mujeres en las tareas de la cosecha y la agroindustria por su mayor motricidad fina y por su facilidad para salir y entrar al mercado laboral. Sin embargo, la falta de protección, previsión y salud, posteriormente, afectará a todo el grupo familiar que deberá costear el desempleo, la enfermedad y la vejez de estas trabajadoras.
Por otra parte, el aumento del empleo de la mujer como temporera en la agroindustria, en servicios domésticos y también en actividades tradicionalmente masculinas, pero por sobre todo el manejo personal de ingresos propios, ha producido una crisis en la familia nuclear. Actualmente proliferan en los sectores populares, las Jefas de Hogar mujeres, abandonadas económicamente por sus maridos, con hijas de diferentes parejas que también pueden tener hijos tempranamente. El “pater familias” no acepta que la mujer compita con él en la calle, que pueda mantenerse y que exija trato igualitario. Aparece el fenómeno del femicidio, que se intensifica a lo largo de todas las clases sociales. Hasta el diario español El País se ha referido al femicidio existente en Chile. Aunque todos los maridos no sean asesinos o golpeadores, el maltrato sicológico del macho despechado por la competencia intelectual de la mujer, poco antes relegada a la casa a parir y servirlo, se generaliza con las consiguientes separaciones, divorcios y conflictos. Las separaciones en la edad madura intensifican la vulnerabilidad, en una edad que es la vulnerabilidad misma. Al separarse ancianos, en vez de compartir ingresos, gastos y cuidarse mutuamente, aumentan el gasto total y en casos de accidente o enfermedad se convierten en una carga para los hijos. La familia patriarcal desaparece y el maltrato en las familias aumenta. Los abuelos, en vez de proteger y regalonear, se han convertido en una carga para hijos y nietos. Todo esto exacerbado por el creciente aumento de la longevidad.
Pero la gran vulnerabilidad es la que más afecta, y afectará más, a la economía del país y por tanto a todos los chilenos, en particular a los más débiles. El desarrollo basado en la exportación de recursos naturales no renovables, cuyas ganancias pasan directamente a los bolsillos de empresas privadas en su mayoría extranjeras, es esencialmente no sustentable. Ello se vuelve grave cuando estos recursos naturales se agotan como ya ocurre en Chile en la pesca y en la industria forestal.
Los medios de comunicación reiteran su propaganda del terror por las disminuciones en el precio del cobre, que ahora triplica al precio que tuvo en los años 2000 a 2003, donde anduvo por los US$0,70 a US$0,80 la libra. No explican que el problema está en el alza de costos, ni tampoco en qué consiste esta alza. Perfectamente estas podrían provenir de inversiones en cambios tecnológicos.
La incorporación de tecnologías modernas a las empresas, lo que constituye un imperativo histórico imposible de eludir como ocurrió con la introducción de la maquinaria en la agricultura siglos atrás, trae consigo, un fenómeno que conlleva una vulnerabilidad estructural que no tiene vuelta atrás y que no podrá compensarse si no se recurre a un diseño determinado y consciente de un conjunto de políticas creativas. La tecnología digital produce y lo seguirá haciendo, la desaparición de miles de fuentes de trabajo. Ya se ha venido produciendo en puertos, minas, en la agricultura, en la industria extractiva y en todos los servicios. En todos estos sectores se combina la tecnología digital con el trabajo precario.
El reemplazo de trabajo humano por tecnología digital, se generaliza en los puertos chilenos desde fines de los años 90 con la concesión y privatización de estos. Las grúas manejadas por computación han dejado a cientos de estibadores sin trabajo. Esto es una necesidad debido al crecimiento del comercio exterior, pero también, porque los países y sus empresas están obligados a ponerse al nivel de aquellos con los cuales comercian. Estas transformaciones tecnológicas recientes han lesionado las alternativas laborales de los trabajadores de mayor edad y menor calificación y en el sector ya se es “viejo” a los 40 años. La cantidad de trabajadores contratados comienza a disminuir desde los 40 años, aproximadamente, y se reduce claramente a la edad de 49 años. Ya ha habido infinidad de retiros de hombres de 40 años en los puertos que ya no pueden aprender a manejar la nueva maquinaria. El Puerto de Valparaíso utilizaba alrededor de 30.000 trabajadores y en la actualidad tiene sólo 1.000 trabajadores permanentes y 7.000 eventuales que se contrata por hora. Las grúas son de tal sofisticación que pueden ser programadas no solo para trasladar carga, sino también para elegirla. Al mismo tiempo se produjo la modernización de las aduanas. Por ejemplo, la Aduana de Valparaíso ocupaba 10.000 empleados y ahora solo requiere 1.200. Ha traspasado muchas funciones a los Agentes de Aduana, lo que ha sido posible por la incorporación del sistema EDI, Exchange Digital Information, que permite una comunicación segura y expedita. Los dueños de los puertos han hecho enormes inversiones, pero también han aumentado inmensamente sus ganancias y aún tienen grandes proyectos de modernización por todas las alternativas que se han abierto a Chile por el comercio exterior a través del Pacífico.
El reemplazo de mano de obra por tecnología implica aumentos de costos e inversiones, pero también mayores ganancias. La industria forestal hace tiempo que ha hecho dichos cambios, también la minería donde ya los camiones internos se manejan sin conductor. Chilectra acaba de anunciar que eliminará 50 mil medidores, de ahora en adelante la medición del gasto en energía se hará on line. El cambio es magnífico para los consumidores, pero se eliminará todo el personal que se relacionaba con los medidores y el personal de informática aumentará, pero en menor cantidad y con mayor calificación. La nueva línea del Metro ya viene sin conductor. Se usan drones para vigilancia de todo tipo. Sin ir más lejos, entre las 22 acciones pro crecimiento del Gobierno hay varias orientadas a facilitar trámites, a través del despacho on line, disminuyendo la injusta dependencia de las notarías, lo que es un estupendo aporte, pero que disminuirá una cantidad de puestos de trabajo.
Todas las empresas de servicios, como seguros y similares, funcionan con una estructura de expertos digitales en la cúpula, con personal de terminales que lee a los clientes lo que ve en la pantalla y con publicistas del servicio, que llaman por teléfono ofreciendo la marca, a los que se les paga por llamada exitosa.
Es por eso que es muy grave que la educación haya sido, y aun lo es, regida por el mercado. Se necesita una mínima información a los jóvenes sobre lo que sucede en la economía para que puedan elegir carreras que van a tener demanda cuando obtengan sus títulos. Sobre ello debería haber planificación e información. Es inmoral que los jóvenes queden endeudados toda su vida por haber estudiado carreras inútiles, como ocurrió en la UTEM con la de Perito Forense y que las universidades hagan publicidad engañosa.
El impacto del aumento del número de desempleados o de los trabajadores jubilados más tempranamente por desconocimiento de las nuevas tecnologías, se verá acrecentado por el aumento de la longevidad, que viene desarrollándose en forma creciente en los últimos años. Según el INE, aunque hace tiempo que nuestro país no genera estadísticas confiables, la esperanza de vida en Chile hoy es de 76,5 para los varones y 81,7 para las mujeres. Como estos son promedios, me atrevería a decir que esta esperanza es muy superior en los adultos mayores de sectores urbanos menos vulnerables y, por lo tanto con mayores capacidades técnicas y profesionales. Los Centros del Adulto Mayor de las Municipalidades están jugando un rol con este sector, pero es una pérdida para el país tener estas capacidades ociosas, cuando muchos estarían dispuestos a participar en tareas voluntarias y de solidaridad, organizadas e impulsadas desde el Estado.
En otras palabras, dentro de poco, en nuestro país, por diversos conceptos, habrá un gran número de personas aptas, con sus capacidades intactas, sin un lugar en la sociedad. Y con esto no me estoy refiriendo a ingresos, salarios ni jubilaciones, solo al hecho social, que a la larga aumentará el stress ya existente e intensificará el peso de los desempleados, con o sin ingresos, sobre la población activa. Ello no es compatible con convertirnos en un país desarrollado. Para serlo debemos producir marcas y patentes como lo hacen todos aquellos a los que pagamos millones por propiedad intelectual, pero es imposible la innovación con organismos sin poder y sin recursos como Conicyt, cuyos funcionarios salen a protestar por el abandono.
No cabe duda que no corresponde a la empresa privada protegernos, será el Estado el que tendrá que contribuir a la superación de nuestros problemas. Pero es evidente que el Estado, la clase política y el Parlamento actuales no están en condiciones de generar ideas que constaten los cambios que está viviendo nuestra sociedad y menos que ofrezcan al país las soluciones. Ha sido demasiado el tiempo utilizado en permanecer en el poder.
Es evidente que el Estado actual requiere una reforma interna profunda. Debería, de una vez por todas, implementarse la carrera funcionaria, con concursos por oposición de antecedentes. Los cargos políticos deberían llegar a Ministro y Subsecretario, con un par de asesores cada uno. Pero a los cargos de Jefes de División, de Servicios y otros, deberían accederse a través de méritos y de la carrera funcionaria. Debería construirse indicadores, copiando a países pequeños y exitosos, como algunos países escandinavos, para estimar el número de funcionarios necesarios y terminar con el mito o realidad del supuesto exceso de trabajadores que tiene el estado. Se debería fortalecer al personal de las secciones encargadas de fiscalización y control, desde la PDI, Aduanas, fronteras hasta las Superintendencias, la Contraloría y la Dirección del Trabajo. El Contralor de la República acaba de informar que con el personal que cuenta no da abasto para cumplir las necesidades de fiscalización que se le exigen. Debería hacerse un manual de funciones en que la toma de decisiones, especialmente en regiones, tenga responsabilidades y jerarquías claramente identificadas. En la actualidad hay un traslape y descoordinación debido a que muchos cargos cumplen funciones similares que carecen de responsables mayores, como Alcaldes, Intendentes, SEREMI, Gobernadores Regionales. Debería haber un estímulo y preocupación fundamental por el personal de hospitales y de instancias que se encargan de la protección infantil como el SENAME, pagando estímulos, llamando a médicos extranjeros, impulsando las profesiones vinculadas a la medicina. El presupuesto fiscal, quizás solamente en lo referido a inversiones debería cerrase en junio, porque el cierre en diciembre perjudica mucho la ejecución de estas.
Con un mejor Estado se podrá definir y diseñar estrategias atractivas que involucren a la población y que consideren los problemas señalados. Pero lo más importante, impulsando la participación ciudadana. Para ello, el proyecto del Ombudsman debería ser enviado, que le permitiría estar más cerca y más informado de los problemas de la población. El Ombudsman debería tener expresión regional, el Estado debería financiar los gastos administrativos, pero tanto el Ombudsman como sus asesores deberían ser trabajadores voluntarios, seleccionados por antecedentes, no por partido político.
También se debería comenzar la lucha por la jornada de 6 horas, que no será fácil, pero al menos podría impulsarse en las instancias estatales. Tampoco lo fue la de ocho horas.
Las tareas de la clase política son inmensas, pero se ha abierto un camino de acuerdos, ahora que no nos separa la guerra fría y que aparentemente nadie está dispuesto a defender rígidamente planteamientos extremos. Necesitamos unir muchas mentes y muchos corazones para avanzar y protegernos entre nosotros mismos de la vulnerabilidad que seguirá aumentando.